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El juez del caso Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, ha citado como imputados a la exministra y ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputa a ambos presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, y emplaza a declarar para el próximo 29 de junio a la exministra y al día siguiente a su marido. El juez cita por los mismos delitos al ex jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, que comparecerá también el día 30, y llama de nuevo a declarar el 1 de julio a otros dos imputados: el ex número dos de Interior Francisco Martínez y el excomisario José Villarejo.
Lo hace tras recibir un informe policial de Asuntos Internos que "da cuenta de parte del contenido de las agendas personales" que le fueron intervenidas a Villarejo en octubre de 2020, tres años después de su detención en la operación Tándem en 2017.
La imputación de Cospedal y López del Hierro se conocía coincidiendo con la comparecencia de éste último ante la comisión parlamentaria sobre el caso Kitchen, quien ya, incluso antes de saberse investigado, esgrimía "indicaciones jurídicas" para negarse a declarar. De hecho, ha admitido que "por sorpresa, por sorpresa" no le ha pillado la imputación y ha negado reconocerse en las anotaciones de Villarejo. Por la tarde, su mujer cerrará esta sesión de comparecencias en esta comisión de investigación y previsiblemente actuará de igual manera, al estar ya imputada.
En relación con la citación como investigados de Cospedal y López del Hierro ante el juez, solicitada por la Fiscalía en septiembre de 2020, el magistrado explica que procede acordarla en este momento, una vez que se han realizado las declaraciones necesarias (una veintena de investigados y testigos) y estudiado la documentación, fundamentalmente las citadas agendas.
Relata que la investigación abierta ha permitido conocer aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, el que fuera chófer de la familia Bárcenas, los pagos efectuados a este a cambio de colaboración, el círculo de policías implicados, así como la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del exministro del Interior en esas fechas, Jorge Fernández Díaz.
Los agentes involucrados, según el magistrado, desarrollaron labores operativas para obtener del chófer "información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado (en algún momento se refieren a este espacio como "zulo") documentación comprometedora para el PP y para altos cargos del mismo en posesión" de Bárcenas y de su esposa. El auto añade que los policías habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha de la llamada Operación Kitchen y de su carácter ilícito "al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial, y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso".
La resolución recoge las grabaciones del excomisario José Villarejo relacionadas con esa operación, un oficio policial que analiza las agendas incautadas al excomisario, así como determinados pasajes de la declaración prestada por Bárcenas como perjudicado. El juez explica que las agendas de Villarejo permiten ubicar temporalmente el nacimiento de Kitchen en el 11 de julio de 2013 con una anotación junto a las siglas CHISO, en la que se lee: "Charla 45 minutos. Plan contra LB. Interv.Comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo". Es en este momento cuando, indica el auto, "se detecta una cadena de anotaciones que permiten inferir la participación de la Sra. Cospedal y el sr. López Hierro en la captación de Sergio Ríos".
El magistrado concluye que "resultaría conveniente" escuchar a Cospedal y a su marido declarar "sobre su participación en la captación de Sergio Ríos (...) pues su intervención, a través de Andrés Gómez Gordo (un policía imputado en la causa y que fue asesor de la exministra en Castilla-La Mancha), al parecer pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar". En el contexto de los hechos investigados, continúa el juez, también resulta llamativa la aparición del ex jefe de Gabinete de Cospedal en las agendas de Villarejo. "Esta dación de cuenta del comisario investigado (sr. Villarejo) al que fuera Jefe de Gabinete de la presidenta de una Comunidad Autónoma (Castilla-La Mancha) carece de toda lógica y sería conveniente que se recabara declaración al Sr. Ortiz sobre su participación en la trama".
El instructor también considera necesario volver a interrogar al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez para corroborar los pasajes de las agendas de Villarejo en los que llama la atención, según el juez, la fluida relación que ambos mantenían, aun antes de que Martínez fuera nombrado secretario de Estado. De la lectura de los mensajes analizados, el juez señala la importancia que el asunto tuvo para Martínez, "quien asume de forma directa la obtención de información de forma diaria, resultando especialmente sorprendente que el secretario de Estado se involucre hasta ese nivel en un asunto de esta naturaleza".
Mientras se conocía la noticia de su imputación, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, ha iniciado su comparecencia de este miércoles en la comisión de investigación sobre la 'Operación Kitchen' en el Congreso de los Diputados avanzando que por "indicación jurídica" no contestará a las preguntas de sus señorías, si bien en una declaración inicial se ha desvinculado del PP subrayando que "nunca" ha formado parte de sus filas.
López del Hierro ha comenzado con un breve pronunciamiento en el que ha querido acotar que el objeto de investigación de la comisión parlamentaria es "la utilización ilegal de efectivos , medios y recursos del Ministerio de Interior que tiene como finalidad favorecer intereses políticos del PP", para matizar después su hipotético rol en el mismo. Así, sobre sus vínculos con el PP, ha recalcado que "nunca" ha pertenecido a la formación política, ni siquiera como militante o afiliado. "Tampoco he tenido nunca ningún tipo de cargo público ni de otro que dependiera de un gobierno del PP, nacional autonómico o local", ha añadido.
Respecto al presunto uso de los medios del Ministerio de Interior, ha señalado su "absoluta imposibilidad" de acceder a los mismos, "ya sean técnicos, humanos o de fondos reservados". "Por una sencilla razón, no he sido ni soy funcionario de dicho departamento ni de ninguna administración pública", ha expuesto. Con todo, López del Hierro, ha indicado que su única relación con la vida política fue "hace más de 30 años" al ocupar cargos políticos y en empresas públicas por la Unión de Centro Democrático (UCD).
Dicho lo cual, el empresario ha anticipado que "por indicación jurídica" no va a contestar a las preguntas que formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. "Les ruego que comprendan mi actitud", ha concluido. En este sentido, ha recordado que hay una investigación judicial en curso en la que su nombre "aparece bastante en la prensa", al tiempo que ha expresado su "respeto" a la administración de justicia.
López del Hierro figura en las pesquisas judiciales como la persona que pone en contacto a Andrés Gómez Gordo (responsable de la seguridad de su esposa) con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para que éste capte como confidente al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas. Es más, según ha recordado el socialista Felipe Sicilia en el interrogatorio, Villarejo reconoció en una grabación que conoce a López de Hierro desde hace más de treinta años. Sin embargo, el empresario tampoco ha querido contestar nada de esto en la comisión.
El objeto de la 'Operación Kitchen', que se habría puesto en marcha con medios del Ministerio de Interior, incluidos fondos reservados, sería espiar a Bárcenas y su entorno para sustraerle la información comprometedora para el PP y sus dirigentes.