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El aumento de los delitos de odio, especialmente los cometidos contra el colectivo LGTBI ha llevado al Gobierno a impulsar el debate de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, más conocida como Ley Zerolo, que lleva estancada en el Congreso de los Diputados desde que fue inscrita en el registro el pasado 21 de enero.
A pesar de haber sido aceptada su tramitación por la Cámara Baja, las sucesivas ampliaciones de plazo para presentar enmiendas a su articulado la tiene bloqueada. Tampoco ha ayudado a su debate y aprobación el enfrentamiento entre los socios de Gobierno por la supuesta apropiación de una iniciativa legislativa que Unidas Podemos considera que debería ser conjunta máxime cuando se trata de un tema incluido en las competencias del Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero. Desde el PSOE se niega esta relación y la desvinculan de la ley de libertad sexual impulsada por formación morada.
Se trata de una Ley impulsada en su día por el fallecido diputado socialista Pedro Zerolo que fue presentada con anterioridad en dos ocasiones en el Parlamento sin que se haya llegado a aprobar.
Según el Grupo Socialista, el texto pretende "garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación" para "hacer nuestra sociedad más igual y más justa".
Los socialistas plantean regular la "carga de prueba", de modo que sea el demandado quien tenga que aportar una justificación objetiva cuando una persona alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia.
Además, se establecen las consideraciones de discriminación directa e indirecta y se hace referencia a la discriminación directa que supone la denegación de "ajustes razonables" a las personas con discapacidad.
Los socialistas precisan que no se trata de una ley penal sino que aborda la tutela y reparación mediante el establecimiento de sanciones administrativas, porque, dicen los socialistas, "discriminar no puede salir gratis", y las sanciones irán gradualmente desde infracciones leves hasta muy graves.
La ley, según explican los socialistas, tiene como objeto esencial la incorporación en el marco jurídico español, al igual que en el resto de Europa, las directrices que la propia UE ya ha adoptado sobre el desarrollo de los artículos 1, 10, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantizan, respectivamente, el derecho a la dignidad humana, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
En su texto, los socialistas plantean la creación de un comisionado denominado "Autoridad para la igualdad de trato y la no discriminación", un organismo independiente y unipersonal, que contará con recursos de la Administración Pública, y que podrá investigar de oficio o por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación.
La propuesta busca también ampliar el concepto de discriminación al introducir la discriminación por asociación, la discriminación múltiple e interseccional, con el objetivo de erradicar, sancionar y reparar y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador.
La finalidad de la propuesta es que nadie pueda ser discriminado por razón de nacimiento, origen étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual o expresión de género, enfermedad, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.