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Cuando esta semana, el Gobierno llegaba a un acuerdo con la Conferencia Episcopal, que asumía un millar de errores en las inmatriculaciones de 35.000 bienes que ha hecho suyos en los registros de la propiedad de toda España desde 1998, en el ayuntamiento de Posadas, en Córdoba miraron si en la lista estaba su local de cazadores, pero no.
En ese consistorio nadie se explica por se inmatriculó ese local, cercano a la iglesia pero que nunca ha tenido actividad religiosa. Rafa Fenoy, concejal de Turismo de la localidad, explica a NIUS que el local está dentro del inventario de bienes del ayuntamiento, aunque no es la única propiedad de Posadas que la Iglesia ha hecho suyos.
El local de cazadores se construyó en los años sesenta junto a otros locales, que el ayuntamiento levantó para alquilar a vecinos del pueblo. En el caso de este local, se convirtió en una imprenta, pero en 2015, la Diócesis de Córdoba lo registró como propio sin que nadie en la corporación se enterara hasta tiempo después.
Para entonces, el ayuntamiento se lo había cedido a una asociación de cazadores y sigue siéndolo, pero la propiedad, a efectos oficiales, es del clero. Fenoy apunta a la posiiblidad de llevar el caso a la Justicia europea, aunque de momento la decisión no está tomada.
No es la única propiedad municipal que ha sido inmatriculada en Posadas. Lo mismo ha ocurrido con la parcela que ocupa la Parroquia de Santa María de las Flores, incluida una parte de la plaza pública que hay allí; los terrenos anexos a una ermita; y otro paraje que depende de la Confederación Hidrográfica.
Lo de Posadas es un ejemplo de lo que ha ocurrido en muchos lugares con todo tipo de propiedades. Chalets, frontones, como el de Lizoain, en Navarra; plazas de pueblos, como la de los Santos Niños, en Alcalá de Henares (Madrid); locales construidos por los vecinos, como en el caso de Topares, en Almería; o inlcluso Castillos como el de Castillo de Garcimuñoz, en Cuenca; forman parte de la lista con la que la Iglesia se ha hecho. Los teleclubs, locales donde en los 50 y 60 los vecinos de los pueblos se reunían para ver televisión, se han inmatriculado en muchas localidades.
Los errores que ha admitido la Conferencia Episcopal son templos y terrenos que en la mayoría de los casos se habían anotado por duplicado, están bajo pantanos o pertenecían a otras congregaciones religiosas. Por eso, para la asociación Recuperando se trata de "migajas", porque en realidad, las inmatriculaciones empezaron en 1946, con la Ley hipotecaria del Franquismo. Según Antonio Manuel Rodríguez, uno de sus miembros, hablamos de más de 100.000 bienes y entre ellos hay todo tipo de propiedades.
Desde la reforma de Aznar, en 1998, se han producido 35.000 inmatriculaciones, porque lo que permitió fue que la Iglesia registrara a su nombre los templos, y así lo hizo con algunos como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, o la Seo de Zaragoza.
Antonio Manuel Rodríguez considera "aberrante" el "privilegio" que se ha dado a la Iglesia para poder "decir que algo les pertenecía sin tener que demostrarlo", asevera este activista que denunció la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba a nombre de la Iglesia en 2010.
Antonio Manuel asegura que los errores reconocidos ahora en los bienes registrados por parte de la Iglesia no se van a tener ningún efecto práctico por el tipo de inmatriculaciones que son. Además, eso supone un aval para "quedarse con todo lo demás", un respaldo que para más INRI, le concede "el Gobierno más progresista de la historia de este país", por eso no encuentra motivos para aplaudir el acuerdo.
Durante su charla con NIUS, Rodríguez apunta a la "inconstitucionalidad" de esa capacidad de la Iglesia para registrar bienes como suyos sin demostrarlo, porque el artículo de la Ley Hipotecaria que le daba ese privilegio no debería tener efecto desde que se aprobó la Constitución: " Imagina que hay un artículo que dice que una mujer no puede matricularse en la universidad sin permiso de su marido, eso no hay que derogarlo porque es inconstitucional, así que esto tampoco hace falta derogarlo", explica.
No sólo eso, también señala que esto supone una excepción en Europa, y que nuestros vecinos de fronteras no lo pueden entender. "Notre Dame es del Estado Francés; la Catedral de Lisboa, pertenece a Portugal, así que allí nadie entiende que la Mezquita de Córdoba no sea del Estado Español", explica.
Para este profesor de Derecho Civil, es obvio que hay propiedades que son de la Iglesia, bien porque las ha construido, bien porque las heredado o incluso comprado, pero eso es otra cosa. "Han barrido con todo lo que no tenía dueño según el registro". Además, conseguir la devolución es muy complicado, porque hablamos de años de pleitos judiciales y el reclamante está obligado a demostrar lo que la Iglesia no tuvo que demostrar al registrarlo como propio: que el bien es suyo. Eso, explica Antonio Maunel, se conoce como "probato diabólica".
En algunas ocasiones, sí ha habido devoluciones, como el Kiosko de San Hipólito, en Córdoba, tras un acuerdo con el Ayuntamiento. Lo mismo ocurrió con la ermita de los Santos Mártires, o con bienes de las hermandades, pero no es la regla general. En la mayoría de los casos, quienes quieren recuperar sus bienes tienen que ir a los tribunales.
En el caso de las Murallas de Artà, en Mallorca, el municipio ganó la batalla judicial tras cuatro años de pelea. Ese caso se resolvió más o menos rápidamente (teniendo en cuenta los tiempos de la Justicia), porque el Código Civil es claro al señalar las murallas como "dominio público", por eso Antonio Manuel se pregunta: ¿Qué son la Giralda, la Mezquita o la Catedral de Burgos?". Ahí recuerda que la Alhambra de Granada sí pertenece al Estado.
"Las iglesias no son de la iglesia por el hecho de ser templos", insiste este profesor que lo compara con muchos campos de fútbol o con los colegios, "que no son de los profesores".
Su tesis es que la Iglesia hace esto "por poder", aunque el dinero tampoco es un asunto menor. Por ejemplo, cada año, la recaudación de entradas en la Mezquita de Córdoba alcanza los 15 millones de euros.
Para él y sus compañeros de Recuperando, el acuerdo es la nada, porque lo que hace falta es una ley que declarara inconstitucionales todas las inmatriculaciones desde el 78 y que dejara claro "en qué caso un bien religioso debe pertenecer al dominio público". Eso, sin dejar de reconocer que muchas propiedades de la Iglesia sí le pertenecen.