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Derogar la Ley de Amnistía de 1977 era una de las grandes exigencias de ERC y Bildu para dar su apoyo a la Ley de Memoria Democrática, en la que sigue trabajando el Gobierno de coalición. Y aunque finalmente no hay intención de derogarla, los socios de Gobierno han añadido matices en un intento de satisfacer el objetivo tras esa petición: que los crímenes del franquismo no sigan blindados.
La fórmula buscada por PSOE y Podemos es una enmienda en la Ley de Memoria Democrática, que obliga a interpretar la ley de amnistía conforme al derecho internacional. Pero ERC ha venido a contestar que no es suficiente y que se trata de "humo", porque la Constitución ya establece esa obligación.
El líder del Partido Comunista y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, considera que la enmienda es de vital importancia, y no sólo por su simbolismo. Se trata de "remover los obstáculos que permitían la impunidad de los crímenes del franquismo", afirma en conversación con NIUS.
Además de acabar con una anomalía histórica y equiparar a España con el resto de países democráticos, "terminamos con una mentira, que es que la Ley de Amnistía impedía investigarlos", añade. Santiago, abogado, afirma que ahora "los tribunales tienen un mandato para interpretar la ley de acuerdo al derecho internacional". La pregunta que surge es hasta dónde puede llegar "ese mandato" del Poder Legislativo sobre el Judicial.
En cuanto a los efectos prácticos, los socios de Gobierno saben que son simbólicos más de "reparación moral" a las víctimas por la vía de una "verdad judicial" que otra cosa.
Los autores vivos de esos crímenes son muy pocos y además, el sistema penitenciario y jurídico español difícilmente procesaría o condenaría a ninguno de ellos.
La norma, que puede consultar aquí, fue acordada durante el Gobierno de Adolfo Suárez, supuso la amnistía a todos los "actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y falta" hasta diciembre de 1976, en el que se había dictado otra amnistía "parcial".
En realidad, en aquella época era una gran reivindicación de la izquierda -que la reclamó con intensidad- para que salieran de prisión los presos políticos encarcelados por el franquismo. Pero también aparejó el "perdón" a los crímenes cometidos por el régimen.
En el segundo de sus 12 artículos, la ley eliminaba el rastro de delitos cometidos por las autoridades, agentes o funcionarios públicos. Además, exoneraba de los delitos de sedición o rebelión.
En los meses previos a la aprobación de la Ley, las calles se llenaron de pintadas pidiendo la "Amnistía" y en Cataluña se escuchaba por todas partes el grito de "Llibertat, Amnistía y Estatut de Autonomía".
La norma se convirtió en realidad tras una reunión del entonces presidente Adolfo Suárez, con Felipe González y Felipe González, el Antón Cañellas, el liberal Joaquín Satrústegui y el militante del PNV, Julio de Jáuregui.
Con eso se tropezó Baltasar Garzón cuando intentó investigar los crímenes del franquismo e 2008. Se encontró -primero- con la oposición de la Fiscalía que dijo que esos delitos no estaban recogidos en el código penal de 1932 (el que rigió durante el Franquismo) y -después-, con el rechazo de la Sala de lo Penal que le dijo que no era competente para investigarlos. Al final lo archivó.
Garzón acabó siendo juzgado por prevaricación en el Supremo en 2012, tras la denuncia del hiperactivo sindicato ultraderechista manos limpias por haber abierto esa investigación "a sabiendas" de que los delitos estaban amnistiados y prescritos. El ahora exmagistrado fue absuelto, aunque un mes después fue expulsado de la judicatura por otra causa, las escuchas a los abogados de la Gürtel.
En su sentencia absolutoria el Supremo señaló que los jueces "no pueden derogar" una ley porque eso es competencia exclusiva del Poder Legislativo. Y no sólo eso, señalaron que la "Transición" fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso.
Para el PSOE ha sido complicado buscar una fórmula para contentar a sus socios. Felipe González fue uno de los que la acordaron y también fue defendida por el entonces portavoz comunista Marcelino Camacho, entre otros. En resumen, se considera parte del Pacto Constitucional que los socialistas siempre defienden ante sus socios críticos con el "régimen del 78". Al final, la enmienda se encaja con la siguiente redacción:
Es decir, se acoge al Derecho Internacional para decir que esos crímenes no prescriben y no se pueden amnistiar. Y se hace con la motivación de "garantizar el derecho a la justicia de las víctimas".
Las pretensiones del grupo catalán también pasaban por que se retirara el título de rey de España, algo que suena más a órdago para subir la apuesta que a realidad plausible.
En realidad, La Ley de Amnistía de 1997 fue una ampliación de una amnistía "parcial" concedida en 1976 y que perdonó a unos 300 presos políticos que se consideró que no habían puesto en peligro ninguna vida. Antes, en 1975 se había promulgado un indulto que permitió la liberación de más de 800 presos políticos.
En el 77 se fue más allá y sirvió como paraguas a todas las excarcelaciones. Los políticos del momento la pactaron en nombre de la "reconciliación nacional" y supuso también la liberación de sindicalistas o de presos etarras.
Se consideró como una parte de la reforma política del Gobierno de Suárez, a propuesta del líder socialista Felipe González, el político catalanista Antón Cañellas, el monárquico liberal Joaquín Satrústegui y Julio de Jáuregui, militante del Partido Nacionalista Vasco exiliado durante la mayor parte del franquismo.
Todos los partidos la apoyaron, salvo uno, Alianza Popular -germen del PP- que se abstuvo en la histórica votación.