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Se cumple un año de la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que impulsó el por entonces Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en vísperas de las elecciones generales del 10 de noviembre. El Valle está desde entonces pendiente de una remodelación, dentro del plan del Ejecutivo de que dejara de ser un mausoleo de homenaje a un dictador.
El Gobierno de coalición, a través del Ministerio de Memoria democrática que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, trabaja en esa "resignificación" para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional, sin la presencia de la fundación de los benedictinos, y que implicará, por ejemplo, mover la sepultura de Primo de Rivera "a un lugar discreto".
Estas cuestiones las abordará la futura Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre y que en este momento está a la espera de recibir los informes de los órganos consultivos correspondientes, para poder continuar su trámite.
"La primera decisión que tomamos fue sacar al dictador. No había nada más injusto, injuriante, ignominioso para las víctimas que tener allí al dictador y enaltecido. Allí hay algunas decisiones que tomar que están previstas en la Ley. Por ejemplo, la sepultura de Primo de Rivera pasará a un lugar discreto", confirmó Calvo en septiembre en una entrevista en la revista 'El Socialista'.
Según explicó la vicepresidenta cuando presentó el anteproyecto, el objetivo de la ley es convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las "30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto". Y avanzó que ello implicará necesariamente la extinción automática de la fundación de los benedictinos presente en el Valle en cuanto a ley entre en vigor.
"La fundación de los benedictinos se extinguirá automáticamente. No está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle de los Caídos y, entre tanto, hasta que se produce la extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto y llevaremos al paraguas de protección y decisión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, el responsable del Valle de los Caídos", aseguró Calvo.
La vicepresidenta no ofreció entones más detalles de la remodelación, aunque fuentes de su departamento sí aclararon después que entre sus planes no está derribar la gran cruz que preside el complejo, si no más bien contextualizarla y explicar el significado del monumento "en su conjunto". "Y el monumento en su conjunto lleva incluida la cruz", sostienen. La solución, señalan, puede ser por ejemplo la de ofrecer una explicación de cómo el nacional catolicismo que representa esa gran cruz marcó la vida política española durante la dictadura.
Aunque no tengan previsto derribar la gran cruz, Calvo sí admitió que el plan de remodelación del Valle implicará "mover algunos elementos", como podría ser la sepultura de Primo de Rivera. No obstante, la vicepresidenta explicó que la intención es que permanezca en el Valle, porque fue "víctima", pero "no podrá estar en un lugar de enaltecimiento".
A diferencia de lo que planean con Primo de Rivera, el Gobierno sí consideró necesario sacar del Valle los restos mortales de Franco, tras permanecer allí 43 años, 11 meses y un día sepultado. Ahora, desde hace justo un año, el dictador está enterrado junto a su viuda, Carmen Polo, en El Pardo, el barrio de Madrid donde tuvo su residencia como jefe del Estado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció su intención de sacar a Franco del Valle en julio de 2018, poco después de llegar a la Moncloa tras su moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, la exhumación no se produjo hasta más de un año después, el 24 de octubre de 2019, precisamente a escasos días de celebrarse las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.
Frente a las acusaciones de electoralismo, Calvo argumentó entonces que el retraso se debió a los "obstáculos" de la familia Franco, por sus recursos ante la justicia en contra de la exhumación. "Estamos aquí porque la familia Franco ha obstaculizado constantemente las decisiones de tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial", criticó.
El pasado 7 de julio la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió definitivamente los recursos contra la exhumación de Francisco Franco al desestimar los que tenía pendientes por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco, la Comunidad benedictina y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos contra la decisiones del Gobierno que permitieron sacar los restos del dictador de la basílica de Cuelgamuros.