La portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha asegurado que la reforma impulsada en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos para reformar el sistema de elección, y rebajar la mayoría necesaria de tres quintos para evitar el "bloqueo" del PP, contará con todas las "garantías jurídicas". Un movimiento y órdago para reformar el CGPJ, que lleva dos años de bloqueo por el que Europa ya ha señalado a España. Y lo ha hecho pidiendo una reforma sí, pero en la que los políticos tuvieran menos peso a la hora de la elección de los jueces. El Gobierno escucha a Europa solo en parte.

Montero no ha querido ofrecer más detalles sobre esa reforma, al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, argumentado que se trata de una iniciativa de los grupos parlamentarios y no del Gobierno. No obstante, sí ha reconocido que el hecho de que se haya presentado como proposición de ley directamente en la Cámara Baja "probablemente pueda aportar una mayor agilidad".

La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso esa reforma evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyecto de ley que tramita el Consejo de Ministros. Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses. Preguntada sobre si el Gobierno ha querido evitar tener que pedir esos informes al optar por este procedimiento, Montero se ha limitado defender que la iniciativa legislativa no solo corresponde al Ejecutivo sino también a los grupos parlamentarios y que, en este caso, han sido ellos los que la han ejercido, para reformar la ley orgánica del poder judicial.

"Ambas cuestiones son igualmente legítimas y democráticas. En este caso le ha correspondido a los grupos políticos que en el día de hoy han anunciado esta iniciativa, al igual que el PP anuncia otras medidas que se desarrollan y se discuten en el seno del legislativo", ha apostillado. Así, ha negado que esta decisión tenga "ninguna voluntad ni intencionalidad" aunque, eso sí, ha admitido que "probablemente pueda aportar una mayor agilidad" que se tramite desde el Congreso. "Pero desde luego el Gobierno ni ha debatido acerca de esta cuestión, ni tienen ningún interés en que sean los grupos los que presenten de una u otra forma esta iniciativa", ha ahondado.

A pesar de que el fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que avanzó hace menos de dos semanas que iban a trabajar en esta reforma para sortear el "bloqueo" del PP, Montero ha insistido este martes en varias ocasiones en desvincular al Ejecutivo de la citada iniciativa presentada por los portavoces del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente. "La iniciativa que hemos conocido corresponde a los grupos, en el marco del contexto legislativo, y por tanto les corresponde a ellos explicar y transmitir el por qué han puesto encima de la mesa esta iniciativa", ha asegurado.

La propia Montero afirmó la semana pasada que el Ministerio de Justicia estaba trabajando en esta reforma junto al Grupo Socialista, y que se encontraban en una fase de "conversaciones discretas" con el resto de partidos. También aseguró que la reforma se haría "tras un estudio pausado, mucho debate y mucho diálogo, y con todo el consenso posible", sin "tomar decisiones precipitadas".

En todo caso, aunque ha desvinculado al Gobierno, Montero ha querido dejar claro que no tienen "ninguna inquietud" respecto a que cualquier iniciativa que presenten el PSOE y Unidas Podemos "contará con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo.

A este respecto, ha criticado que el PP ya haya anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. "Me parece una sin razón que digan públicamente que se niegan a cumplir el mandato constitucional y cuando determinados grupos de la cámara buscan fórmulas para salir de la situación de bloqueo, anuncien sin conocer el texto un recurso ante el TC", ha denunciado. "Si lo que pretende es que se cumpla la Constitución, no interponga recursos, desbloquee usted", ha espetado Montero al líder del PP, Pablo Casado, antes de pedirle que "salga" de su "incoherencia" y "arrime el hombro".

La reforma 'exprés' para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones --que lo califican de "inconstitucional"-- a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ven como alternativa al bloqueo actual.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --mayoritaria-- se muestra contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar ha señalado en declaraciones a Europa Press que es una modificación "abiertamente inconstitucional" porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las cortes. Además, añade que la vía de la proposición de ley también "plantea serias dudas de incosntitucionalidad" porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, "algo básico en la cuestión". Almenar ha explicado por otro lado que no se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años, y las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.

"Tenemos la certeza de que es inconstitucional y mostramos nuestro absoluto rechazo", ha apuntado, para luego vaticinar que generará una reacción por parte de organismos europeos. "Una infracción de los valores que inspiran la Unión Europea tiene sus consecuencias, y ha llevado a avisos de expulsión a países como Polonia o Hungría", ha añadido.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un "despropósito" y va "en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho".

En junio de este año el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, advirtió de la falta de independencia judicial si no se modificaba el sistema de elección de vocales actual. Por eso desde el Foro Judicial Independiente (FJI) insisten en que lo que se debe hacer es cumplir con esas recomendaciones y volver al sistema mixto de designación, en el que parte de los vocales sean elegidos en el seno del Poder Judicial.

