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La tensión ha sido constante a lo largo de la mañana entre los policías y los manifestantes que trataban de impedir el desalojo de una familia inmigrante con dos hijos menores. Mossos y activistas se han enzarzado a pocos metros de la vivienda que iba a ser desahuciada. Los agentes han empleado sus porras para dispersar a la multitud. Ha habido golpes y empujones. La plataforma antidesahucios denuncia que el hijo menor de Jordi Pujol, propietario del piso, no ha querido negociar un alquiler social pese a los intentos del inquilino. Este es el tercer intento de desalojo de la familia que habitaba el piso desde hace tres años. En 2018, al quedarse sin trabajo dejaron de pagar los 750 euros de alquiler. El desahucio finalmente se ha producido tras despejar la policía a los activistas que bloqueaban el paso de la comitiva judical a la vivienda. Es una noticia, esta que convive también con okupas que toman casas y piden rescates, cuidadoras que se quedan con las casas de las mujeres que cuidan hasta que los desokupas la obligan a irse o las mafias, que han encontrado en la okupación un negocio muy lucrativo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Mataró.
Allí, la mafia paquistaní ha irrumpido en un mercado que controlaban magrebíes y españoles, la ocupación de viviendas cuyas llaves reciben previo pago en su país de hasta 4.000 euros. Las mafias les consiguen un alojamiento con contrato falso en pisos y locales, habitualmente propiedad de entidades financieras que tardan años en activar los trámites de desahucio. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Mataró (FAVM) ha denunciado el hecho y pide que se intervenga, ya que la realidad de las víctimas es que “son estafadas porqué creen que actúan legalmente”. También hay mafias ya que se encargan de entrar en los pisos y proporcionar llaves a los inquilinos.
De hecho, un grupo de vecinos de una vivienda de Mataró ha denunciado la ocupación de gran parte de los pisos de la última planta de su edificio. Las peleas entre los ocupas son constantes y los vecinos tienen miedo. En el edificio han colgado carteles alertando de la manipulación de los contadores por parte de los ocupas para tener luz. Denuncian también que los ocupas ponen pegamento en las cerraduras de los vecinos para que cuando salgan no puedan entrar y han estropeado el ascensor. La propiedad ya ha denunciado la ocupación.
Casado ha presentado hoy las ideas del PP en este asunto: desalojo de los 'okupas' por las Fuerzas de Seguridad en un máximo de 48 horas; recuperar las penas de prisión de uno a tres años por ocupación ilegal; prohibir los empadronamientos de los 'okupas'; permitir a las comunidades de propietarios actuar ante la autoridad judicial; o facilitar a las personas jurídicas iniciar también los procedimientos de desalojo, y ha señalado al vicepresidente Iglesias, "si justifica la ocupación, que deje vivir en el jardín de su casa a unos okupas. Es una sencilla solución". Casado ha señalado que en lo que va de año se han producido 3.700 ocupaciones ilegales, triplicando lo que pasaba en el año 2005, algo que, a su juicio, evidencia que "es un problema que no para de empeorar".
Así, el Ministerio del Interior ha unificado los criterios de actuación frente a la 'okupación' tanto de la primera como de la segunda vivienda ordenando a los policías que elaboren atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. En adelante, dejarán constancia de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua.
Así consta en la instrucción con el 'Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles' que ha firmado este jueves el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y que ayer avanzó en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según explican fuentes de Interior, el protocolo recoge "pautas sencillas y directas" para las actuaciones operativas de policías, en respuesta a la reciente Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado instando a que se agilicen las medidas cautelares para proceder al desalojo cuando se incurra en un delito de allanamiento de morada.
Para ello será fundamental que la fuerza actuante elabore atestados lo más completo posible y que incorporen testimonios in situ de vecinos o pruebas como fotografías o vídeos de una puerta forzada. También se pedirá una inspección ocular en la finca con detalle y anotar posibles delitos conexos como coacciones y amenazas a vecinos, así como otras irregularidades como apropiarse de luz y agua ajena. El objetivo es limitar la necesidad de aclaraciones posteriores a requerimiento de fiscales y jueces.
Las citadas fuentes entienden que los agentes, a partir de ahora, serán "más proactivos sin descuidar el cumplimiento de la ley o generar otras injusticias". Desde Interior no creen que haga falta un cambio legislativo para actuar contra la "percepción subjetiva de inseguridad" que rodea a la 'okupación' --ha crecido un 5% en el primer semestre de 2020, pero baja si se compara con el dato anual-- y que lo que se hace ahora es "generar seguridad y eficacia a la actuación policial unificando criterios en toda España".
El Ministerio del Interior asume que existe "confusión y alarma social", y lo relaciona a las diferencias entre allanamiento de morada y la usurpación. En una nota de prensa, especifica que en los primeros casos se contempla que las Fuerzas de Seguridad desalojen "sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata", incluyendo la "identificación de los ocupantes y su detención si procede".
Esta respuesta al allanamiento se lleva a cabo a través de los artículos 202 y siguientes del Código Penal y se aplican, según Interior, "tanto en la primera como en la segunda vivienda", por ejemplo en el caso de una residencia para fines de semana o vacaciones.
En cambio, es con la usurpación --artículos 245 y siguientes del Código Penal-- donde la actuación policial requiere de pruebas complementarias: "si no es posible detectar la usurpación en el momento en el que se comete, no es posible desalojar el inmueble salvo con una previa autorización judicial".
Interior hace hincapié en que en el nuevo protocolo se redoblan los recursos para mejorar la investigación e inteligencia con el objetivo de prevenir las 'okupaciones', pensando especialmente en la "aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con fines como el alquilarlas o venderlas a terceros de manera fraudulenta". "Queremos mapear por barrios la problemática para mejorar la respuesta policial", han señalado las citadas fuentes.
También se vigilará la coordinación con los servicios sociales en el caso de que se vean implicadas personas vulnerables, "sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado". La precaución será mayor cuando haya niños, personas con discapacidad o grupos en situaciones de indigencia o extrema necesidad. Entre las novedades adelantadas por Grande-Marlaska se incluye poder tramitar denuncias en la aplicación Alertcops, campañas informativas y mejorar la coordinación con policías locales.