El juez Pablo Llarena, instructor del procés, que tiene activa la orden de detención contra Carles Puigdemont y sus compañeros Lluis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí, ha desempolvado sus buenas relaciones con el independentismo para rechazar el intento de los cuatro políticos de apartarle del caso. Ellos habían alegado falta de imparcialidad, por haber aceptado un permio de la Fundación Villacisneros que califican como "nacionalista española".

En su respuesta el magistrado les ha recordado que el 29 de septiembre de 2011, recibió la medalla de la Guardia Urbana de Barcelona, que por entonces tenía como alcalde a Xavier Trias, de Convergencia, y como teniente de alcalde a Joaquim Forn, condenado en el juicio del Supremo por sedición. No sólo eso, en su informe, recuerda que en aquella época, el compañero de partido de ambos Carles Puigdemont, también era alcalde de Girona.

Aquella medalla, fue una de las más de 100 que se impusieron a personalidades de la capital catalana. La estrella era el exfutbolista Eric Abidal, pero en total había 113 y una de ellas fue para Pablo Llarena. Aún faltaban seis años para el referéndum independentista del 1-O. Llarena ejercía en la Audiencia Provincial de Barcelona y a juzgar por los hechos no estaba mal visto por el partido de Puigdemont.

Las medallas de la Guardia Urbana de Barcelona se entregan a agentes, jueces, y otros ciudadanos por "la profesionalidad y la eficacia demostradas en acto de servicio por los agentes, así como la colaboración de personas y entidades que han permitido la coordinación adecuada de los diferentes servicios y las mejoras sustanciales en los diferentes ámbitos de actuación del cuerpo de policía de la ciudad".

En su caso, la recibió como presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, junto a la juez decana Maria Josep Feliu.

Pablo Llarena no es catalán de nacimiento. Su lugar de origen es Burgos, y su ciudad universitaria, Valladolid, pero a finales de los 80 empezño su vínculo con Barcelona, primero como alumno de la escuela judicial, donde fue número 1 de su promoción.

Tras trabajar en Cantabria y Burgos, volvió a Barcelona para ocupar una plaza como juez de instrucción en el año de los Juegos Olímpicos (1992) y después magistrado de la Audiencia Provincial. Además, mantuvo su vínculo con la Escuela Judicial donde fue profesor y con cuya directora está casado.

Al llegar al Supremo, él no movió su residencia que sigue estando en Barcelona, pero su designación como juez instructor del procés y su decisión de procesar a los líderes independentistas del 1-O por sedición por rebelión y/o sedición, le convirtió en persona non grata De hecho, nada más comunicar ese procesamiento, su casa sufrió pintadas y fue blanco en redes sociales.

En el escrito de recusación, el abogado de los cuatro políticos fugados, Gonzalo Boye, alega como causa de parcialidad, que en noviembre de 2021, Llarena recibió la medalla de la Fundación Villacisneros. El escrito describe a la entidad como "una organización nacionalista española" que "que defiende íntegramente el ideario de la extrema derecha".

Además, señalaba que durante la entrega del premio su presidente afirmó que la fundación "pretende defender la unidad de España y el orgullo de ser español".

Tuits de la Fundación reclamando el encarcelamiento de Puigdemont "antes de que se iniciara la causa penal" estaban también recogidos en el documento que repasaba a algunos miembros de la entidad y sus declaraciones, como Esperanza Aguirre de la que destaca que calificó de "prófugo a Puigdemont".

La recusación también señalaba la pertenencia del periodista y miembro de Vox Hermann Tertsch, cuyo partido fue acusación en la causa del procés, o a el exministro del Interior Mayor Oreja que según recoge el texto "sostenía desde el año 2017 la necesidad de privar de su cargo" de presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont.

A lo largo de ocho folios, el magistrado explica por qué no se va a apartar del procedimiento. Empezando por el hecho e que las afirmaciones contenidas en el escrito las hicieron miembros de la fundación, no el magistrado, que es el que debe responder por su imparcialidad.

A partir de ahí, recuerda distintas resoluciones adoptadas en este procedimiento y con las que considera acreditado que no hay ninguna animadversión.

Para la defensa de Puigdemont sí que lo es. Ahora, tendrán que decidir otros miembros de la Sala de lo Penal a los que el expresident y sus compañeros pueden apelar. De momento, ya han pedido la lista de nombres, porque están seguros de que en ella habrá más magistrados que a su juicio no deberían intervenir.