La Ley Celaá llega al Congreso con la polémica el castellano y la educación concertada
Es la octava ley educativa de la democracia
Se prevé que salga adelante con los votos de ERC, PNV y Más País.
PP, Vox, Ciudadanos y los grupos de la oposición minoritarios, en contra de la derogación de la ley Wert
La Lomloe o 'Ley Celaá' se vota este jueves en el Congreso. La ley, la octava de la democracia, llega con polémica por las restricciones a la educación concertada y la eliminación del castellano como lengua vehicular. También se votará las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios aprobadas por la comisión de Educación el pasado viernes.
La ley será aprobada los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, y será remitida al Senado para continuar los trámites parlamentarios y en caso de no obtenerse la mayoría absoluta será devuelta a la comisión de Educación para emitir un nuevo dictamen.
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La polémica sobre la Lomloe o ley Celaá ha sido por la eliminación del castellano como lengua vehicular, una enmienda presentada por PSOE, Unidas Podemos y ERC que salió a delante en la Comisión de Educación con 26 votos a favor y 16 en contra.
El PP, Ciudadanos, Vox y otros grupos de la oposición creen que esta enmienda es una concesión al independentismo al eliminar la frase "castellano, lengua oficial del Estado" y "castellano y lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares" en el texto de la ley.
Además, se fija que serán las comunidades quienes garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales en base a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable.
Las restricciones a la concertada son otra de las medidas polémicas de esta nueva ley que pone un freno a los centros públicos y privados concertados a no meter la mano en los bolsillos de los padres, obligando a que esta educación sea de carácter gratuito. Esto evitará que los centros concertados impongan a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones ni establecer servicios obligatorios que requieran aportación económica.
La cuestión de la segregación por sexos también ha causado polémica y es la ley incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos tendrán la obligación de no separa por género a su alumnado.