"Somos negativos, queremos salir". "¡Libertad!" . "Secuestro balear". Hasta el Corriere De la Sera se ha hecho eco de la situación de los jóvenes aislados en Mallorca después de una macrobrote que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias españolas. Son los gritos de los estudiantes españoles implicados en el macrobrote que resuenan entre los balcones blancos del hotel Bellver, muy cerca del paseo marítimo de Palma. Y no solo de los estudiantes. Los padres se organizan para denunciar legalmente que sus hijos se encuentren aislados cuando no pasa lo mismo con los turistas aunque los jueces no lo ven denunciable. El Govern ya ha pedido tranquilidad, pero deja clara su postura con una frase: "¿Que esas personas están forzadas a estar en un hotel puente? Es que eso es un aislamiento y una cuarentena". 18 jóvenes intentaron saltarse la cuarentena.

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha trasmitido "tranquilidad": "Los padres deben comprender la situación y estar tranquilos porque sus hijos están bien cuidados", ha asegurado. "No se está haciendo algo muy diferente, es el protocolo de siempre", ha señalado, a la vez que ha declinado responder sobre si este procedimiento es legal o no. "Los padres pueden hacer los trámites que crean preciso y se aclarará donde se tenga que aclarar", ha indicado sobre las denuncias de algunos padres.

El edificio alberga a 249 jóvenes, de los cuales 62 ya han dado positivo. Sin embargo, continúan afirmando que no están infectados y por eso claman por irse. "Pero no es verdad. Los escuché gritar de balcón en balcón preguntando por los resultados de las pruebas a las que se sometieron. Algunos dijeron que eran positivos ", nos dice Juan de 30 años. "En cualquier caso, incluso los chavales que dieron negativo en la prueba deben permanecer aislados durante 10 días, ya que son contactos cercanos de personas positivas". Y no, los turistas tampoco parecen contentos con los jóvenes. "Gritan todo el tiempo, ponen la música a todo volumen, sin importar quién está enfermo y quién necesita descansar. Es así durante 20 horas al día", confiesan al periódico italiano.

"Corren por los pasillos, incluso si está prohibido salir de tu habitación. Usan el teléfono fijo para hacer bromas telefónicas a otros huéspedes y a la recepción. Y así obstruyen la línea", continúa. Y luego están las guerras por la comida. Tiran frutas y platos de espaguetis desde los balcones.

Así que el hotel covid de Mallorca se ha convertido en un centro de pancartas protestas y cánticos. Protestas porque no entienden que aún dando negativo en las pruebas tengan que estar 10 días aislados. El Gobierno balear dice que son considerados contacto estrecho de positivo y que por protocolo tienen que guardar cuarentena. Se quejan también de los servicios del hotel y la comida. Pero hay que recordar que es un hotel medicalizado y esos servicios los pone el Gobierno Balear.

La realidad es que los contagios ahora se ceban con los jóvenes como paradigma está el megabrote de Baleares que sigue creciendo y que alcanza ya los 1.167 contagiados en toda España y mantiene a 4.796 personas en cuarentena.

Mientras tanto, la madre de uno de los estudiantes denunció a la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, por abuso y detención ilegal. La mujer, abogada de profesión, afirma que las autoridades sanitarias llevaron a su hijo menor al hotel Covid sin el consentimiento previo de los padres. Y varios ex alumnos se quejan de su trato en las redes sociales.

También un grupo de padres de diez alumnos del IES Góngora de la capital cordobesa que permanecen aislados en Mallorca por el Gobierno de Baleares ha presentado una denuncia por la vía penal contra la directora general de Salud Pública de la comunidad, María Antonia Font, y la Consejería de Salud balear por supuestamente retener de forma "indebida" a sus hijos en el hotel medicalizado Palma Bellver, pese a haber dado negativo en las PCR practicadas y no estar en el listado de las personas que tienen que confinarse. Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado y padre de una de las alumnas, Luis Espinosa, y han adelantado 'Diario Córdoba' y 'ABC', que han detallado que el grupo de jóvenes fue conducido el día 25 de junio a dicho hotel en ambulancia y bajo custodia policial por su posible vinculación al macrobrote.

Un día después, la Consejería de Sanidad de Baleares aprobó una resolución que no entró en vigor hasta el 27 de junio y que fue remitida posteriormente a los padres. En dicha resolución, se ordenaba el confinamiento forzoso en régimen de aislamiento bajo custodia policial de una serie de estudiantes, incluyendo en dos anexos los nombres, apellidos y DNI de los estudiantes afectados. Sin embargo, revisados dichos anexos, los nombres de estos diez jóvenes del IES Góngora, que salieron de Córdoba después de dar negativo en una PCR y que se sometieron a otra el día 26 en Mallorca que también dio negativo, no figuran en ninguno.

El letrado considera, por tanto, que la retención practicada vulnera derechos fundamentales de los jóvenes, dado que "no se les puede vincular de ningún modo al brote en cuestión", y que "se ha abusado de su disposición de colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido", al "convertir un acompañamiento voluntario cautelar en una retención indebida por agentes de seguridad del Estado".

Además, los jóvenes llegaron a Mallorca el día 22, "con autorización de la agencia de viajes que sigue unas normas que pone el Gobierno de Baleares, que tenían que ir con una prueba negativa", de manera que "todos eran negativos", según detalla, para remarcar que "ellos no han participado en ninguna de las macrofiestas, ni botellones que ha habido, porque las fiestas son del fin de semana del 18 y 19 de junio", y asegura que "no han estado en contacto con los positivos".

Espinosa insiste en que "pese a haber cumplido todos los requisitos sanitarios exigidos por las autoridades y sin justificación alguna", dado que "no hay resolución que explique su confinamiento, continúan en el hotel medicalizado, lo que les ha hecho perder los vuelos de regreso --previstos para el domingo-- y no poder disfrutar de las actividades programadas y autorizadas por el propio Gobierno balear", recalca.

Al respecto, el abogado y padre de una de las menores confía en que "se depuren las responsabilidades que pueda haber de todo tipo, personales, penales y patrimoniales", a la vez que se solicita al juzgado que "dé la orden inmediata de que dejen salir a los niños y puedan volver a sus lugares de origen". Asimismo, apunta que los diez siguen dando negativo tras dos pruebas, una el 21 y otra el 26, advirtiendo en este caso de las consecuencias y acciones que llevarán a cabo los padres "como se infecten" sus hijos ante "el descontrol" que tienen en Mallorca, a lo que agrega que "pretenden que estén hasta el día 6 de julio, cuando le realizarán otras pruebas, ¿en base a qué?", cuestiona.

En concreto, entienden que supuestamente se comete un delito por los funcionarios públicos contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes, el artículo 542 del Código Penal, que implica una pena de uno a cuatro años de inhabilitación absoluta para el funcionario que fuese condenado. Sí,. el ambiente el Mallorca se tensa, aunque el Govern pida tranquilidad y diga que esto es cosa de días.