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El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, se ha convertido en el foco de la polémica esta mañana a raíz de un controvertido hilo en Twitter en el que criticaba la reciente sentencia a 15 años de prisión para los miembros de 'La Manada'.
En la sucesión de 'tweets' publicados, el político aseguró que este juicio "resulta contrario al derecho al proceso con todas las garantías", pues se trata de "una sentencia cargada de condicionantes mediáticos y políticos".
Horas después, una nueva publicación en redes sociales, esta vez en su cuenta de Facebook, lejos de aclarar la polémica, no ha hecho sino avivar las críticas sobre su figura. En este caso, Serrano ha llegado a asegurar que se trata de "una sentencia dictada por la turba feminista supremacista".
Sin embargo, sus palabras no se han quedado ahí, sino que incluso ha afirmado que "hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por una mujer podría terminar con el impotente en prisión" o que se trata de "un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres".
En esta publicación, el político concluía asegurando que "la diferencia entre tener sexo gratis y pagando, es que gratis puede salir más caro", aunque se intentaba justificar al mismo tiempo asegurando que no está de acuerdo con la prostitución.
El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha desvinculado al partido este sábado del presidente de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, por sus críticas sobre la sentencia.
A través de su perfil de Twitter, Hernández ha manifestado su "máximo respeto" por las resoluciones de los Juzgados y Tribunales españoles para después recordar que desde Vox piden "ya hace tiempo un endurecimiento de las condenas para los delitos de violación". "Seguiremos luchando por un poder judicial autónomo e independiente", ha añadido.
Esta polémica llega en torno a la figura de Serrano, un antiguo juez que ejerció en Sevilla hasta 2011, cuando el Tribunal Constitucional le sancionó dos años por alargar de forma ilegal las vacaciones de un hijo con su padre para que pudiese ir a una procesión sin haber consultado a su madre.
Dicho tribunal le castigó y apartó de la carrera judicial por un delito de prevaricación culposa, ya que en ese caso concreto se reunió con los implicados, con los que buscó que el proceso cayese en sus manos de manera fraudulenta y pasando por encima del juzgado que se encargaba del divorcio, el de Violencia sobre la mujer.