El Gobierno toma cartas en la cadena de despropósitos ocurridos en Arguineguín en los últimos días, pero autocrítica poca. Y el modelo será el de Lesbos, o sea, carpas para luego repatriar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha recibido numerosas críticas y peticiones de dimisión por lo sucedido durante los últimos días en el muelle canario de Arguineguín, ha rechazado este viernes realizar traslados a la península como piden sus socios de gobierno, Unidas Podemos. Ha vinculado esta decisión con "las políticas migratorias, que son del conjunto de la UE, y no solo de España".

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que "en un breve espacio de tiempo" se habilitarán 7.000 plazas para inmigrantes en carpas ubicadas en colegios cerrados, naves portuarias e instalaciones de Defensa en Canarias. Un campamento de emergencia que más adelante contará con equipamientos prefabricados. Suena a Lesmos.

Escrivá ha destacado que la gran ventaja de este plan es la rapidez con la que se podrá trasladar a las personas que actualmente instaladas en hoteles o en el muelle de Arguineguín. Autonomías como la Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, País Vasco y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Barcelona, han ofrecido plazas al Ministerio para su sistema de acogida. Pero no parece que esa sea la idea del Gobierno, ya que Escrivá ha explicado que gran parte de ellos son "retornables", ya que en principio no son candidatos a entrar en el sistema de acogida del Ministerio, que se centra en personas vulnerables y en las que hayan pedido protección internacional.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado la solidaridad del resto de CCAA porque, según ha dicho, esta crisis es peor que la de 2006 ya que, a causa del coronavirus, no se pueden hacer deportaciones. Asimismo ha hecho especial hincapié en que el archipiélago "se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega". "No podemos solos, ha resaltado. No lo aceptamos y nos revelamos ante esta acción".

Solo la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha cuestionado las condiciones en el muelle de Arguineguín (Gran Canarias) donde se han llegado a concentrar a más de 2.000 migrantes. "El Gobierno tiene una responsabilidad y tiene que tratar de dar la solución más adecuada. Para mí, lo más importante es el aspecto humanitario y quizás haya que hacer autocrítica, lo reconozco, porque ha habido algún momento en el que las condiciones que había en el muelle no eran las más adecuadas para seres humanos".

La titular de Defensa ha responsabilizado también a instituciones canarias y, sin concretar nombres, ha mencionado a "algún ayuntamiento que se negó a ceder instalaciones cuando se les pidieron". Por contra, ha ensalzado la solidaridad de los vecinos del municipio de Mogán y de los ciudadanos canarios en general. "Hemos visto gestos de absoluta solidaridad con los migrantes", ha reconocido la ministra. En su opinión, "existe un drama humanitario en el que nadie puede ni debe mirar para otro lado"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, no ha sido tan autocrítico durante una visita al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas de Gran Canaria (CCS Las Palmas) donde ha defendido en respuesta a la descoordinación que en el caso de Salvamento existe un "mando único que funciona con el Ministerio de Interior" desde el año 2018.

En la visita al CCS Las Palmas, Ábalos ha estado acompañado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; y el delegado del Gobierno en el archipiélago, Anselmo Pestana, que han conocido también el nuevo edificio que aloja la Capitanía Marítima de Las Palmas y el buque de Salvamento 'Miguel de Cervantes'.

Esto les ha permitido intercambiar impresiones con los profesionales que están realizando tareas de Salvamento, que son "muy complicadas" en Canarias, ya que apuntó tiene una zona de rescate "muy muy grande, con unas condiciones de la mar difíciles también", y por tanto con labores de rescate que son "siempre muy arriesgadas y más ahora con la afluencia" migratoria.

El ministro expuso que ante la situación migratoria, se ha reforzado a Salvamento Marítimo en la zona de Canarias con dos helicópteros, un avión, dos remolcadores --uno de ellos, el Punta Salinas se encuentra en estos momentos en la varada reglamentaria-- y tres unidades guardamar, "normalmente hay una", y diez embarcaciones de intervención rápida, que son las conocidas como salvamares y las que más actúan cuando hay inmigración, por lo que se han reforzado con tripulantes adicionales.

En este sentido, apuntó que se ha autorizado la ampliación del cupo de gasto dedicado a Salvamento para incrementar los equipos humanos que atienden los rescates de inmigrante, de tres a cuatro componentes las plantillas mínimas de seguridad para intentar dijo de "quitar algo de estrés y favorecer la tarea" de Salvamento.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha resaltado el trabajo "meritorio" que realiza el personal de Salvamento Marítimo, apuntando que "todo lo que se pueda hacer por facilitar su trabajo", se hará desde el Gobierno.

Finalmente, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoció el trabajo de Salvamento Marítimo, así como agradeció que se hayan incrementado los medios tanto materiales como humanos, para que puedan responder a la "magnífica labor" que realizan y que actualmente es "arduo" ante la crisis migratoria que afecta a las islas.

