Eva González, la abogada española que ha hecho caer al Gobierno holandés: "Rutte ha dimitido pero las víctimas no han conseguido nada"

La abogada Eva González no cambia el tono a pesar de lo que acaba de pasar. Todo un Gobierno holandés, el gabinete al completo, incluido el primer ministro, acaba de presentar su renuncia por el escándalo que ella denunció en 2014; la arbitraria retirada de ayudas para la guarderia a más de 26.000 familias "casualmente" en su mayoría familias turcas y marroquies. Lo lee en el urgente de prensa que le acaba de entrar mientras habla con NIUS.

Eva atiende al teléfono desde Eindhoven (Holanda) donde vive desde hace 45 años, "vine aquí cuando tenía dos años, nací en Cáceres". "No siento nada, la verdad, me preocupa la estabilidad del país pero me interesa poco la política", responde cuando se le pregunta si era lo que realmente quería.

Lo de hoy es un triunfo tras siete años de batalla con un caso que ha destapado un deficiente y arbitrario funcionamiento de la Hacienda holandesa. "En el caso de muchas familias supuso la ruina total, dejaron de recibir una ayuda, algunos de más de 800 euros, para el pago de la guardería. ¡Imagina familias con más de un hijo. Se les reclamó el dinero!".

El camino judicial del caso no ha sido ni rápido ni fácil. "A veces me he sentido como luchando contra molinos, ha habido de todo". En ese de todo hay incluso una entrega de documentación con notas incluidas de funcionarios de Hacienda con frases "No informar al demandante"; "si pregunta no se le dice nada". "Se veía claramente una ilegalidad manifiesta, hace algunos meses pudimos demostrar que había muchos casos iguales".

Abogada laboralista desde hace más de 20 años empezó con el tema porque su marido tenía una empresa de servicios de cuidado de menores, niñeras esencialmente, que se vio afectada por el recorte de las ayudas de Hacienda a sus clientes. "Se les retiró la ayuda sin ninguna justificación".

Cuando ganó el primer caso en 2015, pensó que Hacienda, que hizo dimitir a su responsable, revisaría y compensaría de oficio del resto, pero no. "Se trata de un caso de ilegalidad institucional, solo nos ofrecieron en 2016 atender algunas peticiones y no compensar, eso me hizo tomar la decisión de acudir a todas partes, Defensor del Pueblo, los medios de comunicación".

"De lo que se trata es de que las victimas tengan compensación, no solo económica, también moral, no quiero entrar en valoraciones políticas, se trata de que gente recupere la fe en el sistema", repite una y otra vez Eva que pide perdón por el incesante sonido de las notificaciones que se esta produciendo mientras contesta al teléfono.

La esperan un fotógrafo y muchas llamadas, así que se despide. "Hay clientes a los que tengo que explicar lo que ha pasado", explica antes de colgar el teléfono.