Los diputados independentistas que permitieron el 1-O niegan que desobedecieran al Constitucional

Lluís Corominas (PdeCat), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PdeCat), Lluís Guinó (PdeCat) y Mireia Boya (CUP), los mismos que permitieron la celebración del 1-O, se han desentendido de lo que ocurrió durante el octubre caliente de 2017. Los cuatro exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, se han sentado este martes en el banquillo y han defendido que actuaron amparados por el derecho a la "inviolabilidad parlamentaria" para intentar ser absueltos.

Tras varios meses de retraso y marcado por la crisis sanitaria, el juicio, que inicialmente tenía que celebrarse en el Tribunal Supremo, ha arrancado pasadas a las diez de la mañana con la primera sesión de la vista oral contra Corominas, Simó, Barrufet, Guinó y Boya, acusados de un delito de desobediencia por su implicación en el "procés".

La lectura de las cuestiones previas ha servido para anticipar que los los acusados no irán a la cárcel. Vox ha retirado la acusación de delito de organización criminal, por la que pedía 12 años de cárcel a los acusados. Finalmente, como acusación popular, ha pedido 108.000 euros de multa e inhabilitación de los seis imputados por un delito continuado de desobediencia.

Por su parte, la Fiscalía ha pedido para los cinco acusados un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia grave. La Abogacía del Estado ha pedido multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para los cuatro exmiembros de la mesa y multa de 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya. Les acusa de desobediencia grave.

Lluís Corominas, el exvicepresidente primero de la Mesa, ha sido el primero en sentarse en el banquillo y declarar. Corominas sólo ha respondido a las preguntas de su abogada, Judit Gené, y ha defendido que los miembros de la mesa no tienen capacidad de impulsar iniciativas legislativas: "La Mesa no tiene iniciativa parlamentaria, esta corresponde a los grupos parlamentarios, a diputados, al Govern o las que proceden de la iniciativa popular”.

Preguntado por si era consciente de que desobedecía las resoluciones del Tribunal Constitucional, Corominas ha insistido en que su intención fue siempre la de "permitir el debate parlamentario y proteger derechos diputados, nunca entendimos que desobediéramos al Tribunal Constitucional", ha asegurado.

La exsecretaria primera de la Mesa Anna Simó (ERC) ha sido la segunda imputada en declarar y también ha respondido únicamente a las preguntas de su letrado, Raimon Tomàs. Simó ha insistido en los derechos de los diputados, como la libertad de expresión, participación e iniciativa política y estos fueron los principios que guiaron su actividad parlamentaria: "Teníamos que aplicar un criterio abierto y favorable a la libertad de iniciativa de los grupos", ha aseverado.

Simó considera que está sentada en el banquillo por su convicción independentista en lugar de por sus acciones: "Quedó claro que no se querellaban por nuestros actos sino por nuestra descripción parlamentaria", ha dicho tras referirse al hecho de que su compañero Joan Josep Nuet votara a favor de las iniciativas impugnadas pero quedaba fuera del procedimiento judicial por no ser independentista.

Tras el receso para comer, ha llegado el turno de Ramona Barrufet, que al igual que sus compañeros, solo ha respondido a las preguntas de su defensa. Barrufet, que fue secretaria cuarta de la mesa, ha asegurado que ni ella ni el resto de miembros de la mesa tuvieron la intención de desobedecer al Tribunal Constitucional: "Intentamos compaginar lo que decía el Tribunal Constitucional con lo que nosotros teníamos que hacer: velar para que los diputados puedan hacer su función parlamentaria", ha defendido Barrufet.

Barrufet se ha desmarcado de las responsabilidades del pleno por parte de la Mesa y ha recordado que los miembros "ni siquiera tomaron posesión". En cuanto a las advertencias del secretario y de los letrados sobre las leyes del referéndum, ha explicado que la "la Mesa no intervino" porque el "pleno es soberano". En este sentido, ha negado cualquier cambio de criterio a partir de 2015 en el comportamiento de la Mesa y ha defendido que el reglamento dice que cualquier iniciativa que llega se debe valorar. "No se puede pedir a la Mesa que actúe como censora", ha criticado la exdiputada, de ser así, "actuaríamos como censores previos y en el reglamento está muy bien explicado qué hacer".

