Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía continúan este lunes a la espera de conocer el contenido de los informes que están elaborando las fuerzas de seguridad sobre 'Amaiur' (Bildu y Aralar) antes de decidir si cabe una impugnación de la coalición ante el Tribunal Supremo por vulnerar la Ley de Partidos Políticos (LPP) o bien hay que descartar esta posibilidad.

Por el momento, y a pesar de conocerse ya quienes son los cabezas de lista de la coalición y la conexión de algunos de ellos con la extinta Batasuna, tanto en fuentes fiscales como de los Servicios Jurídicos del Estado se reconoce la dificultad de poder presentar un recurso basado en dicha conexión.

En fuentes de la Abogacía se ha señalado a Europa Press que la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de Bildu hace muy difícil argumentar que Amaiur es una continuidad de ETA en relación con los integrantes de sus listas electorales. Otro punto que diferencia este caso con otros anteriores es la presencia en la coalición de Aralar, que ya en 2003 quedó fuera de las previsiones de impugnación de la LPP.

Ayer se presentaron los cabeza de lista a la Cámara baja, que son el ex parlamentario de EH Iñaki Antigüedad (Vizcaya), la ex portavoz en el macroproceso contra EKIN (18/98) Maite Aristegui (Guipúzcoa), y los abogados Iker Urbina y Sabino Cuadra. Para el Senado encabezan las candidaturas Jonathan Martínez, Amalur Mendizábal, pedro mari Olaeta y Maite Iturre, respectivamente.

Por el momento, miembros del Ministerio Público y del equipo de abogados del Estado que estudian este asunto ya han celebrado reuniones "informales" con mandos policiales y de la Guardia Civil.

Tras las reuniones, la Fiscalía ha emitido sendos oficios a los cuerpos de seguridad para solicitar formalmente que la mantengan informada sobre las novedades que puedan presentarse y en el mismo sentido la Abogacía se mantiene a la espera de recibir informes por parte del Ministerio del Interior.

En el caso de que se presentara un eventual recurso ante el alto tribunal, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tendrían de plazo hasta el próximo día 28 de este mes.

No obstante, las mismas fuentes insisten que la sentencia dictada el pasado mes de mayo por el Tribunal Constitucional respecto de Bildu "deja poco margen" para el recurso.

En dicha sentencia, cuyo contenido se dio a conocer el pasado 9 de mayo, el tribunal de garantías contradijo la resolución dictada sólo unos días antes por el Tribunal Supremo y permitió a Bildu concurrir a los comicios locales al entender que no existían pruebas de que ETA hubiera instrumentalizado la coalición integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e "independientes".

La resolución, que salió adelante con el voto de seis magistrados frente a cinco, insistía en que, en el caso de Bildu, la pretensión de ETA de volver a las instituciones (según se señalaba en documentos incautados a la banda) no se había "materializado" y que tampoco pudo acreditarse la existencia de vínculos personales, de orden financiero o de apoyo material entre la organización terrorista, la ilegalizada Batasuna y la coalición electoral.