Oriol Junqueras y Raül Romeva han reclamado al Congreso y al Senado que reconsideren cuanto antes la suspensión de ambos como diputado y senador, respectivamente, acordada por las Mesas de ambas Cámaras al encontrarse en prisión preventiva y juzgados por el Tribunal Supremo por el proceso independentista catalán.
Ambos han presentado este viernes sendos escritos defendiendo sus argumentos. En el caso de Junqueras, exige a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que convoque "de forma inmediata" a la Junta de Portavoces y después a la Mesa para que estudien y resuelvan el escrito que ya presentó el pasado 25 de mayo contra su suspensión, acordada un día antes por el Congreso.
Junqueras explica en el documento que el próximo 17 de junio se constituye el Parlamento Europeo, en el que logró escaño en las pasadas elecciones del 26 de mayo. Ese cargo es incompatible con el del Congreso, al que deberá renunciar, y exige a la Cámara Baja que le responda cuanto antes a esa reconsideración de su suspensión que pidió hace casi dos semanas.
Según sus argumentos, de no hacerlo con suficiente tiempo antes del 17 de junio quedará "en situación de indefensión y podría suponer la vulneración del derecho de participación y representación política".
El diputado preso ha presentado este escrito cuando ya está previsto que el próximo martes al mediodía se reúna por primera vez la nueva Junta de Portavoces del Congreso, donde se debatirán los recursos de reconsideración por todos los diputados suspendidos. Después, "oída la Junta", habrá de reunirse la Mesa para tomar la decisión definitiva.
Raül Romeva, por su parte, ha presentado el primer escrito reclamando a la Mesa del Senado que reconsidere la decisión que tomó el 29 de mayo de suspenderlo como senador. Entre los argumentos que expone, denuncia la aplicación por parte del Senado del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para acordar la suspensión sin que el Tribunal Supremo se haya dirigido a la Cámara para reclamárselo. Según el senador, el Supremo resolvió que no había lugar a pedir un suplicatorio a las Cortes para seguir juzgando a los políticos presos, pero no dio ninguna instrucción de que se aplicara la Lecrim para suspenderlos.
"Se ha otorgado, pues, facultades jurisdiccionales que en ningún modo le corresponden", dice Romeva en su escrito a la Mesa del Senado, en el que añade que "corresponde al Poder Judicial y sólo al Poder Judicial el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado".