La Ley de Vivienda lleva al límite la negociación de los Presupuestos entre el PSOE y Podemos

  • Los 'morados' exigen regular el precio de los alquileres para dar su aprobación a las cuentas de 2022

  • Ferraz dice que no se puede "condicionar", sino "negociar" y rechaza los "ultimátums"

  • Bolaños y Belarra fracasan en su último intento de llegar a un acuerdo

A Pedro Sánchez se le agota sus propio plazo. El tiempo se echa encima para aprobar los Presupuestos y los dos socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, siguen atascados en los precios del alquiler. Si no hay acuerdo, el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado no puede aprobarse en el Consejo de Ministros. El Gobierno, que en principio citó como fecha limite finales de septiembre, ha tenido que autoconcederse de margen para intentar cerrarlos esta primera quincena de octubre. La intención última es que las nuevas cuentas públicas entren en vigor el 1 de enero.

Sánchez insiste en que estarán "en tiempo y forma". Él quiere llegar al 40 Congreso del PSOE que se celebra en Valencia los días 14,15 y 16 con las manos libres y los Presupuestos aprobados. Las conversaciones entre las dos partes han sido muy intensas este fin de semana y continuarán en las próximas horas. Pero una cosa es la intención y otra los hechos. La última reunión entre los dos socios de Gobierno, este mismo lunes, entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, e Ione Belarra, líder de Unidas Podemos, finalizó en fracaso.

Vivienda y fiscalidad: los grandes obstáculos

La regulación de los precios del alquiler se ha convertido en el gran escollo para poder avanzar y cerrar el acuerdo. Una negociación que lleva estancada desde hace meses y que fue también el principal obstáculo para que los dos socios de la coalición cerraran el anterior acuerdo de Presupuestos. Al final fueron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias los que sellaron la paz, pero el compromiso adquirido entonces para regular el mercado no se ha plasmado todavía en una ley. Las diferencias entre PSOE y Podemos con respecto a la regulación del precio de los alquileres fueron uno de los grandes quebraderos de cabeza del anterior titular del ramo, José Luis Ábalos, que salió del Ejecutivo sin haber podido consensuar esa nueva ley.

Ahora, la última propuesta que los morados han puesto sobre la mesa afecta solo a los grandes tenedores de viviendas, los que poseen más de 10 inmuebles. Piden control de los precios del alquiler en zonas tensionadas para este tipo de propietarios. Según fuentes de Unidas Podemos, el PSOE la ha rechazado, lo que para ellos es "inaceptable".

¿Topes o incentivos?

Hasta ahora los socialistas se han mostrado reacios a intervenir directamente en el mercado del alquiler fijando precios. Su propuesta pasa porque no haya un límite concreto sino incentivos fiscales para quienes respeten unos determinados topes.

La legislación sobre el mercado de la vivienda no se ejerce desde los Presupuestos. Ahora bien, Unidas Podemos vincula su apoyo a las cuentas públicas a que la nueva ley de vivienda incluya sus propuestas. Entiende que ese es un compromiso que aparece en el Acuerdo de coalición.

El debate está abierto. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño insiste en que el problema de la vivienda "no se resuelve con una medida o una ley", sino que se tiene que abordar, entre otras cosas, con un programa de vivienda pública o aumentando los inmuebles en alquiler. Calviño defiende que haya equilibrio entre la protección a los inquilinos y la protección también a la clase media. "Somos un Gobierno que gobierna para el conjunto de los ciudadanos y no podemos perder el otro lado del mercado de la vivienda", ha dicho.

La "filtración"

A Moncloa no le ha gustado que se hayan filtrado las posturas defendidas en la última reunión. Desde Presidencia se han limitado a señalar que no van a radiar las conversaciones con sus socios. Más explícitos, sin embargo, han sido en la sede socialista de la calle Ferraz, donde han dejado claro hasta qué punto se ha tensado la cuerda en esta negociación.

Eva Granados, portavoz del Comité organizador del 40 Congreso, ha avisado a Podemos que cuando se comparte el Gobierno ni se hacen "ultimátums" ni se "condiciona". "Más allá de las declaraciones de los compañeros de coalición", ha dicho, está convencida de que el Consejo de Ministros aprobará las cuentas.

Los socialistas piden a los dirigentes de Podemos que se sienten, que negocien en los foros habilitados y no lleven el debate a posiciones extremas. Recuerdan que en los Presupuestos que están en vigor ya se incluyó un aumento exponencial de medidas en materia de vivienda como una apuesta por la rehabilitación y un "parque social" para los jóvenes. "Esa es nuestra obsesión y eso es lo que le trasladamos a Unidas Podemos en las mesas de negociación y no en ruedas de prensa", ha afirmado Granados dejando entrever su disgusto con la forma en la que los socios están manejando el asunto.

Por parte de Unidas Podemos también, Yolanda Díaz, no ha ocultado que las negociaciones atraviesan un momento decisivo y que ha habido contactos durante todo el fin de semana, aunque, a estas alturas, admite que las "distancias" se mantienen.

Díaz apela al modelo europeo

"No soy capaz de entender por qué razón no se quiere hacer lo que están haciendo en países europeos", subraya Díaz. La vicepresidenta segunda sostiene que las familias españolas dedican el doble a pagar los arrendamientos, un 40% de sus rentas frente al 24% que es la media europea.

"Los jóvenes españoles no necesitan paternalismo, lo que necesitan es emanciparse y poder acceder a una vivienda. Hoy es misión imposible", se ha quejado la vicepresidenta segunda que aún así recalca que por Podemos "no va a ser, pero hay que tener voluntad de negociar".

Frente al este asunto de la vivienda, que lleva casi ya un año atragantando la relación entre los socios de Gobierno, el asunto de la fiscalidad presenta un perfil más bajo. La semana pasada el propio Pedro Sánchez, de hecho, deslizó la idea de que los planteamientos de Podemos van a ser escuchados. En concreto, Podemos quiere que se implante un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el impuesto de sociedades. Tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, han dado a entender que España abogará para que se actúe en esta dirección, a nivel internacional, en el próximo G-20 que se celebra en Roma dentro de dos semanas.

El caso es que los Presupuestos postpandemia, los de la reconstrucción y la inyección de fondos europeos, de aprobarse, se aprobarán tras una negociación al límite. Como ya dijo Yolanda Díaz, se están fraguando "a fuego lento".