El juicio por el accidente del Alvia, que tuvo lugar en Santiago el 24 de julio de 2013, comenzará el 20 de septiembre de este año y durará hasta 2023, dividido en dos partes --una penal (hasta el 23 de diciembre) y una acción civil (a partir de enero de 2023)--, de forma que se prolongará durante nueve meses hasta el décimo aniversario del siniestro en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.

El auto de la jueza del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, con fecha del 7 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, hace una propuesta de calendario para este juicio en el que se sentarán en el banquillo como investigados el maquinista del tren, Francisco Garzón, y el que era el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte.

Concretamente, entre los días 20, 21 y 22 de septiembre está previsto que se sustancien las cuestiones previas y el interrogatorio a los acusados. A partir del 4 de octubre está fijado que empiecen las declaraciones de los primeros testigos, que se iniciarán con los integrantes del cuerpo policial.

La estimación es que las declaraciones de testigos y peritos finalicen en mayo de 2023, ya que a partir del día 30 de ese mes tendría lugar la prueba documental, las conclusiones y el informe.

La Fiscalía solicita para cada uno de los dos investigados cuatro años de prisión. Se les juzga por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.

Además, demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena. Para el otro acusado, el exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, que salió de la dirección de la empresa pública en mayo de 2021, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.

Por las sesiones de esta causa pasarán un total de 494 testigos, 193 peritos y 21 testigos-peritos, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De tal forma, el juicio de la acción penal comenzará el 20 de septiembre con práctica de pruebas hasta el 22 de diciembre. Quedarán reservados los días 10, 11, 12 y 13 de enero para eventuales incidencias. Aquí, las declaraciones de los 45 testigos, entre las cuales figuran diez policías, se desarrollarían entre el 4 y el 27 de octubre, mientras que las de los 18 testigos-peritos tendrían lugar entre el 2 y el 15 de noviembre; y, las de los 18 peritos, se realizarían entre el 16 de noviembre y el 22 de diciembre.

Por su parte, los testimonios relativos a las acciones civiles se iniciarán el 17 de enero y se prolongarán hasta finales de mayo. Comenzarán con las declaraciones de 90 testigos, las cuales terminarían el 26 de ese mes. Los 35 forenses propuestos intervendrían entre el 31 de enero y el 7 de febrero, mientras que los 44 peritos restantes lo harían entre el 8 y el 16 de febrero. El auto especifica que a partir del 21 de febrero, y hasta mediados de mayo, tendrían lugar las declaraciones de los 277 testigos, 96 peritos y dos testigos-peritos propuestos por los abogados personados en la causa, así como los 82 testigos y un testigo-perito propuestos únicamente por el Ministerio Fiscal.

El portavoz de la Plataforma Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, está citado para marzo de 2023, testimonios que seguirán hasta el 30 de mayo, fecha en la que está previsto que comiencen los informes y conclusiones finales de este macrojuicio.

Las partes, a las que la magistrada pide máxima disponibilidad, debido a la complejidad de la organización del juicio, tienen cinco días para justificar las causas que, en su caso, imposibiliten seguir el calendario

La jueza solicita, tanto a las partes como a los distintos intervinientes, máxima disponibilidad, dada "la complejidad de la organización de un juicio de estas características". No obstante, indica que, todo ello, sin perjuicio de que, en función de las vicisitudes que surjan durante el desarrollo del juicio, pueda acordarse la modificación del calendario y contenido de las sesiones que se establezca inicialmente.