Previstas las elecciones vascas y gallegas para el 5 de abril, el coronavirus provocó su aplazamiento. Pero llegaron los rebrotes. Objetivo, evitar la abstención. Pero a costa de los positivos, a los que se cercena un derecho fundamental.

"Incluso los presos pueden votar. En caso de situaciones de personas con problemas de movilidad se han articulado mecanismos legales para garantizar ese derecho a voto. Es una cuestión que plantea enormes dudas", reflexiona Joseca Arnau, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Europea de Valencia, que apunta a que el escenario tendría que ser el de un estado de excepción. Pero sobre todo, porque se podían haber articulado alternativas.

"Por ejemplo, permitir o establecer un procedimiento para que estas personas pudieran votar por persona interpuesta" apunta Abraham Barrero, del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. "También se podría contemplar que votaran en un horario especial en su colegio electoral". Incluso haber creado un colegio electoral ad hoc. O un voto exprés.

"Y quizá, la principal crítica que se puede hacer es que hemos tenido tiempo, unos meses, para reformar la Ley Electoral. Es que no tenemos derecho ni para suspender unas elecciones", añade Pablo Sánchez Molina, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.

El derecho al sufragio activo está recogido en el artículo 23 de la Constitución Española, a la que EH Bildu ha apelado para que se suspenda esta prohibición. La Junta Electoral lo ha permitido, pero se puede recurrir. "Es que no hay una base legal para ello. Si hubiera una base legal en la LOREG, quizá se podría hacer", indica el profesor Sánchez Molina.

"En último extremo habría la posibilidad al final de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional", se cuestiona el profesor Barrero, que entiende que incluso esa instancia podría actuar de urgencia. Por si acaso, que nadie de por buenos, al 100%, los resultados del domingo.