La crisis del covid-19 en España ha afectado a cada uno de los ciudadanos en la medida de sus posibilidades. La precariedad social y la pobreza han aumentado durante este tiempo. La okupación, movimiento que aparece, en muchas ocasiones, desligado a estos dos problemas, también ha aumentado durante este periodo.
Debido a este crecimiento, el miedo de la población española a encontrarse un día con okupas en su casa ha aumentado de forma considerada. Así lo acentúa Joaquim Bosch, un magistrado español que cuenta con más de 230.000 seguidores en su cuenta de Twitter, donde publica también informaciones acerca de la actual situación.
Pregunta: ¿Está creciendo realmente el número de okupaciones?
Respuesta: Está creciendo, así lo indican todos los datos estadísticos. Esto ocurre por un empeoramiento de la situación social, al menos eso es lo que veo yo en mi juzgado. Se trata de delitos de usurpación, delitos leves en los que se okupan casas deshabitadas. La gente no va a complicarse cuando hay miles de viviendas vacías de los bancos. A partir de esto, se está generando un fenómeno que no es real, que es que puedan meterse en la casa de una persona que sí se trata de una morada; es decir, una primera o segunda residencia que se habita de forma habitual.
P:¿Cuál es el porcentaje de estas okupaciones de moradas?
R: Es irrelevante. Lo expliqué ayer en Twitter, en 16 años no he conocido ni una okupación en una primera vivienda. Sí que es verdad que hay constancia de casos aislados, pero son muy puntuales. Porcentualmente no tienen ninguna relevancia para concretar de que hay una nueva tendencia o situación de riesgo para las familias que viven en su casa.
P:¿Los casos en segundas residencias son los más habituales?
R: No, ni en primera ni en segundas residencias que se utilicen. El caso de Valencia es muy claro: mucha gente cuando llega el fin de semana se va a la playa, eso también se considera morada. Estos casos no se dan porque tienen un instrumento jurídico muy rápido para resolverse. A diferencia de las viviendas vacías, donde se comete un delito leve de usurpación, que está castigado con multa, en las viviendas que son morada se comete un delito de allanamiento de morada que está castigado con prisión de hasta dos años. En este caso, se puede producir inmediatamente la detención y el desalojo. Entonces, no se dan estos casos porque no está penados y porque la reacción jurídica es inmediata. En las usurpaciones el proceso es más lento. Puede tardar de tres a seis meses e incluso más, depende del caso, a causa de la falta de medios en los juzgados.
P: En cambio, ¿cómo se actúa en un delito de allanamiento de morada?
R: Se actúa con más urgencia pero también hay una razón jurídica que lo explica. En este caso no se produce un delito leve, sino un delito que está castigado con prisión. Entonces, aquí inmediatamente el juez de guardia acuerda la detención y el desalojo. En estas situaciones, o bien la Policía o bien el juez de guardia, sí que pueden detener y desalojar. En la usurpación no pueden porque es un delito leve.
P: ¿Qué tiene que hacer un ciudadano si se da el caso que le okupen la morada?
R: Puede hacer dos cosas que son muy parecidas. Tiene la posibilidad de acudir a la Guardia Civil o a la Policía, denunciar y pedir que desalojen a los ocupantes o ir al Juzgado de Guardia y pedir lo mismo.
P: ¿Cuánto tiempo puede tardar en desalojarse esa misma vivienda?
R: Tarda lo que tarden las fuerzas de seguridad en entrar, practicar las diligencias urgentes y desahuciar el piso. Eso debe ser una cuestión de horas. En estos casos, la Policía puede detener sin autorización judicial. El plazo de 48 horas para desalojar es una leyenda urbana, no existe. Te puedo asegurar que ni está en la Ley ni es un criterio jurisprudencial. Da igual el tiempo que tardes 48 horas, una semana o un mes en llegar a tu vivienda.
P: ¿Qué perfil presentan los okupas?
R: Yo puedo hablarte de lo que veo yo en mi juzgado. Tienen un perfil de marginalidad social, de personas que no tienen trabajo ni medios de vida y, además, lo que se detecta es que la vía penal no es una solución efectiva para solucionar estos problemas. La vía penal sin soluciones sociales no acaba resolviendo el problema. Los juzgados desalojamos a la gente que no tiene donde vivir y enseguida van a otro sitio, en muchas ocasiones. Nosotros desalojamos, pero las instituciones públicas a través de medidas sociales deben buscar una solución habitacional. Deben garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
P:¿Está vinculada realmente la okupación con la pobreza?
R: Sí, totalmente. El problema es que el desalojo acaba siendo un parche. Con esto no justifico estas actuaciones, de hecho, te aseguro como juez que absolutamente todas las okupaciones ilegales acaban con el desalojo de los ocupantes, sin ninguna excepción. Los jueces siempre desalojamos, pero si no se soluciona el problema de base, vuelven a okupar otros inmuebles. El que no tiene donde vivir, lo más probable es que busque otro lugar donde hacerlo.
P: ¿Se criminaliza demasiado a los okupas sin ver el problema de la pobreza?
R: La sociedad haría un mal análisis si cree que el problema estriba en los okupas sin entender que la necesidad no suele tener leyes. Si una persona no tiene donde vivir y hay en España cientos de miles de viviendas vacías, pues hay una alta probabilidad que lo que hagan es meterse en una de ellas. Hay un problema de precariedad social que si no se resuelve, ya podemos estar discutiendo de lo que tardan los juzgados en desalojar que el problema va a seguir ahí y no se va a resolver.
P: En un hipotético caso de que estuviera en tu mano solucionar esta problemática, ¿por dónde empezarías?
Creo que hay que tranquilizar a la gente en que es altamente improbable que alguien pueda entrar en su casa y que, si esto ocurre, se le desaloja rápidamente. Últimamente detecto mucho miedo. Pero, respecto a la pregunta concreta que me haces, hay dos medidas fundamentales. Igual que otros países europeos de nuestro entorno, hay que facilitar una alternativa habitacional a quien no tiene. Por lo tanto, lo más importante es adoptar medidas sociales para que no exista esa necesidad de vivienda que lleva a las okupaciones. Sería preventivo. En segundo lugar, se tendría que resolver el problema estructural que no solo afecta a estos juicios. Existe una falta de medios que, con ellos, podríamos solucionar todas estas cuestiones en plazos de tiempo mucho más cortos. Muchas de las quejas de los propietarios es que se tarda bastante, y es cierto. Pero se tarda bastante en todo.