La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para investigar si los mensajes que circulan en redes sociales contra la familia de Canet de Mar, que pidió la educación en castellano para su hijo, pueden suponer un delito de incitación al odio o discriminación, tras admitir a trámite las denuncias de Hablamos Español, Asamblea para la Escuela Bilingüe y Vox.

La Fiscalía tratará de "valorar y estudiar la trascendencia jurídica de los tuits". Si se confirma que esos mensajes son constitutivos de delito se puede tratar de identificar a los autores y determinar el procedimiento judicial a seguir.

La asociación Hablamos español ha sido una de las que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña contra los autores de varios mensajes de Twitter dirigidos a la familia que ha conseguido que su hijo reciba el 25% de la enseñanza en castellano

"Os informamos de que nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A y a raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 50 % en castellano", decía un mensaje tras el que "se desató una campaña en redes sociales en contra la familia", han explicado desde la asociación en un comunicado.

Entre las afirmaciones que circulan en redes sociales figuran mensajes del tipo "me apunto a apedrear la casa de este niño. Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian", cuyo autor, según algunas fuentes, es un profesor universitario de la UAB.

Otros mensajes que circulan por WhatsApp, según el diario El Mundo, serían: "Este niño se debe de quedar sólo en clase"; "los padres del resto de familia deben dejar al niño solo, los niños no deben volver hasta que esta situación no se arregle, y así en cada lugar dónde pase"; "Apartheid a la familia que quiere destruir nuestra escuela y nuetro modelo. No son bienvenidos ya que no quieren a Cataluña. Ya se pueden ir por dónde han venido".

Lo cierto es que los padres del niño de P5 han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña protección para ellos y su hijo. La Justicia ha ordenado tanto a la Generalitat de Cataluña como a la dirección del colegio Turó del Drac, en Canet de Mar, que garanticen la seguridad del alumno y sus padres.

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, se ha reunido con la dirección del centro Turó del Drac para ofrecer protección, asesoramiento, acompañamiento e información al colegio y que tenga "todas las herramientas para ver cómo aplica estas medidas cautelares", que imponen que las clases del grupo P5 sean en castellano en un 25%. No obstante, el conseller se ha apresurado a decir que la decisión del TSJC es "un ataque más, intolerable y que rechazamos, al modelo de escuela catalana, que es de éxito, garantiza la cohesión social, equidad e igualdad de oportunidades".

Por su parte, la familia ha hecho un llamamiento a la justicia para evitar la discriminación y el señalamiento por parte de otros padres del mismo centro. Mientras hoy está prevista una manifestación de independentistas catalanes a las puertas del colegio.