La exsecretaria cuarta también ha detallado, a preguntas de la defensa, que la admisión a trámite sólo abre el debate, pero luego no se sabe cómo acabará la iniciativa legislativa: "Sería perverso que la Mesa pudiera decidir de qué se habla", ha apuntado. Barrufet ha reiterado que todas las funciones como Mesa estaban amparadas por el reglamento del Parlament y que siempre procuró "dar salida a las iniciativas parlamentarias de todos los diputados, fuera cual fuera la ideología".

El siguiente en sentarse en el banquillo ha sido Lluís Guinó, exdiputado por JxSí que entró en la mesa en julio del 2017 en sustitución de Lluís Corominas. Como diputado, Ginó ha negado recibir cualquier requerimiento o advertencia de la justicia por no votar alguna resolución y ha defendido que la iniciativa legislativa es un derecho fundamental de los diputados como representantes de la ciudadanía.

En relación a las leyes de desconexión, el acusado ha defendido que la Mesa tuvo una función consistente en tramitar las proposiciones de ley que vienen de los grupos parlamentarios. "La admisión a tramite de una proposición de ley pasa por no entrar en el fondo del asunto, sino ver hasta qué punto cumple con las formulaciones legales y la homogeneidad necesaria, y activar el procedimiento legislativo, ha apuntado.

Lluís Ginó ha remarcado que los plenos del 6 y 7 de septiembre fueron una experiencia "única" y, desde un punto de vista político, se hizo lo que se debe hacer en el Parlament: "Aquel día no fue un día especialmente negativo para el Parlament. Debatimos y no tengo una visión negativa. La Mesa atendió todas las propuestas de resolución y motivó la decisión".

El acusado ha remarcado que la admisión a tramite por parte de la Mesa no condiciona su resultado y ha asegurado que los controles de constitucionalidad no corresponden a la mesa del Parlament. "La Mesa tiene que analizar desde un punto de vista formal las proposiciones de ley. Seria limitar la autonomía parlamentaria", ha concluido.

La última acusada en declarar ha sido Mireia Boya, ex diputada de la CUP. Boya ha sido la única en responder las preguntas del fiscal Pedro Ariche, con quien ha tenido un breve encontronazo. La ex diputada ha explicado que ha decidido contestar a la Fiscalía porque quería que le aclararan por qué la justicia la envió al Tribunal Supremo, ya que le parece "literatura del género fantástico". Este comentario ha molestado a Ariche, que le ha contestado "no estoy para responder a sus preguntas sino porque usted responda a mías"

Mireia Boya, ha hecho parte de su declaración en aranés, con la ayuda de un intérprete. Boya ha dejado claro que tanto a ella como a sus compañeros de la CUP "les daba absolutamente igual" lo que dijera el Tribunal Constitucional: "Para mí y para todos los miembros de la CUP el Tribunal Constitucional no tenía ninguna legitimidad en el proceso de independencia. Lo que dijera me daba absolutamente igual”.

Boya ha explicado que la proposición de ley del referéndum fue signada por los diputados independentistas de JxSí y la CUP. En cuanto a la ley de transitoriedad, la ex diputada ha remarcado que era una "responsabilidad" porque, en caso de que ganara el "si", debía quedar claro cómo "hacer la desconexión". Boya ha recordado que durante el 1 de octubre los independentistas "sufrieron violencia del Estado" y que desde la CUP quisieron que el presidente de la Generalitat compareciera en el Parlament para que decir "qué haría después de la victoria del sí".

Durante las preguntas de la defensa, Boya ha criticado que los "no independentistas abusaron de todos los recursos para limitar la voluntad de la sociedad catalana" y ha lamentado que Cataluña esté recibiendo "violencia física, psicológica, económica y parapolicial del estado español. En varias ocasiones, el juez Barrientos le ha tenido que pedir que no consultará la documentación y que no respondiera sobre "un guión prescrito".

La declaración de Mireia Boya ha terminado tras la interrupción del juez, quien ha considerado que las preguntas de la defensa eran sobre "cuestiones periféricas y sin interés". Barrientos ha avisado hasta en tres ocasiones al abogado de Boya que cambiara de pregunta: "La pregunta incide con la impertinencia previa, no conteste señora Boya", ha sentenciado Barrientos, dando así por terminada la declaración de la acusada.

El juicio se retomará el miércoles, cuando se prevén diez testimonios, entre los cuales están los diputados o exdiputados de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant, Albert Botran y Gabriela Serra; los ex diputados de JxSí Ferran Civit y Antoni Castellà; el exdiputado de Cataluña Si se Puede, Albano Dante, y Mercè Arderiu, letrada del Parlamento.