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Dos peritos que analizaron un centenar de informes médicos sobre los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que actuaron durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 han constatado ante la Sala del Tribunal Supremo que juzga el 'procés' independentista que solo 33 de ellos tuvieron lesiones provocados por agresiones.
Así lo han manifestado los médicos Xavier Crusí y Ferrán Caballero, que han sido llamados por la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, ejercida por Andreu Van den Eynde, para que expliquen el informe sobre la etiología de las lesiones sufridas por los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos partes médicos forman parte de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que se incluyen en el escrito de acusación de la Fiscalía.
En este sentido, los peritos han indicado que analizaron los 101 casos a los que se hace referencia en el relato acusatorio, pero que únicamente han podido estudiar las lesiones de 60 informes, de los cuales 52 los realizaron "médicos colegiados" y los restantes los elaboraron el servicio médico de emergencias de Cataluña.
La conclusión que han trasladado ambos médicos al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena es que "la mayoría de las lesiones son leves" y que no detectaron "ningún caso grave". Al hilo, Caballero ha asegurado que en "ningún caso hubo hospitalización" y ha concretado que para 32 de los casos se prescribió un tratamiento, que en otros 12 se recetó un "alivio sintomático" y que en los 11 restantes se "inmovilizaron dedos de una mano".
Tras ofrecer estos datos, ha continuado diciendo que la "práctica totalidad" de los informes médicos hablan de "contusiones y erosiones" y tan solo en 33 "se refieren a agresiones". Ha añadido que esta "etiología" puede producirse por "multitud de causas infinitas".
"Por ejemplo, hay una declaración en un informe médico en el que el funcionario declara que tiene una contusión en el pie porque se le ha caído una puerta metálica al reventarla. Eso no es una agresión", ha señalado el mismo médico.
"¿Una contusión procede de una agresión?", ha preguntado el fiscal Javier Zaragoza en su turno de interrogatorio para intentar acreditar que los agentes fueron lesionados por los enfrentamientos con los concentrados en los colegios electorales. "No necesariamente. Puede tener una lesión si va por la calle mirando el móvil y se tropieza con un árbol", ha afirmado uno de los peritos.
El representante del Ministerio Público ha seguido insistiendo en este aspecto y ha preguntado si una patada, un golpe o una caída por forcejeo pueden generar contusiones, a lo que sí ha recibido una contestación afirmativa. "¿Y una lesión testicular?", ha continuado preguntando Zaragoza. "Por una patada o por una infección, que no es el caso", han afirmado los médicos.
Seguidamente han tenido lugar las dos últimas periciales del juicio, la primera de ellas filológica sobre la traducción al castellano de un informe de la Comisaría Superior de Coordinación Central de los Mossos d'Esquadra referido a los posibles escenarios de cara al 1-O.
La experta llamada a declarar por el abogado Javier Melero, que defiende al exconsejero Joaquim Forn, ha sido Gema Rigau, jefa del departamento de Gramática del Instituto de Estudios Catalanes, la Real Academia de la Lengua del catalán, según ha aclarado la propia perito.
Así, ha señalado, utilizando una completa explicación de carácter lingüístico, que la traducción que se dio a una de las expresiones del documento no fue la correcta, por darse un sentido de obligación a la frase "se celebrará un referéndum el día 1 de octubre" que sólo tenía un sentido prospectivo, de futuro". Se trataría de un claro caso de "falso amigo", por uso de palabras iguales que aparecen en dos lenguas sin que coincida su significado.
La última testifical del juicio ha propiciado la comparecencia ante la Sala de dos peritos informáticos a peticion de las defensas del expresidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart y de la exconsejera Dolors Bassa, que han manifestado que la Guardia Civil concluyó erroneamente una gestión compartida entre la asociación cultural y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de la web referendum.cat.
Según los expertos, algunos de los accesos que se produjeron a la web no fueron realizados por ninguna de estas entidades, sino por la empresa proveedora del servicio, uno de los cuales fue propiciado además por el propio instituto armado al investigar este dominio.