Técnicos de Patrimonio de la Xunta, en colaboración con Patrimonio del Estado, elaborarán un informe sobre los bienes existentes en el Pazo de Meirás, para lo que tendrán un plazo de 20 días naturales, que podrían ser ampliables. Así se ha decidido después de que la comitiva judicial, con la presencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, Marta Canales, y la letrada de la Administración de Justicia, accediesen al interior del inmueble, junto a dos letrados de la Xunta, dos de la Abogacía del Estado, otro en representación de la familia Franco y el representante legal del Ayuntamiento de Sada (A Coruña). A ellos, se han sumado, cuatro técnicos de la Consellería de Cultura que han entrado al interior del inmueble pasadas las 10,10 horas, unos veinte minutos antes de la hora fijada para proceder al inicio del inventario.

Según han informado fuentes judiciales sobre lo sucedido hasta el momento en el interior del pazo --donde hay una amplia presencia de medios y también agentes de la Guardia Civil-- la pareja que vive en el pazo, los guardas, acompañaron a la comitiva judicial por el exterior y el interior del inmueble. Esta visita ha incluido la capilla donde están las estatuas de Isaac y Abraham, del Mestre Mateo.

Después de un recorrido para hacerse una composición del lugar, han apuntado estas fuentes sobre lo existente el inmueble, se acordó la realización de un vídeo y un reportaje fotográfico de los bienes que hay en el inmueble, tanto en el exterior como interior.

Para ello, la jueza dictará una resolución en la que se aclarará cómo hacerlo y dará a los representantes de Patrimonio de la Xunta, junta al técnico de Patrimonio del Estado, un plazo de 20 días naturales, que podría ampliarse si fuese necesario, para realizar un informe que recoja el inventario de los bienes.

Estas mismas fuentes han precisado que existe ya "una base, un inventario" cuándo se declaró el pazo Bien de Interés Cultural (BIC). No obstante, ahora se tratará de concretar todos los bienes existentes. El objetivo ha sido evitar cualquier traslado por parte de los Franco, lo que, tras la decisión judicial del lunes, no podrán hacer hasta que la jueza lo autorice.

La letrada de la Administración de Justicia, encargada de supervisar todo el trabajo que desarrollen los técnicos en el interior del inmueble, será la persona que se lleve al juzgado la tarjeta en la que quede recopilado todo el material fotográfico y de vídeo. Este material quedará bajo custodia judicial y se les facilitará una copia a los técnicos para que puedan realizar su informe sobre todos los bienes existentes en el inmueble, entre los que, además de obras de arte y otras piezas de valor histórico, se encuentra parte de la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán.