Unos indultos parciales serían suficientes para poder excarcelar a los presos del 'procés'

La concesión de indultos parciales a los nueve condenados por el 'procés' independentista en Cataluña a los que se impuso pena de entre 9 y 13 años de cárcel sería suficiente para propiciar su pronta salida de prisión, al facilitar beneficios penitenciarios como el tercer grado e incluso la libertad provisional según han apuntado fuentes jurídicas a Europa Press.

La concesión de indultos parciales que únicamente resten unos determinados años de las condenas de prisión parece ser la opción más probable que elija el Gobierno respecto a este asunto. De este modo no afectaría a otras partes de la pena, como son las inhabilitaciones, y además supondría un coste político frente a la opinión pública que se cree menos dañino que en el caso de que se anunciaran indultos totales.

Se cuenta además con el precedente del indulto parcial concedido en 1998 al ex secretario de estado de Seguridad Rafael Vera y del ex ministro del Interior José Barrionuevo, quienes permanecieron únicamente tres meses en prisión tras recibir un indulto parcial del Gobierno popular de José María Aznar, que les conmutó dos tercios de la condena de diez años de cárcel que se les impuso por el secuestro del ciudadano hispano-francés Segundo Marey por parte de los Gal.

Se les aplicaron beneficios penitenciarios que facilitaron su salida de la cárcel en poco tiempo, si bien en su caso el Supremo había informado a favor de la medida de gracia, y esta es la principal diferencia con el caso de los líderes independentistas catalanes.

Según las fuentes jurídicas consultadas, la concesión de indultos parciales por parte del Gobierno supondría "con seguridad" la puesta en libertad de los líderes independentistas por la obligada progresión al tercer grado penitenciario o incluso la libertad condicional regulada en el artículo 90.2 del Código Penal.

En este artículo se señala que se podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional a los penados que hayan extinguido dos terceras parte de su condena, algo que podría darse si el perdón concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez supone conmutar la actual pena de prisión de cada uno de los líderes independentistas por otra menor que les coloque en esta situación de cumplimiento.

El artículo añade que para alcanzar esta libertad condicional también se podría optar por una propuesta de Instituciones Penitenciarias que, previo informe del Ministerio Fiscal y de las demás partes, permita que el de juez vigilancia pueda "adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional hasta un máximo de noventa días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena". Esta medida requeriría en todo caso que los penados participaran de forma efectiva en programas de reparación a las víctimas.

La concesión de indultos obligaría al alto tribunal a volver a pronunciarse pero sólo si hubiera recursos del fiscal frente a decisiones de la administración penitenciaria, señalan las mismas fuentes, que aventuran bastante improbable la posibilidad de estos recursos.

En todo caso, una vez se conozca la decisión del Gobierno, y si esta supone la aplicación de la medida de gracia, el tribunal sentenciador tendría que hacer nueva liquidación de condena y fijar fecha de la extinción definitiva de las diferentes penas impuestas a cada uno de los condenados. A partir de aquí comenzarían a operar los beneficios penitenciarios antes señalados.

El pasado lunes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insistió en que éstos se valorarán de forma individual, analizando el expediente concreto de cada penado, lo que abre la puerta a que pueda haber decisiones dispares respecto a la pena de prisión que se rebaja a cada uno de los nueve líderes del 'procés' en prisión.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Ejecutivo central "está decidido a normalizar la convivencia y la política en Cataluña" y a asumir el coste de la decisión sobre los indultos para los presos del 1-O.

"Gobernar significa tener capacidad para tomar decisiones que implican coste, y tener la visión para encontrar vías de solución", ha dicho una entrevista a La Vanguardia. Para él, la indolencia que asegura tuvo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante su mandato en ese sentido "debilitó" su proyecto y es uno de los motivos de que los populares sean la última fuerza en el Parlament.

"El PP nunca piensa en Cataluña. Cuando uno no piensa en Cataluña, no piensa en España. El PP siempre utiliza Cataluña para sacar réditos electorales en otras comunidades donde pueda vender un nacionalismo español", ha añadido.

Además, ha afirmado que desde el Gobierno están dispuestos a retomar la mesa de diálogo entre Ejecutivo central y Generalitat para generar estabilidad: "Fue la parte independentista radical quien no quería verse en la tesitura de sentarse en la mesa del diálogo". También ha destacado que el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, debe asumir una actitud resolutiva y de liderazgo: "Que se arriesgue y asuma el coste de decirle a la ciudadanía las cosas como realmente son, no como les gustaría que fueran".

Por su parte, Aragonès ha afirmado que la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno central se debe poner en marcha "antes de las vacaciones de verano". En una entrevista del diario 'Ara', ha concretado que este encuentro entre Ejecutivos debe tener una parte pública pero también "toda una parte de trabajo discreto para poder avanzar en posibles vías de solución y acuerdos".

Ha explicado que en las próximas semanas su voluntad es reunir las fuerzas de la investidura, organizaciones sociales e independentistas y, "a partir de ahí, sumar cuantas más instituciones mejor". Para él, el Gobierno debe tener claro que el diálogo y la negociación son necesarios, y que "no habrá solución al conflicto ni con una derrota de la parte catalana ni con una represión continuada".

Mientras, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado "una burla" el "indulto reversible" que se estaría planteando aprobar el Gobierno. "Si vuelven a violar la ley no se preocupe que vendrá un juez que sentenciará y condenará a la cárcel", ha contrapuesto Martínez-Almeida en declaraciones a los periodistas en Pamplona antes de participar este domingo en un foro sobre municipalismo organizado por el PP de Navarra.

"El efecto práctico del indulto reversible es ninguno porque violar la ley tiene consecuencias que habitualmente pasan por poder ir a prisión", ha destacado. Por ello, ha pedido que "no se lleve a engaño a los españoles, que tengan claro que no hay ningún indulto reversible, que si se vuelve a cometer un delito tendrán que regresar a la cárcel, pero no porque se les quite un indulto sino porque han cometido un delito", ha insistido.

El alcalde de Madrid ha anunciado que participará en la manifestación en la plaza madrileña de Colón, convocada el próximo 13 de junio por la plataforma Unión 78, pero "sin querer tener ningún protagonismo porque el protagonismo es de la sociedad y de una plataforma como Unión 78, con personas como Rosa Díez, Fernando Savater o María San Gil". "Lo que queremos es que no se pueda quitar el protagonismo a quien verdaderamente lo tiene que tener ese día, que es el conjunto de la sociedad que le va a decir a Sánchez que hasta aquí hemos llegado con el tema de los indultos", ha resaltado.