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Un juzgado de Madrid investiga el robo de diversa documentación y aparatos informáticos de la familia Pujol Ferrusola que había sido incautada por la policía española en el marco de la macrocausa por blanqueamiento de capitales, según informan varios medios.
El pasado día 23 de noviembre de 2020, cuatro hombres encapuchados asaltaron en plena calle a punta de revólver una furgoneta de transporte de mercancías de la empresa MRW contratada por los abogados de la familia Pujol para trasladar de Madrid a Barcelona todos los ordenadores, 'pendrives', tablets y teléfonos móviles del expresidente de la Generalitat y de sus hijos que desde 2014 estaban en poder de la Audiencia Nacional. El juez había accedido a la devolución de este material.
La furgoneta estaba detenida en un semáforo, cuando de repente cuatro asaltantes en un todoterreno se cruzaron frente al vehículo de reparto, rompieron el cristal de una de las ventanas y encañonaron al conductor. Mientras le obligaban a tumbarse en el suelo, se fueron en ambos vehículos. La furgoneta apareció horas más tarde calcinada en un descampado.
Según consta en las diligencias judiciales abiertas en un juzgado de Madrid sobre el robo, entre el material sustraído hay 15 pendrives, 8 ordenadores, varios monitores, teléfonos móviles, tarjetas de memoria, tablets y DVDs incautados a todos los miembros de la familia Pujol en los registros efectuados a raíz de la investigación por la fortuna oculta en Andorra.
En declaraciones de la familia a 'La Vanguardia', los Pujol ven detrás del robo “la misma mano de siempre”, es decir “la policía patriótica de Villarejo”. Una vez se supo que había habido el robo, presentaron una denuncia, pero de momento no existe avance alguno. De hecho, fuentes de la familia consideran que quien robó el material y después lo quemó “fue la propia policía”.
En 2014 la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se incautó de los ordenadores del menor de los hijos del ex president, Oleguer Pujol Ferrusola. Meses después, ya en 2015, la misma UDEF requisó los ordenadores de los otros tres hijos del ex president, Jordi, Josep y Pere Pujol Ferrusola, además de los soportes informáticos de la mujer del primero, Mercè Gironés.
En 2017 la Policía hizo lo mismo con los dispositivos del patriarca, Jordi Pujol y Soley, tras registrar dos de sus residencias y el despacho que el presidente de la Generalitat tiene en Barcelona. Tras años en manos de la justicia, los abogados de la familia Pujol reclamaron en 2019 que todo ese material informático les fuese devuelto, algo a lo que el juez accedió hace apenas un año.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió juicio el pasado junio contra Pujol, su esposa y sus hijos como presuntos miembros de una "organización criminal enriquecida por la corrupción". Previamente, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.