PSOE, PP y VOX han avanzado este martes en el Congreso de los Diputados su rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Más País para regular el uso medicinal, la compra y venta de cannabis, así como su autoconsumo o el cultivo profesional. La iniciativa de la formación liderada por Íñigo Errejón, similar a otras presentadas por ERC y Unidas Podemos y que será votada el jueves tras la finalización del Pleno, tiene como uno de sus principales objetivos aflorar para las arcas públicas los beneficios económicos que reporta el cannabis vía impuestos.

En respuesta, el diputado socialista Daniel Viondi ha sido de los más críticos con la propuesta de Más País y ha avanzado su rotundo rechazo a su tramitación. "No vamos a regular el cannabis tal y como usted lo plantea. Todo aquello que priva la libertad a una persona y a su autonomía personal no lo consideramos libertad", ha afirmado, recordando que el cannabis es "una droga" con muchas consecuencias mentales, sobre todo para los jóvenes. En este contexto, ha sostenido que la droga "a quien más ha atacado en este país ha sido a las clases desfavorecidas", citando los ejemplos de la heroína en la década de los 80 del siglo pasado. "La experiencia vivida en España nos tiene que hacer hablar con mucha seriedad. A día de hoy, las adicciones siguen siendo un problema en nuestro país. Su ley es una falta de sensibilidad con el sufrimiento de mucha gente con adicciones", ha criticado.

En su lugar, ha reclamado trabajar en la subcomisión creada en el Congreso, a propuesta del PNV, para estudiar una posible regulación del uso terapéutico de esta sustancia. "Se ha demostrado que se puede trabajar en ello, los organismos internacionales ya han dado pasos. Queremos hacer el debate con rigor y seriedad, acompañados de la ciencia y de la sanidad. Si hay una vía para el cannabis terapéutico lo podemos hablar porque puede ayudar", ha manifestado.

Elvira Velasco, del PP, ha cargado contra Errejón por el momento de la presentación de esta propuesta, así como las posibles implicaciones para la salud. "¿Presentan esta Ley con la que está cayendo en nuestro país, con el paro o la subida de la luz? Consumir drogas no es un derecho, es un problema de salud pública. ¿De verdad piensa que así se reduciría el consumo de los jóvenes? Ante una mayor accesibilidad, disponibilidad y normalización, menor es la percepción del riesgo. Esto es un peligro para los menores, les estamos enviando mensajes contradictorios", ha advertido.

Juan Luis Steegmann, de VOX, también se ha mostrado radicalmente opuesto a esta regulación: "Quieren tener a los españoles en paro pero absolutamente colocados. Es vergonzoso y francamente insultante que proposiciones en esta cámara vengan ayunas de referencias científicas válidas. La marihuana es tóxica y su consumo un problema de salud pública de primer orden. El cannabis es la droga ilegal con mayor prevalencia de consumo en España y la segunda causa de Urgencias Hospitalarias, tras la cocaína".

Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha reivindicado a su formación como un partido liberal mostrándose a favor de la regulación: "Mirar para otro lado ha sido la actitud de los partidos clásicos. El consumo ha seguido su curso al margen del Estado, con las consecuencias para la seguridad y la salud. Quienes votan en contra no son capaces de prohibirlo, prefieren no tocarlo. Tenemos a todo el hemiciclo haciendo el avestruz. Ante la disyuntiva de prohibición o libertad, nosotros siempre queremos libertad".

Josune Gorospe, del PNV, se ha mostrado a favor de las políticas de "reducción de daños", es decir, regular antes que prohibir, pero ha afeado a Más País, Unidas Podemos y ERC la presentación de varias iniciativas para la regulación del consumo de esta sustancia en lugar de articular un solo texto consensuado: "Andan a la carrera y creo que no favorece en nada para poder avanzar en el debate de estas cuestiones".

Marta Rosique i Saltor, de ERC, le ha respondido que "no están a la carrera", sino que están abiertos a negociar un texto conjunto. Misma opinión ha compartido la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz Dalda: "Este texto nos sirve como base. Coincidimos en lo fundamental. Por nuestra parte, siempre ha habido voluntad, siempre hemos tendido la mano. Trabajar de manera conjunta es nuestra forma de trabajar, estamos a tiempo".