Desde Jueces y juezas para la democracia han defendido sin embargo que si bien lo más adecuado es renovar el CGPJ con la ley actual, ven "lógico" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo entre PSOE y PP. Así, lo ha señalado su portavoz, Ascensión Martín, quien ha insistido en que ambos grupos políticos deberían ponerse de acuerdo antes de acometer la reforma, pero ve normal que se prepare un plan alternativo dado que el órgano lleva en funciones casi dos años. "No es deseable que haya ninguna reforma legal porque el país debe emplearse en la pandemia, pero si llega enero y se niegan a renovar, deberá actuar", ha apuntado, añadiendo que desde su asociación ven adecuado que la ley se mejore pero tras el acuerdo.

La propuesta tampoco ha caído en gracia en sectores del Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados precisamente por el CGPJ, y que recuerdan que no tiene sentido que la Constitución imponga mayoría de tres quintos para que las cortes puedan elegir a los ocho vocales no judiciales y que sea otra mayoría la que necesiten las cortes para nombrar a los doce vocales judiciales.

La Constitución no establece la mayoría precisa para nombrar a los 12 vocales judiciales, porque lo que se representaba, "con una imprecisión en la redacción de la que se han aprovechado los políticos", según las fuentes consultadas, es que los doce vocales judiciales fueran nombrados por los jueces y que las cortes solo nombraran a ocho vocales con mayoría reforzada. "Pero si se aprovecha la mala redacción de la Constitución, porque no dice expresamente que los 12 vocales judiciales los nombren los jueces, y se optó en 1985 porque todos los vocales sean nombrados por las Cortes, lo que no tiene explicación constitucional es que para nombrar a los ocho vocales no judiciales la Constitución exija a las Cortes mayoría de tres quintos, pero para los judiciales, que son la mayor parte del órgano, se exija un apoyo inferior", añaden

Así, las fuentes consultadas inciden en que la mayoría reforzada viene exigida "como precaución para que el Poder Judicial no se nombre por la misma mayoría parlamentaria que nombra al Ejecutivo, y es así precisamente para que la mayoría parlamentaria no pueda convertir al consejo general del poder judicial en un organismo que sea correa de transmisión de un partido".

El sistema que se sugiere con la reforma, anunciada además por un vía distinta a la presentación de un Anteproyecto, destroza políticamente la credibilidad de independencia. "Si ya se criticaba la imparcialidad política del CGPJ, porque lo nombraba todo el espectro político puesto de acuerdo, así sería ya intolerable, porque lo nombraría la mayoría ideológica que surge después de cada proceso electoral", dicen los magistrados consultados. "No hay ningún país democrático que lo practique. Ninguno", agregan.

El anuncio ha suscitado fuertes críticas en el sector más conservador del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y así lo ha señala el vocal José María Macías quien ha criticado en recientes artículos lo que denomina "la vía polaca" de Podemos, el sector del Gobierno al que atribuye la idea de esta reforma. A su juicio, lo ocurrido este martes no supone más que "copiar paso por paso" lo que ha ocurrido en el Poder Judicial polaco, donde también se eludieron informes para implementar una reforma que ha sido duramente respondida por la UE, hasta el punto de peligrar los fondos que el citado país puede recibir para su lucha contra la pandemia.

El Tratado de la UE, según explica Macías, exige a los jueces que vayan a aplicar el derecho de la Unión que reúnan una serie de requisitos, entre los que se encuentran la neutralidad política del órgano que los nombra. "Pero s que en España todos los jueces aplican derecho de la UE y por tanto las exigencias de neutralidad políticadel órgano que nombra los jueces deben estar presentes en nuestra legislacion", insiste el vocal, nombrado a propuesta del PP

Añade que también el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) señala que deberían ser los propios jueces los que designen a los doce vocales de origen judicial. "Y ahora la propuesta es emperorarlo -lamenta-. Pareciera que los aforados quieren un órgano que nombre según sus intereses a los jueces que en el futuro pueden entender de causas que les afecten".

Por su parte, el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha considerado que "han sido ya demasiadas las reformas sobre el modo de elección de los vocales del CGPJ", indicando que "estar reformando constantemente esto no es bueno para nadie" porque genera incertidumbre.

Estévez ha abogado por una modificación que tenga "pleno consenso de todos los partidos o al menos de los partidos mayoritarios", ya que "todo lo que no pase por ahí (...) va a dar lugar casi con toda seguridad a una contrarreforma". Así, ha reclamado un "gran pacto" que dé "estabilidad" a lo acordado, de modo que "tenga vocación de durar mucho".