La fractura y la crisis del PP continúa agrandándose tras estallar la guerra entre Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado; una lucha fraticida en la que se aúnan por un lado las acusaciones ante un presunto caso de corrupción, –con un trato de favor de la presidenta regional a su hermano–, y por otro un supuesto espionaje por parte de Génova a Isabel Díaz Ayuso.

Hoy, en su primera intervención pública tras el terremoto desencadenado en su partido, Casado ha avivado el fuego de ese incendio, insistiendo en sus dudas sobre la moralidad de esa operación por la que Tomás Díaz Ayuso habría recibido una imporante suma de miles de euros.

La presidenta regional, por su parte, asegura que su hermano no cobró comisiones, aunque admite que le pagaron 55.000 euros (y no 286.000 euros de comisión) por sus gestiones para conseguir mascarillas en plena primera ola de la pandemia, en abril de 2020.

A este respecto, acompañando su defensa desde el propio Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han difundido este viernes un informe del vicecosejero de Asuntos Jurídicos y secretario general del Consejo de Gobierno, Fabio Pascua Mateo, que señala que la presidenta regional no incurrió en ninguna infracción sobre la incompatibilidades ni del Código Ético de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.

El informe se produce en contestación a una solicitud de la propia Isabel Díaz Ayuso sobre la necesidad de abstención en el Consejo de Gobierno del 20 de mayo de 2020 en el que se iba a abordar la tramitación de contratos de emergencia para el suministro de material sanitario en plena pandemia, entre ellos el adjudicado a la empresa Priviet Sportive, S.L., con la que se vincula al hermano de la presidenta regional y se dice, de hecho, que es propiedad de un amigo de la familia Ayuso.

"No se ha producido en la actuación de ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno, incluida su Presidenta, infracción alguna de sus deberes de abstención legalmente previstos, ni tampoco de los asumidos voluntariamente al suscribir el Código Ético de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, al recibir la dación de cuentas del contrato examinado", señala el informe.

El contrato de la discordia, sobre el que gira la polémica que ha dinamitado la estabilidad del PP, fue adjudicado por procedimiento de urgencia el día 1 de abril, en plena primera ola de la pandemia de covid, para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 destinado al ala 10 del hospital de campaña instalado en Ifema por un importe total de 1.512.000 millones de euros, IVA incluido.

Fue firmado por la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León, y de él se dio cuenta al Consejo de Gobierno.

En esas, Génova quiso saber más, y en esto entra la trama sobre un supuesto espionaje a la presidenta regional para obtener datos fiscales del hermano de Ayuso usando una empresa municipal y una agencia de detectives; la misma que estuvo tras el espionaje al expresidente Ignacio González. La dirección nacional niega este extremo, pero Julio Gutiez, director de ‘Mira detectives’, ha señalado que "vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa en las que gobierna el Partido Popular”, refieriéndose con "alguna empresa" a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid. Gutiez, en este punto, señala que les dijo que el encargo era ilegal.

En este escenario, hoy el líder nacional del PP, Pablo Casado, ha indicado en una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press que la ley de 1995 de Contratos Públicos y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid "no permite contratar con familiares" y una comisión del importe de la recibida por el hermano de Ayuso "puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato".

Por esto, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha precisado horas después con su comunicado que su hermano cobró una "contraprestación" por importe de 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario; en concreto mascarillas en China, y por su traslado a Madrid.

A este respecto, el secretario general del Consejo de Gobierno, en su informe jurídico alega que el Consejo de Gobierno no es "órgano de contratación de la Comunidad de Madrid" como tampoco "la recepción de la correspondiente dación de cuentas de los contratos tramitados por emergencia supone un elemento del procedimiento de contratación, que se agota con la adjudicación por parte del órgano de contratación".

"Es evidente que el procedimiento de contratación ha concluido con el acuerdo del órgano de contratación, sin perjuicio de que con posterioridad informe al Consejo de Gobierno de las actuaciones realizadas. Es, asimismo, evidente, que el Consejo de Gobierno carece de competencia alguna para alterar el resultado de las actuaciones del órgano de contratación y, por tanto, se limita a la simple recepción de información por parte de dicho órgano de contratación de una manera pasiva. Por todo ello, ha de descartarse que se haya producido 'intervención' alguna en el contrato por parte de ningún miembro del Consejo de Gobierno", defiende.