Aunque al asunto aún le queda cuerda para rato, Alberto Garzón disfruta de unos primeros instantes de respiro tras el vendaval desatado por sus declaraciones a The Guardian. Lo esencial es que ha pasado ya un tiempo, y eso desgasta hasta las más encendidas polémicas. Pero no es solo eso.
Varias entrevistas le han dado ocasión al ministro de Consumo de aclarar lo que dijo, o quiso decir, sobre la carne española. En ningún caso dar a entender que es de “mala” calidad, ha insistido, apuntando además que hubo algo de “malicia” en la transcripción de sus palabras. Ha tenido, además, una primera cita con una parte de los ganaderos agraviados, en la que ambas partes han escenificado un atisbo de reconciliación. Y ha aparecido en el Gobierno, y esto es también es relevante, una primera voz que se ha pronunciado abiertamente en contra de que la polémica deba suponer su salida de Moncloa, en contraste con otras que se habían limitado a dar la callada por respuesta. Entre unas cosas y otras han llevado la polémica a un momento valle.
Ha sido la de Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera, la voz que ha acabado con el silencio incómodo con el que otros ministros han respondido a la pregunta directa de si Garzón debe abandonar el gabinete. “No creo que haya un motivo ni para cesar ni para dimitir”, afirmó sin embargo sin rodeos la ministra de Transición Ecológica, que por cierto no tiene carnet del PSOE.
A ninguno de sus compañeros se le había escuchado decirlo tan claro. La cuestión es ver si ahora marca tendencia. Si la de Ribera es una opinión aislada o la avanzadilla de un cambio de estrategia de los socialistas, ante el temor a que el ímpetu y las prisas con las que se desmarcaron del ministro Garzón y sus críticas a las macrogranjas se les acaben volviendo en contra. Que por poner distancia con Garzón para buscar el favor del sector ganadero, el PSOE se ponga en el punto de mira electoral de los muchos en ese sector que atacaron al ministro aun estando, como él, en contra de ese tipo de instalaciones.
Es el caso de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, que este jueves se sentó con Garzón, en su ministerio, en un aparente intento por empezar a desenredar el monumental nudo en que ha derivado su famosa entrevista. La reunión era “necesaria”, según dijo Lorenzo Ramos, secretario general de esta organización, una de las que pidieron al ministro que dimitiera o rectificara.
Ramos, concluido el encuentro, entendía que Garzón ha matizado lo que dijo y que ellos le han podido trasladar su mensaje. En esencia, que la calidad de la carne española no se puede poner en entredicho y que la propia Agencia de Calidad Alimentaria, dependiente de Consumo, la califica de excelente en un 99’9%. “Le hemos pedido al ministro que no se hable de que la carne no tiene calidad”, enfatizó Ramos. De lo de la dimisión no dijo nada.
El líder de los pequeños agricultores lamentó además que el tema se haya “politizado por las elecciones”. Y cree que lo que procede a estas alturas es hacer “pedagogía” y evitar sembrar más dudas. La UPA, según dijo, está en contra del maltrato y las prácticas fraudulentas”. Y, es más, también “contra de las explotaciones que vayan contra nuestro modelo”, según dijo apelando a las macrogranjas a las que hizo referencia Garzón. En su opinión, de hecho, “el debate de las macrogranjas habrá que verlo cuando se defina que es una macroganja”. A estas alturas, y pese a los ríos de tinta a los que están dando lugar, aún no están oficialmente definidas.
El caso es que entre que han hablado menos ministros (quizás porque muchos lo habían hecho ya antes); las palabras de Ribera, las explicaciones del propio Garzón y lo que parece una tregua con parte de los representantes del campo se intuye una bajada de decibelios donde antes había un estruendo. Lo que no quita para que el PP mantenga la intensidad de sus ataques.
El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el que esta vez ha estado al frente de esas críticas. Acusa a Garzón de estar "atentando contra lo más sagrado", en referencia a la producción española de carne, y ataca por elevación al presidente Sánchez. Dice que ha quedado en una situación "ridícula" porque el episodio revela, según él, que "no manda en el Gobierno", como prueba a su juicio que Garzón siga en su puesto, "blindado por el simple hecho de ser de un partido diferente".
Los populares no aflojan e intentaron este jueves, sin éxito, ensayar en las Cortes de Castilla-La Mancha su recién emprendida campaña contra el titular de Consumo. Proponían reprobarle, pero el PSOE se negó a respaldar una iniciativa que llevaba carga de profundidad también en su contra. El PP quería retratar a los socialistas, y hacer ver si están o no con el ministro al que tanto ha criticado el presidente castellano manchego, Emiliano García-Page.
El propio Page defendió que la negativa es porque "los parlamentos no son tribunales inquisitoriales" y porque "una cosa es defender la carne y otra que los parlamentos se conviertan en carnicerías políticas", como entiende que pretende el PP. Con su mayoría absoluta, Page dice que podría estar todos los jueves reprobando a miembros del PP, pero cree que los Parlamentos son para llegar a consensos y hacer leyes. "No para tirarse los trastos a la cabeza todos los días".
Era el argumento de quien ha sido el barón socialista más incisivo contra Garzón, al que aún este jueves dedicaba una nueva salva de críticas. Dice que el ministro no puede defenderse "inventando" que lo que ha dicho es un bulo, una campaña, o la obra de un lobyy. Le aconseja que cuando se mete la pata, -"todos la metemos", admite- "hay que sacarla rápida".
Continuará.