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El Govern de la Generalitat ha cargado contra la decisión de la Justicia de dejar sin efecto de forma cautelar el decreto de suspensión de las elecciones del 14 de febrero, pero la acata y reactiva el dispositivo electoral. "No lo compartimos atendiendo a que el aplazamiento respondía a criterios sanitarios y epidemiológicos que siguen vigentes", en palabras de la consellera portavoz, Meritxell Budó.
En una comparecencia acompañada por el conseller de Acció Exterior, la portavoz ha informado de que la Generalitat ha puesto en marcha los procedimientos electorales por si la Justicia decide finalmente que los comicios se celebren en la fecha inicial. "Reactivamos todo el dispositivo electoral porque lo tenemos todo preparado, llevamos meses trabajando en este dispositivo y desde hoy queda reactivado a la espera de la resolución definitiva", ha agregado Bernat Solé. En este sentido, el conseller de la oficina encargada de organizar las elecciones ha pedido "ponerse a trabajar" a su equipo y a las administraciones municipales, que deben iniciar la elección de los miembros de las mesas electorales.
La decisión de posponer la fecha, consensuada con la mayoría de grupos parlamentarios, cuenta también con garantías jurídicas respaldadas por análisis técnicos y epidemiológicos, aseguran. Budó se ha comprometido a defender los motivos del aplazamiento en las alegaciones que la Generalitat debe presentar hasta este jueves y se ha mostrado convencida de que podrá "defender jurídicamente" el decreto de suspensión del 14-F, basado en "una sólida base jurídica". Asimismo, ha reprochado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la "inseguridad jurídica" de dejar sin efecto la fecha del 30 de mayo y recordado que dicha decisión es "una medida instrumental", por lo que todavía no ha entrado a valorar el fondo del contenido todavía.
La portavoz ha insistido en que "las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para un proceso electoral en libertad, tanto durante la campaña como durante la jornada de votación" y que la administración catalana busca garantizar el derecho a la participación ciudadana, el derecho a voto y el derecho a la salud y a la vida.
Preguntado por qué otros países están celebrando procesos electorales en sus territorios, Solé ha aseverado que las elecciones de Cataluña "son fruto de un mecanismo automático tras la inhabilitación del president Torra" y ha añadido que "la mayor parte de los países que han celebrado elecciones lo han hecho con una ventana de seguridad que nosotros no hemos podido escoger". Asimismo, ha recordado que el decreto de convocatoria del 14-F ya contemplaba la posibilidad de aplazar las elecciones.
Además de Budó y Solé, el vicepresident en funciones de president interino, Pere Aragonès, ha reaccionado en sus redes sociales. Ha tachado de "inadmisible la judicialización de la lucha contra la pandemia" y ha insistido en "defender la soberanía política, los criterios epidemiológicos y la máxima participación democrática".
Aragonès, que firmó el 21 de diciembre el decreto de convocatoria del 14-F y el 15 de enero el de su suspensión, se ha comprometido a "dar todas las certezas" y "alegar y defender los argumentos jurídicos". Además, concluye: "Exigimos claridad de todas las partes, dejando los intereses al margen".
La suspensión provisional de la fecha electoral del 30 de mayo ha provocado un alud de reacciones también fuera del Govern. El PSC, que se había mantenido firme en celebrar el 14-F y había accedido a posponer las elecciones un máximo de cinco semanas, ha insistido en que la decisión generaba "algunas deficiencias y dudas jurídicas y constitucionales".
Según su primer secretario, Miquel Iceta, "hay que hacer las cosas bien" y respetar la decisión del TSJC. En una breve rueda de prensa, también ha anunciado que los socialistas no impugnarán el aplazamiento para no "poner en marcha más procesos jurídicos", tras hablar con el candidato y ministro de Sanidad, Salvador Illa, que así se lo ha hecho saber.
El expresident de la Generalitat, Quim Torra, inhabilitado precisamente por la Justicia, ha cargado contra el TSJC al asegurar que "continua obcecado en gobernar Cataluña al margen de las urnas, la democracia, los derechos fundamentales y la voluntad de los ciudadanos". En un mensaje en las redes sociales, ha concluido: "Para nuestra vergüenza, una vez más".
Por su parte, también se han producido reacciones en la mesa del Parlament de Cataluña, concretamente en cargos de Junts per Catalunya. En un tono muy crítico, el vicepresidente primero, Josep Costa, ha pedido responsabilidades: "Pienso que, después de esto, alguien debería de dimitir". De hecho, ya insistió en que "no se debían convocar elecciones sin garantías de poderlas celebrar".
Tampoco han tardado reaccionar los líderes de las principales formaciones políticas. La candidata por En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha tachado de "incomprensible" la decisión del TSJC, teniendo en cuenta que "las ucis están colapsadas y habrá gente que no podrá votar". Albiach ha reconocido que el ejecutivo catalán "no ha hecho bien su faena" pero ha considerado de "sentido común" su aplazamiento.
Menos críticos se ha mostrado Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular Catalán, ha manifestado "respeto absoluto" a la decisión judicial y ha señalado que "el Estado de Derecho consiste exactamente en eso".
En cambio, la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha denunciado que lo que ha ocurrido es "una usurpación democrática de Cataluña", fruto de la "represión y la judicialización" de la política catalana. Borràs ha lamentado que las elecciones estén pendientes de un criterio judicial y advertido que hay un "caos jurídico e inseguridad democrática".
Ante esto el cambio real es la independencia. Hoy se ha producido una grave injerencia en la normalidad democrática de Cataluña. Se obstaculiza el proceso electoral y vivimos en una judicialización preventiva permanente", ha reivindicado la candidata independentista.
También el partido anticapitalista CUP considera que el TSJC pone en riesgo la salud de la ciudadanía y la democracia. "El TSJC pone en riesgo la salud pública y la democracia, obligando 200.000 a decidir entre votar o romper las medidas sanitarias básicas", han publicado en su cuenta de Twitter.