La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, interrogará desde el próximo viernes en calidad de imputados a un total de 27 empleados afines a Unió Mallorquina (UM) que fueron contratados en el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), si bien las investigaciones del caso Voltor apuntan a que no llegaron a acudir a su puesto de trabajo en esta empresa pública dependiente del Consell, sino que se habrían limitado a realizar labores para el partido nacionalista.
En concreto, los encausados han sido emplazados a declarar entre los días 22 y 29 de julio en el marco de la pieza número 13 de la causa, que investiga si ex altos cargos del Consell, entre ellos su ex vicepresidente, Miquel Nadal, favorecieron la contratación irregular de estos militantes 'uemitas' con motivo de la puesta en marcha de los proyectos Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital, que habrían servido para camuflar su colocación.
De este modo, el viernes comparecerán Poncio Bover, Margarita Belman, Rosa María Vaquer y Antonio Baró; el día 25 Manuel Norte, Magdalena Juan, Rocío Lambea, J.A. Rabassa, David Soto y Osvaldo Frías; el 26 Corina Marinas, Lucía Duque, Catalina Payeras, J.J. de la Peña, Laura Hurtado y Liliana Sierra; el 27 Dolores García, Eva García, Mari Ángeles Mayol, María del Mar García, María del Mar Almendro y Fabiola Velásquez; y el día 29 Alicia Orellana, Antonia Pardo, Margarita Murillo, Juan Cañas, Francisca Pallicer y Sonia Corregidor.
Las citaciones se predujeron a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el ex gerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos empleados 'fantasma', presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
En total, según la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales. En concreto, los fondos públicos destinados a Infomallorca eran 190.000 euros hasta 2005, año a partir del cual la cantidad se situó en los 167.000 euros anuales hasta 2007. Por su parte, el coste de Eiel en 2007 fue de 110.000 euros mientras que el de Mallorcadigital, el único de los tres que ya no está en marcha, fue de 160.000.
Precisamente, la semana pasada la ex secretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, fue interrogada por estos hechos y afirmó que se encargó de gestionar la contratación de diversas personas afines a UM en el Cilma a instancias tanto de la secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal, como, en una de las ocasiones, del entonces director insular de Proyectos, Mateu Cañellas, y del alcalde de Pollença, Joan Cerdà.
Cañellas ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, donde reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.
Por el contrario, tanto Nadal como su secretaria personal y la del ex conseller insular de Presidencia, Francesc Buils, se acogieron a su derecho de no declarar ante la jueza del caso Voltor cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados.