La Fiscalía pide 25 años para Junqueras por rebelión en contra de la abogacía del Estado

La Fiscalía ha decidido pedir una condena de 25 años de cárcel para Oriol Junqueras, acusándole de un delito de rebelión. El escrito de calificación provisional contra 18 acusados hecho público hoy por la Fiscalía de cara al primer juicio contra el procés independentista arranca con los 25.000 euros de multa pedidos para Joan Josep Nuet y llega hasta la condena de prisión solicitada para Oriol Junqueras.

En concreto, la Fiscalía atribuye a Jordi Turull un delito de rebelión agravado por malversación y reclama para él 16 años de prisión, al igual que a Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Mientras, para Carles Mundó, solicita 7 años de prisión por un delito de malversación y un delito continuado de desobediencia grave. En la misma situación están Meritxell Borrás y Santi Vila.

Asimismo, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell se enfrena a 17 años de cárcel por un delito de rebelión, igual que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el denominado 'procés', la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y un de organización criminal por el que fue procesado. Eso significa que endurece su postura inicial.

La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por los delitos de sedición y malversación, según el escrito de acusación presentado hoy ante el Tribunal Supremo.

Estas son las penas para cada acusado

El Ministerio Público considera que Junqueras ha jugado un papel protagonista al exvicepresident del Govern destituido de Carles Puigdemont en el proceso independentista unilateral. El juez Pablo Llarena optó por procesarle por rebelión y malversación de caudales públicos junto con otros diecisiete acusados.

Precisamente hace un año, la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a todos sus exconsejeros como investigados en el 'procés', que culminó el 27 de octubre con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y tras admitir a trámite una querella presentada por la Fiscalía General del Estado por estos hechos.

Este pronunciamiento llega después de conocerse que la Abogacía del Estado acusará finalmente a los lídere del procés por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, lo que ha provocado que la oposición critique que Sánchez ha ejercido presiones y ha hecho el gesto que le pidió a Iglesias tras visitar a Junqueras en la cárcel. Se le echa en cara a Sánchez que haya cambiado de postura al llegar a la Moncloa.

La rebelión agravada con malversación implicaría entre 15 y 30 años de cárcel. La sedición más la malversación pueden sumar desde un mínimo de 14 a un máximo de 27 años, aunque la pena se reduce significativamente si los acusados devuelven el dinero malversado.

La Fiscalía habla 20 veces de violencia

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha aludido en una veintena de ocasiones a la existencia de violencia que hubo durante el proceso independentista en Cataluña para sustentar su acusación por rebelión.

El escrito de 127 páginas hace un especial énfasis en la existencia de violencia durante el proceso independentista en Cataluña, pues en una veintena de ocasiones recuerda acontecimientos en los que ve "violencia" o actos "violentos". En este sentido explica que la máxima responsabilidad en el 'procés' la tenían Junqueras, Forcadell, y los conocidos como 'los Jordis', ya que junto a "otros procesados huidos" --en referencia al presidente Carles Puigdemont, sin mencionarle expresamente-- "acordaron como principales promotores ponerla en práctica mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos".

Asimismo, el escrito incide en que el entonces Govern, la presidenta de la cámara parlamentaria y los presidentes de las asociaciones catalanas continuaron adelante con sus planes durante los días previos a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 a sabiendas de la "altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos, como los que habían sucedido el día 20 de septiembre".

"Hicieron reiterados y continuos llamamientos públicos -a través de los medios de comunicación, redes sociales y concentraciones públicas-- a la movilización de la ciudadanía para que acudieran a votar y evitar que las fuerzas de orden público cumplieran con su misión de cerrar los centros e incautar el material electoral", subrayan los cuatro fiscales del caso. De hecho, apuntan en su relato a la "manipulación informativa sobre la realidad de lo que estaba sucediendo en esos días" y la "presión" a la prensa internacional para llevar a cabo su objetivo.

Los independentistas no ven gestos por ninguna parte

La consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Ester Capella, ha evaluado este viernes la decisión de la Abogacía del Estado de descartar el delito de rebelión para los líderes del proceso soberanista como "un gesto que no vale para nada".

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que se diera a conocer que la Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del 'procés' por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.

Las condenas que pedirán finalmente los Servicios Jurídicos del Estado para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros 17 procesados suman un mínimo de 14 años de prisión, según ha adelantado El País.

En este sentido, Capella ha criticado que la Abogacía del Estado simplemente descarte el delito de rebelión y no el de secesión y malversación porque ve "evidencias" de que ambas infracciones no se han cometido y por lo tanto ha recalcado que los líderes independentistas encarcelados no deberían estar en prisión.

Además, la consejera catalana ha acusado al Gobierno de "dosificar" esta información para que, tal y como ha dicho, cuando llegue la sentencia del 'procés'. "Todo el mundo lo tenga asumido y tolerado". "Dice muy poco de las instituciones del Estado", ha sentenciado.