España deja atrás las fases más duras del confinamiento y empieza a mirar hacia lo que el Gobierno ha venido a llamar "nueva normalidad", que es como la anterior pero con precauciones y restricciones. Quienes están manejando las normas que rigen esta nueva normalidad confiesan que hay dos escollos que les preocupan de cara a los próximos meses: la apertura de fronteras, con todo el flujo de viajeros que conlleva, y la apertura de nuevo del curso escolar en septiembre.

Hay otras cuestiones que ya han quedado encauzadas. El teletrabajo se ha demostrado una herramienta muy eficaz y tanto las empresas como el Gobierno comparten que ha sido un elemento fundamental para mantener la actividad en los momentos más duros de la pandemia. Y ha llegado para quedarse, por lo que no habrá problema para continuar con él de una u otra manera en lo que queda de desescalada. La restauración y los comercios van a poder ir aumentando su ritmo conforme se vaya confirmando que el virus no genera repuntes graves y se espera que las vacaciones ayuden a esa consolidación. Para todo ello es fundamental el control en la evolución de la enfermedad y los números demuestran que en este momento se ha logrado.

Sin embargo, ¿qué pasará cuando se vuelvan a abrir las fronteras? ¿Cómo controlamos la expansión del virus cuando lleguen los ansiados turistas? El Gobierno quiere que la apertura de fronteras se haga de manera armonizada en toda Europa: "No tiene sentido que cada país vaya decidiendo abrir por su cuenta, tenemos que tener una estrategia conjunta", apuntan quienes están al frente del operativo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó ayer al primer ministro italiano, Giusepe Conte, para sumar fuerzas. Ambos mandaron una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, en la que piden que la apertura de fronteras se haga de forma coordinada, no discriminatoria y en base a criterios epidemiológicos claros y transparentes.

Para ello proponen que el ECDC (centro europeo para el control y prevención de enfermedades) juegue un papel clave en el establecimiento de esos criterios. El objetivo es que se restablezca de manera plena la libertad de movimientos en el seno de la UE y el espacio Schengen. Por ejemplo, fijar un criterio de apertura a países que tengan una Incidencia Acumulada de casos por debajo de un número establecido por el ECDC. También trasladan que es necesario que se establezcan criterios sanitarios comunes a toda la UE en lo relativo al transporte, con protocolos acordados entre todos, un aspecto que es especialmente importante en las fronteras.

Entre las medidas que se barajan están las de tomar la temperatura a los viajeros, algo que estas fuentes indican que no vale para mucho, según los especialistas. Otra posibilidad es exigir un test hecho recientemente que confirme que la persona no tiene la enfermedad o ya la ha pasado. "Lo que no deberíamos hacer es que cada país decida sus propias normas y que no se armonicen las fechas de apertura", señalan en Moncloa.

A pesar de que España ha sido de los últimos países en abrir sus fronteras, en el Gobierno están convencidos de que la ocupación turística en verano va a ser muy alta, sobre todo a partir de mediados de julio. Así lo dicen sus indicadores y esperan que eso y el turismo nacional sirvan para salvar la temporada turística.

El siguiente reto que tiene España es diseñar el regreso a las aulas una vez termine el verano. Ahora hay más incertidumbres que certezas. El Gobierno ha derivado las decisiones a las comunidades autónomas y estas demandan al ejecutivo algo más de concreción. "Las autonomías se pasan el día reclamando más autonomía en la gestión y cuando se la das, se quejan de que no le dices cómo hacerlo", se quejan fuentes gubernamentales.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha pedido a los colegios que sean imaginativos y que busquen alternativas para hacer que los grupos de alumnos no sean superiores a 15. "Habrá que intentar habilitar los gimnasios, los salones de actos, etc.", señalan fuentes gubernamentales, "pero sabemos que es muy difícil porque cada colegio tiene sus propias necesidades." Por eso, de momento, no quieren establecer normas muy estrictas y abogan por dejar a las consejerías de Educación de las autonomías la decisión de qué hacer en cada caso. Quienes deciden sobre la desescalada creen que lo mejor sería que los niños fueran a diario al colegio y no establecer turnos de asistencia. También reconocen que en las aulas va a ser imposible lograr la distancia social entre niños, así que reconocen el asunto tiene difícil solución.

Igual que plantean una armonización europea para las fronteras, abogan por un acuerdo global entre comunidades que permita la mayor ocupación de las aulas y el mantenimiento de las medidas de higiene y seguridad en los colegios. "El problema de hacer grupos más pequeños en las clases es que requiere más espacio, más personal y una reorganización muy profunda que no sabemos si todos los colegios podrán afrontar."

En los próximos días, el Gobierno publicará un decreto ley donde se clarifique este panorama aun incierto de cómo serán las normas de la nueva normalidad, tal y como anunció Pedro Sánchez esta semana.