Torres ha señalado que si bien entre 500 y 1.000 personas han perdido este año su vida en la ruta del Atlántico a bordo de embarcaciones irregulares, también es verdad que "nunca" se sabrá el número ni sus nombres y "ese es el drama" de la inmigración.

Salvamento Marítimo tiene en Canarias dos centros de coordinación situados en las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife desde los que se realiza la gestión de las operaciones de salvamento marítimo y de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, así como el seguimiento del tráfico marítimo en la zona.

Resaltan entre los proyectos de Salvamento Marítimo en Canarias el Proyecto ISAR, que busca incorporar tecnologías de última generación al rescate de personas y la prevención y respuesta de la contaminación marina, tales como drones, sensores inteligentes y comunicaciones de alta capacidad en el mar.

Este proyecto es fruto de un convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y Salvamento Marítimo, aprobado en septiembre por el Consejo de Ministros, que cuenta con una ayuda de los fondos FEDER de unos 20 millones de euros.

En cuanto a la nueva sede de la Capitanía Marítima de Las Palmas que han visitado este viernes los ministros, es un edificio de nueva construcción que, además de estas dependencias, también será en un futuro próximo la sede del centro de coordinación de Salvamento Marítimo y el Centro de Coordinación de Servicios Portuarios.

Esta nueva sede está financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, las obras de la nueva edificación comenzaron en el año 2016, con una inversión total de 2,77 millones de euros, siendo la superficie total construida de casi 2.000 metros cuadrados (1942,02).

La Capitanía Marítima de Las Palmas, como el resto de las otras 29 Capitanías dispersas por la costa española, depende de la Dirección General de la Marina Mercante de la Secretaría General de Transporte

y Movilidad de Mitma y entre sus competencias se encuentran el seguimiento y control de los servicios de salvamento y seguridad en el mar, que ejecuta Salvamento Marítimo; la lucha contra la contaminación y la investigación en caso de siniestros marítimos. Además, desarrolla otras competencias relacionadas con la inspección de buques y mercancías o la gestión de los registros y despachos de los buques.

Las llegadas de migrantes a Canarias por mar se ha multiplicado en lo que va de año y en estos momentos, más de 2.000 personas permanecen en el Muelle de Arguineguín de Gran Canaria, a la espera de ser reubicados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ante las críticas recibidas por asociaciones y ong, ha ordenado una investigación sobre el polémico desalojo de más de 200 migrantes de este muelle el pasado martes, y ha asegurado que se tomarán medidas en el caso de que hubiera descoordinación.

Lo que no ha concretado es si ha habido acuerdo con Marruecos sobre un mecanismo de repatriación de inmigrantes desde Canarias, pese a ser preguntado en varias ocasiones tras su entrevista en Rabat con su homólogo marroquí Abdeluafi Laftit. Marlaska ha alabado la cooperación de Marruecos en materia migratoria y ha circunscrito la reunión de este viernes a una forma de "adaptar nuestra política a la circunstancia concreta de la pandemia", pues según él la pandemia trastocó la realidad tanto de los flujos migratorios como de la lucha por combatirlos.

Preguntado sobre si la reunión había quedado en mera expresión de "buenas intenciones" por parte de Marruecos, ha respondido que "tenemos buenas intenciones y tomamos medidas complementarias" (que no ha concretado), porque la política migratoria "no es coyuntural, sino estructural". En el año en curso, se han registrado 18.348 llegadas irregulares de migrantes a las costas de Canarias, la mitad de ellas en los últimos 30 días, siendo casi todos ellos marroquíes en este periodo. Las repatriaciones de marroquíes en situación irregular no han sido nunca un mecanismo regular, pero antes de la pandemia funcionaban "por barco, avión y tierra", según fuentes conocedoras del proceso. Pero ni España ni Marruecos han ofrecido nunca cifras totales sobre esas repatriaciones.

Marlaska ha señalado que la pandemia del coronavirus "ha tenido una incidencia que nadie podía pensar, y si lo vemos en Europa en el ámbito socioeconómico, podemos entender su impacto en África", lo que según él explica la explosión migratoria.

Precisamente, cada vez son más las voces que desde diferentes fuerzas políticas --incluida Unidas Podemos Canarias-- y organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acusan al Gobierno de descoordinación a la hora de abordar esta situación.

Actualmente no existe ningún órgano interministerial encargado exclusivamente de las cuestiones migratorias, ya que la llamada Comisión Delegada de Asuntos Migratorios que creó el presidente Pedro Sánchez en 2018 tras llegar a La Moncloa no se volvió a conformar en esta nueva legislatura, ya con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

El Ejecutivo defiende que sí se está llevando a cabo la coordinación apropiada entre los diferentes Ministerios implicados, entre los que están, además del de Interior, el del Transportes y el de Migraciones, los de Defensa o el de Exteriores.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, es la encargada de supervisar esta coordinación, mediante reuniones técnicas interministeriales que mantiene de forma regular con técnicos de los diferentes Ministerios con competencias en materia migratoria.