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La joven camerunesa que llegó sola a España en 2017 huyendo de la violencia sexual y de un matrimonio forzoso fue sometida a un desnudo integral y a la exploración de sus genitales para determinar su edad. Ahora el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recrimina al Gobierno español por no haber protegido a la menor de 16 años.
El Comité de la ONU recuerda al España que "tiene la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro". Además da un plazo a España de 180 días para que informe sobre las medidas que adopte para aplicar su dictamen.
Arcange llegó en agosto de 2017 al aeropuerto de Barajas huyendo de Camerún y la Policía la identificó como "menor de edad posible solicitante de asilo" por lo que fue trasladada a un centro de menores de la Comunidad de Madrid, donde permaneció dos meses.
El informe médico elaborado en el centro de menores confirmó que su aspecto era "compatible con la edad de 16 años que había manifestado" y las secuelas físicas de la violencia sexual que le había infligido su padre. Durante la tramitación del expediente de tutela la entrevistaron, aunque, según consta en el dictamen, no se la informó de sus derechos como solicitante de asilo, ni se realizó ningún trámite con ese objetivo.
La adolescente se negó a contactar con sus padres para que le enviasen documentación que acreditaran que era menor, por miedo por lo que el centro solicitó a la Fiscalía iniciar el protocolo para determinar su edad.
Arcange fue sometida a una exploración física con desnudo integral, a otra de sus genitales y además le realizaron dos radiografías: de la muñeca, que estimaba una edad de 17 años, y de la mandíbula. Tras estas pruebas, la Fiscalía dictó un decreto de mayoría de edad y la Comunidad de Madrid cesó la protección sobre la joven, que fue expulsada del centro y vivió en la calle hasta que otro menor la llevó a la Fundación Raíces, que desde entonces se ha hecho cargo de su defensa jurídica.
Para Naciones Unidas, el proceso para establecer la edad de la niña, "quien declaró de manera reiterada y consistente ser menor de edad, quien se encontraba en posesión de documentos acreditativos de su minoría de edad y quien tenía apariencia de menor de edad", no tuvo las garantías necesarias y violó sus derechos reconocidos en la Convención.
"En las circunstancias del presente caso, y en particular del examen utilizado para determinar la edad de la autora y la ausencia de un representante para acompañarla durante dicho procedimiento, el Comité considera que no se tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido la autora, procedimiento que constituyó además una injerencia ilegal en su vida privada como víctima de violencia sexual", según el dictamen.
Además recuerda a España que "nunca deberían" realizarse exploraciones genitales como método para determinar la edad, procedimiento en el que aconseja garantizar la presunción de minoría de edad y la validez de la documentación aportada por los niños.
Sugiere también que a los menores no acompañados solicitantes de asilo se les asigne un tutor "lo antes posible" para que puedan iniciar ese trámite, incluso cuando "esté aún pendiente" establecer su edad. Y si alegan haber sido víctimas de violencia, que reciban asesoramiento psicosocial para facilitar su rehabilitación.