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España llevaba siete años sin Franco y cuatro con Constitución, pero 1982 es el límite que el Gobierno ha puesto para valorar la violación de Derechos Humanos el 82 no fue sólo el año del Mundial, también fue el de la victoria del PSOE de Felipe González en las elecciones.
A pesar del final de régimen, los socios del Gobierno de coalición contemplan que pudo haber vulneraciones de derechos humanos a personas que luchaban por consolidar la democracia. El Ejecutivo prevé un "estudio" para reparar a esas víctimas. Eso así, de momento no está claro ni a quién se refiere ni cómo se las repararía.
Fuentes la parte morada del Gobierno aseguran a NIUS que no se descartan indemnizaciones, aunque el objetivo es más simbólico y tiene que ver con el reconocimiento de los errores cometidos en los primeros años de la democracia, en los que una parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado venían de unos procedimientos de actuación más que dudosos y todavía no se habían acostumbrado a las formas de la democracia.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que hay un "consenso historiográfico" que lo justifica. Según ha relatado, un buen número de historiadores consideran que una vez entró en vigor la Constitución, hubo un tiempo en que había "inercias de la dictadura" que supusieron vulnerar derechos de personas que lo que hacían era defender la democracia.
No hablamos del GAL (que fue posterior) y que tuvo como víctimas a presuntos miembros de ETA. Se refiere a activistas sociales, políticos y laborales que pudieron ser víctimas de abusos de todo tipo.
La enmienda Nº 15 a la Ley de Memoria Democrática tiene dos puntos. En el primero habla de una comisión para estudiar posibles medidas "económicas" de compensación. En la segunda, se compromete a crear, en un año, una comisión técnica que estudie posibles vulneraciones de derechos humanos para castigar a personas que lucharon "por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos" desde la entrada en vigor de la Constitución hasta el 31 de diciembre de 1982.
Las dos ideas, la de la reparación económica y la de analizar vulneraciones de derechos humanos ya en democracia van en la misma enmienda, aunque no está claro si también a esas personas les afectaría la compensación económica o no. Los dos párrafos hablan de "comisiones técnicas" que elaborarán estudios.
La enmienda -señalan las fuentes consultadas por NIUS- no se centra en acciones judiciales. Y además muchos de los abusos estarían prescritos. La reparación, fundamentalmente, "es moral", pasa por el reconocimiento de los errores.
Sin embargo, entre los casos en los que se reconocerían, hay muchos muy conocidos, unos juzgados y con sentencias condenatorias (más o menos duras) y otros que nunca llegaron ante un tribunal. El objetivo de la enmienda pasa por cuidar a las víctimas, por darles el reconocimiento de lo que fueron.
Varios movimientos sociales han recogido un "archivo de la transición", en la que hablan de 76 muertos entre 1979 y 1982. Hay activistas sociales y políticos políticos que murieron a manos de grupos parapoliciales, por ejemplo el Batallón Franco Español; víctimas en protestas laborales; y también muertos en el campo de la persecución a ETA.
Algunos muy conocidos ya fueron juzgados, como el de Yolanda González, militante del Partido Comunista y líder estudiantil que fue secuestrada y asesinada a los 21 años a manos de miembros de la ultraderechista Fuerza Nueva, del Batallón Franco Español y de la Policía Armada.
Los autores fueron juzgados y condenados. Aunque uno de ellos, Emilio Hellín -condenado a 43 años de cárcel-, consiguió huir a Paraguay que después lo entregó. Hellín trabajó después como asesor de las Fuerzas de Seguridad y se dejó ver hace poco, cuando realizó un peritaje a la agenda de Cristina Cifuentes para su juicio por el Caso Máster.
Ese caso está juzgado y condenado con hasta 43 años de cárcel. El de Gladys Del Estal, también se juzgó, pero es uno de los casos que podría pasar por las manos de esa comisión, no tanto para iniciar un procedimiento judicial, como para que quedara clara la vulneración de derechos.
Gladys del Estal murió a los 23 años en la localidad navarra de Tudela. Gladys había acudido a una marcha antinuclear y contra el Polígono de Tiro de las Bardenas desde San Sebastián. Los presentes en aquella concentración relataron que mientras estaban almorzando, los grises llegaron hasta la plaza donde se encontraban y los expulsaron de ese lugar.
Ya en las afueras de la ciudad, un grupo entre el que se encontraba ella realizó una sentada de protesta por lo ocurrido. De lo que ocurrió allí -su muerte- hay dos versiones:
El guardia civil, José Martínez Salas, fue juzgado. Los magistrados hicieron suya la versión del Gobierno Civil del accidente y lo condenaron por "imprudencia temeraria" a año y medio de prisión y a una indemnización de dos millones de pesetas (12.000 euros) que asumió el Estado. La sentencia fue protestada y Gladys se convirtió en un símbolo de las víctimas de la Izquierda, como Yolanda González.
La lista también incluye casos sin juicio posterior. Por ejemplo, el de Jesús María Zubikarai, simpatizante de Euskadiko Ezkerra muerto a tiros por pistoleros de la ultraderecha. Zubikarai ya había sido detenido por sus ideas políticas y acusado de ser miembro de ETA, una pertenencia que no se llegó a demostrar, aunque en su funeral había una corona firmada por ETA Político Militar.
Su crimen en febrero de 1980 -a manos del Batallón Vasco Español- no tuvo consecuencias penales para nadie. La respuesta la dio ETA (PM) unos meses después al asesinar a uno de sus presuntos asesinos Mario González Blanco, un soldador que estaba afiliado a Comisiones Obreras.
La banda reivindicó su muerte y la justificó asegurando de que tenía pruebas de su participación en la muerte de Zubikarai.
Esa era la España del 80, la de los años de plomo, donde unos mataban en nombre de la independencia del País Vasco y otros en el de la lucha contra los terroristas.
Todo está por hacer, porque son estudios que se encargarán cuando la comisión esté formada, y para eso el Ejecutivo se da un plazo de un año a partir de la aprobación de la ley.
Pero todo apunta a que también se incluyan torturas ocurridas en cuarteles durante detenciones y arrestos a esos militantes que según el texto deben haber sufrido represalias por su lucha en favor de los derechos fundamentales y la consolidación de la democracia.