En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Sánchez hacía este anuncio tan sólo unas horas después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fallara ayer que son los clientes quienes tienen que asumir el pago del impuesto sobre hipotecas, corrigiendo de esta forma a la sección del alto tribunal que innovó la doctrina a mediados de octubre y decidió volver a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias.

La decisión se tomó tras dos jornadas de deliberaciones sin que se superara la fractura existente en la Sala. El fallo salió por 15 votos frente a 13.

Sánchez, tras asegurar que el Gobierno "respeta" la labor y la independencia del poder judicial, afirmó que el Gobierno "lamenta" la sentencia del Supremo, ya que "no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces ni para los ciudadanos", y añadió que el Ejecutivo, modificando la ley, quiere garantizar la "seguridad jurídica" y actuar en defensa "siempre" del interés general. "Por eso trabajamos para garantizar un escenario previsible y estable en interés de todos los operadores implicados", subrayó.

Así, dijo que ayer habló el poder judicial y "hoy y mañana" hablará el poder ejecutivo, dado que muchos ciudadanos compartirán con el Gobierno que comprar una casa es un "gran plan de inversión, pero también un gran plan de vida que debe contar con seguridad jurídica". "Nunca más los ciudadanos pagarán el impuesto de las hipotecas", aseguró.

El Gobierno ha aprobado este real decreto ley porque "quiere" que este impuesto lo pague la banca "y no la ciudadanía". Así, afirmó que quienes proponen la supresión de esta figura fiscal, en referencia a la propuesta del PP, deben hablar con los presidentes autonómicos para saber si están de acuerdo en perder capacidad recaudatoria, dado que se trata de un impuesto cedido a las comunidades.

"Hay un partido que dice que hay que suprimir un impuesto que nutre las arcas de las comunidades y cuando yo hablo con los presidentes autonómicos lo único que me piden son más recursos económicos, así que no me cuadran las cuentas; tendrán que ser coherentes y decir que si quieren menos recursos, quieren también tener un menor Estado de bienestar", reiteró.

Según Sánchez, con esta reforma del impuesto quedará "claro" y de forma "definitiva" que el pago de la cuota variable del impuesto de AJD en el caso de préstamos hipotecarios corresponderá "siempre" a los bancos y "nunca más" a los ciudadanos.

Autoridad independiente para proteger a los clientes

Además, con el objetivo de elevar la protección y los derechos de los clientes financieros, Sánchez ha anunciado que el Gobierno remitirá en las próximas semanas a las Cortes la creación de una Autoridad Independiente de protección de clientes financieros, con la intención de garantizar la seguridad jurídica "de todos y para todos".

Con esta autoridad independiente, se reforzará la protección ante potenciales abusos y se mejorará la capacidad de resolver conflictos financieros, ha explicado Sánchez.

Tanto la reforma de la ley para cambiar el sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados como la creación de la Autoridad independiente de protección a clientes financieros entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, según indicó.

Pide a los bancos que no la repercutan

Sobre la posibilidad de que los bancos puedan repercutir el pago del impuesto al coste de las hipotecas, Sánchez ha apelado a la responsabilidad del sector financiero para que no repercutan esta decisión en las comisiones y tipos de los préstamos hipotecarios. "Yo creo y espero que no (lo hagan)", ha dicho el presidente, que ha insistido en que lo que hace el Gobierno con este real decreto es aclarar la situación, garantizar la seguridad jurídica y fortalecer la igualdad.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que esta norma tendrá que ser convalidada por el Congreso y confía en que cuente con el apoyo de los grupos parlamentarios, incluido Unidos Podemos, que ha llamado a la movilización tras la rectificación del Supremo.

"Cada partido puede hacer la oposición como quiera (...). Esperamos que cuando llegue a la Cámara cuente con el apoyo de las fuerzas parlamentarias, también de Unidos Podemos", subrayó Sánchez, que apeló también a la responsabilidad del resto de partidos parlamentarios para que apoyen este cambio, sobre el que afirmó que, con matices, casi todas las formaciones están de acuerdo según se han pronunciado.

Posibilidad de acudir al Tribunal de la UE

Preguntado acerca de si los ciudadanos que han pagado el impuesto hipotecario hasta ahora podrán reclamar en los tribunales su devolución por responsabilidad patrimonial del Estado, el jefe del Ejecutivo afirmó que las reglas fiscales "no obedecen al principio de retroactividad", como así ha indicado la jurisprudencia, pero añadió que no le compete a él decir a los ciudadanos si tienen capacidad o no de acudir a los tribunales.

En este sentido, afirmó también que los ciudadanos que se sientan perjudicados "están en su derecho" de acudir al Tribunal de la UE, porque España es un Estado social y democrático de derecho. "Están en su absoluto derecho", se limitó a indicar Sánchez.

Por último, indicó que deben ser los medios y los ciudadanos quienes juzguen si la decisión del Gobierno es "populismo", y aseguró que este cambio en el impuesto se ha hecho en defensa del interés general, de la seguridad jurídica y de la salvaguarda de los derechos de todos los ciudadanos.

Reacciones al anuncio de Sánchez

Pablo Iglesias, líder de Podemos ha respondido al presidente del Gobierno criticando que se deje en el camino a los miles de ciudadanos que ya han pagado estos gastos y que no podrán recuperarlo.

Alberto Garzón, líder de IU ha hecho hincapié en el temor de muchos ciudadanos de que a partir de la aprobación de este cambio normativo, las entidades bancarias repercutan el coste del impuesto de actos jurídicos documentados sobre quienes contraten una hipoteca.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado a Pedro Sánchez, la supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre las hipotecas porque es "posible". Además, ha subrayado que esta medida costaría menos que los 1.600 millones que el Ejecutivo socialista "ha encontrado para transferir" al Gobierno catalán de Quim Torra, en alusión al acuerdo alcanzado con la Generalitat para aumentar un 30% la inversión en Cataluña.

Bloqueo de dos años y medio

A partir de este momento el Congreso puede retomar los trabajos de la ponencia de la Comisión de Economía y Empresa en torno al proyecto de ley de crédito inmobiliario, que busca incorporar en la regulación hipotecaria el reparto de gastos que asumen banco y consumidor a la hora de formalizar el contrato.

Precisamente, por esta razón la comisión optó por no cerrar la ponencia hasta conocer la decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, reunido este lunes y martes y en el que ha acordado volver a la situación existente desde el 95 en el que el Impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) lo soportaban los clientes.

Un retraso de más de dos años y medio

En todo caso, el reparto de los gastos hipotecarios no era la única de las cuestiones aún no resueltas en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, ya que aún no existe ningún acuerdo parlamentario acerca de asuntos como la cláusula de vencimiento anticipado o la transparencia material en las hipotecas.

En principio, según han informado a Europa Press fuentes de la comisión, los grupos trabajarán a partir de este martes para cerrar esta semana estas cuestiones en ponencia, y así poder someter a votación el texto resultante la próxima semana en comisión, y después en Pleno.

La prioridad del Gobierno es cerrar cuanto antes la ponencia para remitir en unas semanas el texto legal al Senado, ante el riesgo de una sanción por parte de la Comisión Europea por no trasponer en plazo una directiva que debía estar incorporada en el ordenamiento jurídico español hace ya más de dos años y medio.

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