Un mes. Ese es el plazo que el Gobierno da al Ejecutivo de la Región de Murcia para que retire el denominado ‘pin parental’ que está en el foco del debate político. Lo ha anunciado este lunes la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en un acto de los socialistas vascos celebrado en Llodio, Álava.

Tal como ha expresado, su Ministerio formalizará un recurso por la vía contencioso-administrativa dentro de un mes si no obtiene respuesta del Gobierno regional de PP y Ciudadanos al requerimiento remitido el viernes pasado. En este sentido, ha destacado que se descarta intervenir la autonomía murciana por esta cuestión. La ministra ha asegurado que el Gobierno "no" baraja esa opción: "Vamos a ir viendo", ha dicho, resaltando que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que "reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado".

“No queremos ir a los tribunales”, ha dicho, Isabel Celaá, apelando a la "sensatez y la moderación". El jueves pasado, la propia ministra anunciaba que recurriría por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como el 'pin parental', una medida que considera "ilegal".

La Consejería de Educación de la Región de Murcia incluyó en sus instrucciones a los centros educativos la obligación de "dar conocimiento a la familias" de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y fuesen impartidas por personal ajeno al centro. Todo para que las familias "puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".

Por otro lado, lanzando un reproche a los de Pablo Casado, Celaá ha recordado que fue el PP el que, a través de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como 'ley Wert', "retiró" a los padres y madres la "capacidad decisoria" que, a través de su presencia en los consejos escolares, tenían sobre las actividades y programas de los centros educativos de sus hijos.

De esta forma, se ha referido a uno de los aspectos más polémicos de la LOMCE, reforma educativa aprobada en 2013 con el único apoyo del PP. Diversas plataformas educativas han denunciado desde entonces que esta norma, aún en vigor, ha reducido el papel de los consejos escolares –de los que forman parte los padres y madres de alumnos–, otorgándoles un papel más consultivo que decisorio en el control y gestión de los centros.

"Ellos retiraron en la LOMCE la capacidad decisoria de los padres y madres en los consejos escolares", ha denunciado, destacando que antes de la aprobación de dicha ley, los progenitores de los alumnos no eran "meros testigos" como ahora, y que tenían "voz" en la toma de decisiones sobre las actividades de los centros.

Además, ha recordado al líder del PP, Pablo Casado, que el currículum que actualmente se imparte en los centros de enseñanza "sale" de la LOMCE, y ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP "asuma de manera automática y acrítica" una propuesta que, como la del 'pin parental', plantea recortar un currículum diseñado a partir de una ley del Partido Popular.

Celaá ha respondido a quienes defienden este sistema como una herramienta de "libertad". "Pongamos la cuestión en su justo punto. De lo que hay que hablar es de la libertad y del derecho superior del alumno, y de la gran capacidad que tienen los padres para acordar o no determinadas cuestiones dentro de los consejos escolares y de la autonomía de los centros educativos", ha añadido.

Por ese motivo, ha afirmado que lo que defienden Vox y el PP es, en realidad, un "veto parental", ya que lo que se pretende mediante este sistema es "modificar el tronco curricular de obligado cumplimiento para el alumno".

Celaá ha subrayado que el 'pin parental' pretende atribuir a los padres la facultad de decidir si sus hijos participan o no en actividades que "no son voluntarias", sino "complementarias", por lo que forman parte del currículum. "Son actividades obligatorias y evaluables", ha manifestado.

De esa forma, ha expresado su "extrañeza" ante el hecho de que a través de esta medida se pretenda "cercenar el derecho del alumno a una educación integral, al libre desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios constitucionales de la convivencia y de los derechos y libertades fundamentales".

La ministra se ha mostrado "sorprendida" ante la reacción de los principales dirigentes del PP a la exigencia que les ha planteado Vox para aplicar el 'pin parental'. "Siguen de manera automática y acrítica el mismo discurso, exactamente, que el que hace Vox", ha afirmado. Celaá ha contrastado esta actitud del PP con la de Ciudadanos, formación que ha expresado un cierto distanciamiento ante el 'pin parental'. "No parece que sea el mismo discurso", ha dicho.

La responsable de Educación del Gobierno, que ha negado que el Estado tenga la propiedad sobre "nadie", ha precisado que España es "un estado social y democrático de derecho" en el que todos los ciudadanos e instituciones están sometidos a ciertos "controles".