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Las cifras son “especialmente preocupantes”, recalca la Fiscalía General del Estado: los delitos sexuales se han incrementado en un 23,2% en 2018 en comparación con 2017, tal como recoge su memoria anual, publicada este lunes.
Atendiendo a los datos del informe, el año pasado se alcanzaron los 18.986 procedimientos iniciados por delitos sexuales, y concretamente, las agresiones sexuales han aumentado un 23,7%, con 6.119 procedimientos en 2018 frente a 4.943 en 2017; los abusos sexuales un 30,7%, con 6.425 frente a 4.914 en 2017; y las violaciones un 9,5%, con 276 procedimientos en 2018 frente a 252.
“Detrás de esas cifras hay víctimas que han sufrido un extraordinario impacto por estos hechos, que se ve agravado en aquellos supuestos en los que la Administración de Justicia no ofrece la respuesta esperada", subraya la Fiscalía, citando en su memoria el polémico caso de ‘La Manada’.
La Fiscalía subraya que lo acontecido con la sentencia de ‘La Manada’, –en el que los cinco acusados de violación grupal a una joven en los Sanfermines de 2016 fueron finalmente condenados por un delito de agresión sexual, en vez de abuso, en el marco de una oleada de protestas para que así fuese–, invita a “reflexionar sobre la norma penal, su interpretación y aplicación práctica”. Más allá, según María José Segarra, fiscal general del Estado, esto también hay que hacerlo en lo que respecta al “tratamiento informativo” sobre estos temas y "la imagen que se transmite desde el sistema de Justicia cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoritaria sensibilidad social".
A este respecto, ha subrayado que la posición del Ministerio Público siempre “ha sido coherente”, calificando los hechos como agresión y no como abuso, algo que sí hicieron la Audiencia de Navarra y el TSJ.
Un “relevante número” de delitos sexuales tienen como víctima a menores, y normalmente se llevan a cabo por personas cercanas a ella: “Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios”.
A este respecto, a lo que señala es a la “dificultad” de probar estos delitos “en un entorno de extrema intimidad en su ejecución”, donde además existe “una connotación de vergüenza” por parte de las víctimas, que a menudo suelen rechazar la vía judicial.
"Este rechazo inicial propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida de un trascendental bagaje probatorio", refiere el informe.
Es por esta razón por la que, para evitar todo eso, la Fiscalía indica que se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados --como despachos, aulas--, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones".