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La Fiscalía del Tribunal Supremo mantendrá previsiblemente la petición de condenas por rebelión para los nueve encausados por el "procés" independentista en Cataluña para los que ya pidió inicialmente la pena de cárcel por este delito. La formalización de esta petición --trámite de conclusiones definitivas-- se producirá al término de la prueba documental que se celebra esta semana.
Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que se descarta la petición de penas por sedición, que es el delito por el que acusa la Abogacía del Estado, y la previsión es que los cuatro fiscales que llevan este asunto defiendan definitivamente en sus informes finales la pena de rebelión para el exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los que fueran líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn.
Lo previsible es que el tribunal presidido por Manuel Marchena de voz a las partes para que anuncien sus calificaciones y petición de penas definitiva antes de que el 3 de junio comiencen a exponerse los informes de las acusaciones, aunque si la prueba documental se extiende con la exhibición de los vídeos que integran la prueba documental el anuncio de las calificaciones finales deberá esperar a la semana próxima.
En dicho momento se conocerá si tras escuchar a los encausados, a más de 420 testigos, a los responsables de siete pruebas periciales y tras visionar varias horas de vídeos sobre el 20-S y las intervenciones policiales del 1-O la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox mantienen sus peticiones iniciales de condena sin más, las rebajan u ofrecen alternativas al tribunal.
En sus escritos de conclusiones del pasado 2 de noviembre la Fiscalía del Supremo solicitó de forma inicial imponer al exvicepresident de Cataluña y hoy diputado en el Congreso Oriol Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del procés.
Las siguientes penas más altas que inicialmente solicitaba el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.
Para cada uno de ellos, los fiscales del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno-- pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.
En cuanto a los exconsejeros que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.
En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.
Tras desvelarse la posición definitiva del fiscal se dará a conocer la de la Abogacía del Estado, cuando la letrada Rosa María Seoane anuncie si eleva a definitivas sus conclusiones iniciales, que descartaban la rebelión en favor de un delito de sedición, o las modifica.
En principio los Servicios Jurídicos del Estado piden 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.
A diferencia del Ministerio Público, la Abogacía consideraba antes del juicio que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña, si bien ahora tiene la oportunidad de modificar esta posición.
Finalmente, la acusación popular de Vox solicitaba inicialmente un total de 74 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos en su participación en el proceso independentista, y penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía también para el resto de encausados.
En este momento procesal se conocerá si el partido político rechaza finalmente acusar por organización criminal, lo que supondría una rebaja de sus peticiones. La Sala ha comunicado que el día 11 próximo mes de junio la vista oral podría quedar vista para sentencia.