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Cuentas en el extranjero a nombre de presuntos testaferros, personas de su círculo de confianza que pagan gastos suntuosos desde hace años, fuentes de dinero no declaradas al fisco, una suerte de colaboradores habituales y el silencio de quienes a su alrededor pudieron conocer estos manejos. Ese es el dibujo que las investigaciones de la Fiscalía española hacen de la fortuna oculta de Juan Carlos I en el extranjero. Pero queda la gran pregunta. ¿Cómo se generó? ¿Qué unió el destino financiero del rey emérito a la supuesta filantropía de las monarquías árabes hasta conseguirle millones de euros de beneficio?
Ahora, la Fiscalía española investiga la posible intercesión de Juan Carlos I en contactos como el AVE a La Meca, la mayor licitación de obra civil del planeta, pero las relaciones del círculo de confianza del rey con las monarquías árabes arrancó, con coste a los bolsillos de todos los españoles mucho antes: hace ahora 44 años, generando un agujero de 108 millones de euros ya en aquella época.
Fue en 1977 cuando se planteó por primera vez la creación de Alkantara. La sociedad, que traducida del árabe significa puente, nació supuestamente para facilitar la inversión de empresas españolas en Arabia Saudí y se vendió en la prensa de la época como una idea personal del rey Fadh bin Abdulaziz, primer ministro del país árabe y jefe de la Casa de Saúd. O lo que es lo mismo, uno de los hombres más ricos del planeta hasta su fallecimiento en 2005. La idea era que la empresa sirviera para canalizar los ingresos de la venta de petróleo a España por medio de la creación de un banco (Sudesbank) y que las empresas españolas pudieran realizar inversiones en Arabia Saudí. Inversiones que nunca se produjeron al nivel esperado.
El capital de la sociedad, que no se abrió en España, sino en Reino Unido, se repartió a partes iguales entre España y Arabia Saudí. Por la parte española, el dinero llegó -tal y como desvelaba en su libro el periodista Ramón Tijeras- desde el INI, Fomento de Comercio Exterior (Focoex, que pese a ser pública operaba desde Panamá entre 1987 y 1991) y el Banco Exterior.
Por otro lado, la inversión de los árabes se instrumentalizó por otra sociedad llamada Triad Internacional. Y al frente de la empresa quedaron dos nombres que han ido estrechamente ligados al rey emérito desde entonces: el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, fallecido en 2009 y el mercader de armas Adnan Khashoggi, que murió hace cuatro años y representaba los intereses de los saudíes.
Después, y según ha confirmado NIUS, los hombres de confianza de Juan Carlos I abrieron en 1982 una sociedad en el paraíso fiscal de Chipre llamada Alkantara Iberian Export Limited, con el número de serie 18048. En aquella época, la empresa no declaró en la isla siquiera la identidad de sus directores ni ofreció una dirección de contacto. Según consta en la documentación oficial, la filial en el paraíso fiscal estuvo operativa hasta 1987, pero no declaró cuenta alguna, por lo que es imposible conocer el dinero que circuló por ella y el destino que tuvo. Prado y Colón de Carvajal dimitió de la compañía un año después de que se abriera esta filial.
Así, el primer gran proyecto en democracia para que las empresas españolas invirtieran en Arabia Saudí se dejó en manos de personas de la máxima confianza del rey emérito, se articuló desde Inglaterra y derivó en un paraíso fiscal que no comenzó a compartir información financiera con España hasta 2014. Además, dejó importantes beneficios en comisiones, pero ni siquiera por inversiones en el país árabe.
El uso y los negocios de la sociedad Alkantara desde Reino Unido levantaron tímidamente las sospechas de la oposición, hasta el punto de que el diputado del Grupo Popular Felipe Camisón preguntó directamente al Gobierno de Felipe González sobre los negocios que las empresas españolas estaban realizando por medio de esta compañía, que en 1984 era ya la mayor exportadora de armas del país.
Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo desveló que los negocios de Alkantara se habían derivado principalmente a Egipto, donde su ejército estaba comprando camiones y corbetas a las empresas españolas con la supuesta intermediación de otro conocido del rey Juan Carlos, el empresario de origen libanés Abderramán El Assir.
Enasa habría conseguido un contrato para vender de 10.560 camiones Pegaso al Ministerio de Defensa egipcio, 600 vehículos blindados y 700 autobuses. Finalmente no fueron tantos, pero la empresa española vendió material por 594 millones de dólares, tras su contrato de asesoría con Alkantara. La firma pública Bazán firmó un acuerdo similar para la venta de dos corbetas “tipo descubiertas” al ejército egipcio.
Así, la sociedad terminó vendiendo armamento español a Egipto y dejando por el camino un reguero de comisiones a repartir entre los socios españoles del consorcio y la empresa del gobierno saudí. “Cabe indicar que Triad Internacional ostentaba una participación del 50 por ciento en el Capital Social de Alkantara, por lo que sus beneficios en estas, como en otras operaciones, eran del 50 por ciento, proporcionalmente a su participación en el Capital Social”, explicaba el Gobierno en su respuesta parlamentaria. Según estas líneas, había contratos y con ellos, dinero para todos. Y todos contentos. El problema era que, en realidad, los fondos para pagar esos contratos provenían directamente de las armas españolas.
De forma paralela a la concesión de esos contratos de armamento, España había abierto una línea de créditos blandos con Egipto para facilitar el desarrollo del país plasmada en ocho convenios. El montante total según la prensa de la época ascendió a 22.000 millones de pesetas (132 millones de euros hace ahora 44 años). De esta forma, Egipto tenía dinero para comprar las corbetas porque España financiaba esos barcos, que se vendían por medio de Alkantara como intermediario. El problema llegó cuando Egipto entró en quiebra y dejó de poder hacer frente a los pagos.
“En 1984 y 1985 en el marco de la crisis financiera internacional, Egipto dejó de cumplir sus obligaciones internacionales de pago. Ello motivó la suspensión de las facilidades crediticias españolas que posteriormente serían canceladas. Tanto ENASA como BAZAN, recibieron el cobro de todos los suministros realizados y en los plazos contractuales”, explicaba el Gobierno de Felipe González a la pregunta parlamentaria de la oposición. Así, las empresas españolas cobraron sus compromisos, y Alkantara facturó las comisiones acordadas, mientras varios años después España tuvo que condonar hasta 18.800 millones de pesetas (108 millones de euros) en 1995.