La Fiscalía del Tribunal Supremo avisó por partida triple a la defensa del rey emérito de que se habían abierto tres investigaciones en contra del monarca. Sin embargo, pese a esas comunicaciones por escrito, la Fiscalía General del Estado considera que las regularizaciones fiscales realizadas por Juan Carlos de Borbón entre enero y febrero de 2021, meses después de que se abrieran esas diligencias, son completas, voluntarias y espontáneas y por tanto, le blindan ante cualquier consecuencia penal, pese a que esté acreditado su engaño millonario al fisco español.

Así lo deja claro la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo al reconocer que se puso en contacto con la defensa del rey emérito primero el 24 de junio de 2020, después el seis de noviembre y por último el 18 de diciembre de 2020. Los dos primeros escritos reflejan información genérica sobre la apertura de las diligencias, que la prensa sí vinculó pronto con las cuentas ocultas en Suiza que ya investigaba la justicia helvética. El tercer escrito sí refleja información concreta sobre la existencia de un trust en Jersey que apuntaba presuntamente al rey emérito. Pero esos fondos no fueron regularizados ya que fueron donados por el monarca hace años a la persona que ejerció para él como testaferro desde el paraíso fiscal de Jersey.

Así, el debate jurídico versa sobre las dos regularizaciones fiscales presentadas por los ejercicios entre 2014 y 2018, que ascienden a cinco millones de euros. El solo pago de la sanción por parte de Juan Carlos I es el reconocimiento explícito de que el monarca engañó a Hacienda pero la Fiscalía considera que no puede presentar denuncia formal contra él ya que nunca fue informado de forma oficial del contenido de las investigaciones en su contra. Y eso, pese a que la prensa internacional y la Justicia helvética llevaban ya meses aireando tanto las cuentas ocultas del rey emérito en Suiza como los viajes disfrutados con cargo a esos depósitos.

“Las referidas notificaciones de incoación de diligencias de investigación no podían tener, en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias, que activara el bloqueo temporal a la regularización que contempla el inciso final del apartado 4 del art. 305 CP. La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, conducta que posteriormente ha quedado perfilada tras el análisis de las actuaciones practicadas anteriormente reseñadas y, particularmente, tras las declaraciones tributarias efectuadas por la representación de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón”, explican los fiscales en su auto de archivo.

“Así pues, y por las razones expuestas, toda vez que el investigado no tuvo el conocimiento formal previo a la presentación de las declaraciones tributarias complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 305.4 CP, tales declaraciones gozan de eficacia exoneradora de la responsabilidad penal”, concluye el auto de la Fiscalía.

Pero el entuerto legal no acaba aquí, ya que después de explicar que la declaración del rey emérito es espontánea y voluntaria, los fiscales intentan apuntarse el tanto de la recaudación de cinco millones de euros defraudados. Una recaudación que según sus propias palabras, no estaba ligada a sus pesquisas ya que el rey emérito no tenía conocimiento: “Si bien la investigación desarrollada en el marco de la presentes diligencias de investigación no permite, a juicio de la Fiscalía, ejercitar acción penal alguna contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, por las diferentes razones que se exponen a lo largo de este Decreto, básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal, es relevante señalar que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros correspondientes a las cuotas tributarias adeudadas por S.M. D. Juan Carlos de Borbón a la Hacienda Pública, incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora”.

Así que por un lado, las regularizaciones fiscales no tuvieron nada que ver con las diligencias abiertas por la Fiscalía, ya que no hubo comunicación formal y por eso Juan Carlos I nunca será imputado, pero por otro, sí que lo tuvieron a la hora de explicar qué llevó al rey emérito a pactar con el fisco español y poner en valor el trabajo de los fiscales.