El debate sobre la actualización del delito de rebelión ha resurgido después de que el pasado miércoles 24 de octubre, Pedro Sánchez coincidiera con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Pleno del Congreso. Este advirtió que en Cataluña no puede hablarse de intento de golpe de Estado durante el 1-O porque no se usó la fuerza.

En su turno de palabra, el Presidente del Gobierno recordó que en 1994 el diputado del PP Federico Trillo defendió que este delito solo lo podían cometer militares o civiles armados. Un gesto, que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Sevilla, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, ha especificado que no era para acercarse al independentismo y mucho menos, para incidir en el poder judicial. A su juicio, lo sacó a colación “la creciente derechización” del PP y Ciudadanos

Por tanto, ha añadido que Sánchez no “pretendía orientar” al poder judicial hacia ninguna parte, pese a que fuentes del Tribunal Supremo hayan manifestado al diario El Mundo su malestar por el que consideran un intento de presión. “El Gobierno no marca el paso a nadie. Y si verdaderamente los tribunales son independientes no tienen por qué alterar su paso”, ha explicado. Asimismo, el Gobierno ha recalcado que “no tiene ningún plan para modificar el delito de rebelión”.

Cambio de opinión

El Partido Popular ha difundido a través de sus redes sociales un vídeo de una entrevista que Pedro Sánchez realizó el pasado me de mayo. Entonces aseguró que “clarísimamente” en España se había producido un “delito de rebelión” y “sedición”. Los populares creen, por tanto, que hay un “cambio de opinión” del presidente del Gobierno.

“La cuestión sería decir o reflexionar sobre: ¿lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión?”, reflexionó el entonces líder de la oposición en dicha entrevista. Tras esto añadió: “Yo creo que lógicamente lo es. Creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que, en consecuencia, deberían ser extraditados esos responsables políticos a España”.

"Ningún tipo de instrucción"

Sobre esas posibles dudas, Celaá ha afirmado que el Ejecutivo “ni tiene dudas ni deja de tenerlas” y se mantiene a la espera de conocer los escritos de acusación que la Fiscalía y la Abogacía del estado tienen que presentar contra los acusados del procés.

La portavoz ha insistido en que la Fiscalía "no recibe ningún tipo de instrucción del Gobierno" y "actúa en defensa de los intereses generales siendo autónoma e imparcial". Por lo que se refiere a la Abogacía del Estado, que tiene intención de tener su escrito preparado para el 2 de noviembre, está trabajando con "criterios estrictamente jurídicos y técnicos". "Este Gobierno no da instrucciones a la Abogacía del Estado", ha sentenciado.