La Junta Electoral Central tiene previsto reunirse esta tarde para decidir si la negativa del president de la Generalitat, Quim Torra, de quitar los lazos amarillos de las instituciones públicas era sancionable con una multa - de entre 300 y 3.000 euros - o podía ser remitido a la Fiscalía ante un posible delito de desobediencia.
El presidente Quim Torra dijo el miércoles en un comunicado que se iban a seguir las recomendaciones del Síndic de Greuges sobre retirar estos símbolos de edificios de la Generalitat pero que el propio presidente "no da ni dará" ninguna orden para que se retiren.
Esta mañana la Generalitat ha quitado la pancarta con el lazo amarillo que colgaba de su fachada y ha colocado otra con el mismo lema en recuerdo de los líderes independentistas presos, pero con un lazo de color blanco con una franja roja. Le acompaña una leyenda en catalán e inglés en apoyo a los políticos en prisión: "Libertad presos políticos y exiliados".
De madrugada, dos empleados municipales de limpieza han quitado los lazos atados a las vallas que protegen la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en la misma plaza Sant Jaume. Después borraron los lazos dibujados con pintura sobre el suelo de la plaza. Mientras lo hacían, había con ellos dos guardias urbanos y una patrulla de Mossos ha custodiado la puerta de la Generalitat toda la noche. Sin embargo, sobre las 4, un activista volvió a colocar lazos amarillos: siete atados a las vallas que protegen el Ayuntamiento y uno ante las que protegen la Generalitat.
Hay un precedente por un hecho similar, el de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.