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El Gobierno pretende contar con la complicidad de los medios de comunicación en su intento de perseguir las llamadas “fake news”. Así lo recoge el llamado “Procedimiento de actuación contra la desinformación” que acaba de aprobar, destinado a monitorizar la información, con el fin de evitar la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios".
El acceso a la información veraz es "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas", argumenta el Ejecutivo, señalando que este es el fundamento en el que se basa la orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo.
La ejecución del plan contra las noticias falsas correrá a cargo de un amplio dispositivo, en el que participan el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, en última instancia, el sector privado y la sociedad civil.
Con su apelación al sector privado, el Gobierno viene a decir que contempla la posibilidad recurrir a las empresas de comunicación, y solicitar la contribución que considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. La pretensión es que colaboren "con acciones como la identificación” de esas noticias falsas y absteniéndose, además, de contribuir a su difusión.
Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.
La macro estructura diseñada por el Gobierno ha llevado a Vox a bautizarla como “el ministerio de la Verdad”. El partido de ultra derecha ha reaccionado de inmediato en las redes sociales contra la iniciativa del ejecutivo. “El Gobierno crea un Ministerio de la Verdad para controlar las opiniones de los españoles en las redes sociales y censurar a los medios que no le aplauden”, dice un tuit colgado por Rocío Monasterio, de Vox.
En similares términos se ha pronunciado el Partido Popular. Su vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos, ha sido el primero en dar la voz de alarma. “Es un auténtico escándalo. El Gobierno se arroga la potestad de decidir qué es una noticia falsa o verdadera. ¿Van a censurar aquellas noticias que no les gustan? ¿Van a poner multas a los periodistas? El Gobierno tendrá en frente al PP en defensa de la libertad de información", ha tuiteado Montesinos.
Poco después, el propio Pablo Casado le ha tomado el relevo: "El Gobierno aprueba una orden para "vigilar” a los medios y “perseguir” lo que el gabinete de Sánchez considere "desinformación". No solo atacan a la prensa crítica y señalan periodistas sino que crean un orwelliano “Ministerio de la Verdad”, ha escrito en las redes el presidente del PP, usando la misma expresión que Vox.
"Un ataque intolerable a la democracia", concluye Casado sumándose a la catarata de reacciones que ha desatado en la red la publicación del plan. Algunas de ellas, como la del propio Pablo Casado, ponen el foco en uno de los párrafos de la orden en el que se cita, como objetivo, el “examinar el pluralismo de los medios”. Casado la añade subrayada en su tuit.
En concreto, lo que hace la orden es recoger las líneas estratégicas del llamado European Democracy Action Plan, acordado entre los países de la Unión para coordinar la lucha contra la desinformación. Una de esas líneas estratégicas se refiere a las garantías para que los procesos electorales sean justos. Otra, al examen de los medios que se usan para interferir en los procesos democráticos. Otra, que es la más cuestionada, habla de “fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil”.
El Ejecutivo, de hecho, justifica su plan subrayando que pretende cumplir con los requerimientos de la Unión Europea, e implementar en España las políticas y estrategias promulgadas en el ámbito de la lucha contra la desinformación. Para ello, explican que urge redefinir los aspectos implicados mediante la identificación de los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema, y marcar el procedimiento sus actuaciones.
“La información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos y, entre otros derechos democráticos, en los procesos electorales", se dice en la orden publicada este jueves. "Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada" de las propias 'fake news', se añade para redundar en las razones por las que se ha puesto en marcha el nuevo plan.
Inuficientes argumentos para un PP que acompaña sus quejas con la petición de dos comparecencias parlamentarias para explicar qué es lo que el Gobierno pretende en concreto. La de la vicepresidenta Carmen Calvo en la Comisión Constitucional y la del jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, en la de Calidad Democrática.
La llamada “actuación contra la desinformación” se va articular en cuatro niveles.
La denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaria de Estado de Comunicación y presidida por el director del Departamento de Seguridad Nacional, e integrada por representantes de Defensa, Interior, Exteriores, y del Ministerio de Asuntos Económicos.
La responsabilidad de esta comisión será elaborar la propuesta de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación al Consejo de Seguridad Nacional, y para ello podrán convocar en calidad de expertos a funcionarios, cargos autonómicos e, incluso, a representantes del sector privado.