El departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transportes por Carretera (CNTC), que es la entidad que reúne con el Gobierno a todos los agentes del sector del transporte, ha declarado tres jornadas de cierre patronal antes de Navidad por el "estado de abandono por parte del Gobierno", según han indicado en un comunicado.

Los cierres se llevarán a cabo entre el 20 y el 22 de diciembre, justo antes de Navidad, porque, como han subrayado desde la CNT, se ha "agotado la paciencia del sector", así como los canales "razonables" de negociación. Las empresas también acusan a sus clientes de una "absoluta falta de sensibilidad" por la presente coyuntura económica, así como de aprovecharse de su "posición de dominio" otorgada por la actual regulación.

La huelga parece inevitable, ya que como afirman desde la organización "solo un cambio radical y urgente por parte del Gobierno y clientes podría evitar este conflicto". La secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, ha asegurado que hay "margen" para que, de "manera serena y calmada", se busquen "soluciones para aliviar" la situación de los transportistas y que no se lleguen a producir los paros anunciados.

En el mismo sentido se ha expresado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que considera que "hay tiempo" para encontrar una solución a la huelga.

El sector lleva varios años de negociación "infructuosa" con el Ministerio de un paquete de reivindicaciones, entre las que se encuentran la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales o la lucha contra las llamadas "empresas buzón".

Los transportistas también reivindican desde hace años la aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible, así como que se cumpla el compromiso de que no se iba a implantar la Euroviñeta (peajes) ni el aumento de pesos y dimensiones de los vehículos sin contar con el sector.

A esta situación se une la "absoluta falta de sensibilidad" de los clientes, que se aprovechan de la posición de dominio que concede la regulación actual del contrato de transporte de mercancías por carretera, lo que está causando a su vez un importante problema de falta de conductores debido al trato "degradante e inhumano" que sufren en el desempeño de su trabajo, con largas esperas para la carga y descarga, robos de mercancía o intrusiones en los remolques por parte de las mafias de inmigración ilegal.

La huelga ha sido convocada por el departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transportes por Carretera (CNTC), que reúne a las principales organizaciones empresariales del sector del transporte, entre las que se encuentran la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) o la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), entre otras.

Del lado del Gobierno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que muchas de las reivindicaciones que piden las patronales del transporte exceden de las competencias del Gobierno. En concreto, ha explicado que estas peticiones se enmarcan en las "relaciones privadas" que tienen los transportistas con los cargadores.

En cualquier caso, la ministra ha puesto a disponibilidad del sector su Ministerio con el objetivo de que sirva de "mediador" para resolver todas estas diferencias. Asimismo, en todo lo que concierne a la responsabilidad del Gobierno, ha asegurado que habrá una "disposición total y absoluta a seguir hablando".

Hace tan solo unos días, tanto la secretaria general de Transportes, María José Rallo, como la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera, ya se reunieron con el sector para plantear medidas para resolver estas discrepancias, pero sin éxito.