El Gobierno ha emprendido contactos con los diferentes grupos parlamentarios para sondear la posibilidad de aprobar una nueva prórroga del estado de alarma que, en vez de 15 días dure un mes, y así poder completar con garantías el plan de desescalada hasta finales de junio. La propuesta es que sea más flexible y con mayor autonomía para que cada comunidad decida sus medidas.

El Gobierno sabe que la prórroga del último estado de alarma les quitó el sueño. Arrimadas, en un giro estratégico, les dio la red que necesitaban tras la abstención de Casado y la negativa de ERC a un apoyo que denota que el pacto de izquierdas, diga lo que diga Calvo, hace aguas. Hasta Echenique pide la colaboración de todos los grupos parlamentarios. La idea del Gobierno es alargar el estado de alarma hasta que se acabe la desescalada. Y se aferra a Ciudadanos para lograrlo.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está sondeando a los grupos para buscar fórmulas legales y parlamentarias que permitan culminar la desescalada, entre las que está, según han confirmado fuentes parlamentarias, una prórroga del estado de alarma por un mes y no de quince días como hasta ahora.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado este martes estos contactos de la vicepresidenta, que se limitan por el momento a explorar las vías con las que acabar la desescalada de la forma más consensuada posible, después de que la votación de la última prórroga de la alarma saliera adelante tras muchas dificultades y una ardua negociación.

En la votación para la cuarta prórroga, finalmente Ciudadanos y el PNV votaron a favor tras negociar con el Ejecutivo, pero ERC votó en contra y el PP se abstuvo, aunque anunció que votaría en contra de la siguiente prórroga.

Tras conocer esta propuesta a través de los medios, Ciudadanos insiste en que será exigente con el Gobierno y con las condiciones pactadas, pero pensando en el interés general de los españoles siempre en cada votación en el Congreso y ha avisado: "No aseguramos ningún apoyo a iniciativas del Gobierno si cada una de ellas no va precedida de diálogo y negociación".

El líder del PP, Pablo Casado, ya ha advertido este mediodía que su partido no apoyará más prórrogas del estado de alarma. Fuentes de la dirección de los populares han confirmado después a Efe que Casado habló ayer con Calvo y le planteó como alternativa un "plan de desescalada jurídica" que ha presentado este martes. Casado ha exigido al presidente del Gobierno salir "cuanto antes" de la excepcionalidad que rige en España desde la declaración del estado de alarma, ya que se trata de un tipo constitucional "absolutamente desbordado" que "no debe" vincularse a la desescalada iniciada ante la pandemia del Covid-19. Pero no parece que Sánchez espere nada de Casado ya. Y al revés ocurre lo mismo.

La Constitución marca sólo el periodo que debe tener el estado de alarma cuando se decreta por primera vez, por un tiempo máximo de quince días, pero no lo marca para las prórrogas. Una cuestión que ha recordado en varias ocasiones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar que, si el Gobierno ha estado pidiendo la prórroga cada quince días, ha sido para acudir con esa periodicidad al Congreso a dar cuenta de su gestión en la crisis del coronavirus y pedir el apoyo de los partidos para dicha prórroga.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ya anunció que quería mantener el estado de alarma vigente, aunque se hagan variaciones, hasta "la vuelta a la nueva normalidad" o hasta que deje ser necesario limitar la movilidad de los ciudadanos, ya que es el instrumento legal "más garantista" que tiene la Constitución para restringir derechos fundamentales de los ciudadanos.

"El estado de alarma es un mecanismo que es necesario para hacer el ejercicio de la restricción de los derechos de los ciudadanos, por eso no es un instrumento caprichoso y no es vocación del Gobierno mantenerlo más allá del tiempo que sea preciso para que todo el trabajo realizado previamente no se tire por tierra", ha explicado. En este sentido, ha recalcado que las razones para mantener este instrumento no son "políticas", sino "fundamentalmente técnicas" y "sanitarias" por la "necesidad de ordenar la movilidad de la población y la "necesidad jurídica", teniendo en cuenta que es "el elemento más garantista".

Además, dejaba claro que el Gobierno cree que el "tiempo necesario" que debe estar vigente alcanza "hasta esa vuelta a la normalidad o al menos hasta que las fases de la desescalada no obliguen a que haya movilidad restringida por parte de los ciudadanos".

Según el plan aprobado por el Gobierno, la libre movilidad no será total hasta que todas las áreas territoriales alcancen esa última fase de "nueva movilidad", ya que hasta ese momento seguirá estando prohibido desplazarse entre áreas que no haya llegado hasta esa última etapa. Y esa "nueva normalidad" podría no ser efectiva en todas las regiones hasta finales de junio según las previsiones anunciadas por el Gobierno cuando explicó la aplicación de las cuatro fases de desescalada.

"El decreto de estado de alarma es el único instrumento constitucional que garantiza y tiene todas las garantías cuando se trata de restringir derechos fundamentales como la movilidad de todos los ciudadanos. Y es una medida que obliga a que sea el Congreso el que dé el visto bueno, nada comparable con ningún tipo de ley orgánica u ordinaria, por muchas modificaciones que se produjeran", ha afirmado en varias ocasiones.

"El decreto de estado de alarma no es ningún tipo de programa político. Es un instrumento, el más garantista que tiene la Constitución para que se pueda, en una situación extraordinaria, restringir algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la movilidad, que hay que contraponer al derecho a la salud colectiva", ha recalcado.

En todo caso, ha recordado que los decretos de alarma que se vayan aprobado "no tienen que ser iguales", sino que se pueden ir incluyendo nuevos elementos, como la cogobernanza que se ha introducido en el último.

A este respecto, ha señalado que tampoco la movilidad funcional igual que cuando se decretó por primera vez el estado de alarma. "Ahora las personas pueden salir de manera ordenada pero requiere todavía tener esta herramienta legal plenamente constitucional y más garantista que cualquiera de las leyes ordinarias", ha insistido.

Pero Arrimadas es necesaria, cada vez más. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Cs, Inés Arrimadas, han expresado hoy mismo su voluntad de seguir trabajando para lograr acuerdos futuros en el marco de la crisis del coronavirus después de mantener una conversación telefónica este martes.

Mantener contactos semanales es una de las exigencias que le puso Arrimadas al Gobierno para apoyar la semana pasada la cuarta prórroga del estado de alarma y es en este contexto en el que se ha celebrado esta conversación, que se repetirá periódicamente tal como han acordado ambos.

A través de sendos comunicados, tanto Sánchez como Arrimadas han expresado también que la conversación ha sido "cordial", al tiempo que el partido naranja ha recalcado que Cs "seguirá siendo exigente con el Gobierno" y con las condiciones pactadas, "pensando siempre en el interés general de los españoles".

Los otros dos requisitos que la líder de Cs exigió a Sánchez a cambio de su voto favorable fue la desvinculación de los ERTE y las ayudas sociales del estado de alarma, algo en lo que creen que se ha avanzado, y un plan B de desescalada con todas las garantías, una vez que decaiga el estado de alarma. El PSOE quién lo iba a decir, se aferra a Ciudadanos. Veremos lo que le dicen al respecto sus socios nacionalistas. Pero el Gobierno quiere estado de alarma hasta que se acabe un confinamiento que est´ça siendo una pesadilla para el Ejecutivo.