Por otra parte, asociaciones de usuarios, pacientes, cultivadores, activistas y expertos en cannabis han reclamado a las puertas del Congreso, mientras se producía el debate, que se desbloquee la regulación del cannabis y que los partidos "sean valientes para votar a favor de la toma en consideración, tal y como sucede en el seno de los parlamentos democráticos de numerosos países".

Más País ha presentado una proposición de ley ante el Congreso para regular el consumo de cannabisEl debate que divide a la izquierda prevé que el uso de esta sustancia se incorpore a un marco regulatorio "acorde a la realidad social".

La propuesta de Más País ampara el consumo recreativo de la planta por mayores de edad con unas restricciones similares a las del tabaco, y permite su transporte dentro de las pertenencias del usuario y "sin realizar ostentación hasta 10 veces la cantidad necesaria para el consumo diario". En materia de autoconsumo, Más País quiere limitar un máximo de hasta 12 plantas y no emplear potencias superiores a los 1.200 vatios, obligando en este campo al empleo de al menos un 60 por ciento de energías limpias

Además, pide el reconocimiento del derecho de asociación para su uso y cultivo, tanto recreativo como terapéutico así como determina que las "tiendas de cultivo o grow shops" tendrán que darse de alta en el registro de Actividades Económicas.

La ley no contempla la promoción publicitaria ni la incitación al consumo de la sustancia, establece un impuesto especial y la creación de la Agencia Estatal del Cannabis dependiente del Ministerio de Hacienda. Más País subraya que la regulación del cannabis, según una encuesta de la Universidad Autónoma de Barcelona, generaría 100.000 empleos directos y en torno a 3.100 millones de impuestos, de los que un 60 % se destinaría a sanidad.

¿De dónde saldría tanto dinero? De un impuesto especial del 35 por ciento (del que estarán excluidos los usos medicinales y terapéuticos) que reportarían más de 3.000 millones de euros para el Estado y tendría un carácter finalista, pues el 60 por ciento de lo recaudado se destinaría obligatoriamente a la financiación de la sanidad pública. Asimismo, aseguran que también descargaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de esa tarea actual de vigilar el trapicheo.

El texto de la propuesta, que aspira a ser "la ley más avanzada" sobre cannabis en Europa, pauta que el almacenaje de sus derivados de floración seca no supere los 3.650 gramos y los productos extraídos, como resinas o aceites, no excedan los 1.000 gramos. También fija las condiciones para asociaciones, que rondan la posibilidad entre 150 a 450 kilogramos, además de pautar un registro de profesionales para el uso medicinal del cannabis. "Es una realidad que ya existe en España. Si no regulamos el uso del cannabis no estamos tomando una decisión para que desaparezca, sino votar porque se mantenga el mercado negro", ha esgrimido Errejón en su intervención en el Congreso.

El líder de Más País ha insistido en que "regular su uso medicinal no es suficiente", sino que "hay que ir un paso más allá", tal y como están haciendo "países como Portugal o Italia", así como el futuro Gobierno de Alemania. En este punto, ha pedido al PSOE que se fije en la postura de sus homólogos alemanes: "Creo que van a votar ustedes en contra y me apena. Saben que perdemos una oportunidad de regulación histórica".

En línea con las reflexiones de otras formaciones, como Unidas Podemos, ERC, la CUP o EH Bildu, Errejón ha aportado tres argumentos a favor de la regulación del cannabis: "Por salud, por economía y por libertad". "Por salud, ya que regular no es incentivar, igual que pasa con el tabaco o el alcohol. El consumo ya está sucediendo, seguirá ocurriendo aunque esté prohibido por la Ley. Precisamente porque su abuso puede resultar nocivo es por lo que necesitamos regular su consumo como ya hacemos con el alcohol", ha argumentado.

En cuanto a las razones económicas, ha sostenido que los beneficios del mercado del cannabis "hoy van para las mafias pero podrían ir para financiar los servicios públicos". "Por la libertad, la prohibición no evita que la gente consuma, sino que sea sin información, sin regulación, sin etiquetado y sin protección de las autoridades. Hemos probado ya a aumentar las sanciones, hemos invertido muchos recursos en detener a más personas... ¿Se ha debilitado el narcotráfico? En absoluto. La prohibición no está funcionando, está generando más consumo, criminalidad y daño a la salud", ha concluido Errejón.