{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El Consejo de Ministros podría aprobar este martes a petición del Ministerio de Trabajo la prórroga del real decreto por el que el se estableció una subida del 5,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2020, hasta los 950 euros mensuales por catorce pagas, con el fin de dar más margen a la negociación del diálogo social para acordar la nueva subida.
Así lo han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio de Trabajo, que explican que finalmente se aprobará una prórroga del decreto aprobado el pasado mes de febrero con el alza del SMI hasta los 950 euros, ya que si para estas fechas no se ha revalorizado o congelado el SMI se tiene que proceder a su prórroga.
El objetivo de la prórroga del decreto del SMI, a petición del Ministerio de Trabajo, es dar seguridad jurídica a los trabajadores que están pendientes de este SMI y que podrían quedar en un limbo legal a partir del 31 de diciembre, ya que decaería el vehículo legal del SMI que les ampara.
Tanto la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, como la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, habían planteado ya la posibilidad de aplazar la decisión de la subida a mediados de 2021, una vez se vea la evolución de la recuperación, para decidir el alza del SMI.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha dejado clara durante estas semanas en repetidas intervenciones su intención de subir el salario mínimo el próximo año, mientras que los sindicatos piden que llegue a los 1.000 euros, a diferencia de la patronal, que cree que no es momento de abordar esta subida.
Para la ministra, "sería muy preocupante" que las empresas españolas no pudieran soportar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de apenas 9 euros mensuales. Una subida de unos 9 euros del salario mínimo en 2021 supondría un incremento próximo al 0,9%, la misma subida que se reflejará en los salarios de los funcionarios o en las pensiones a partir del 1 de enero.
Fue en el mes de febrero de este año cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que el se establecía una subida del 5,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, hasta los 950 euros mensuales por catorce pagas con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta subida fue fruto del acuerdo.
En concreto, el SMI se mantiene por ahora en 31,6 euros al día, 950 euros al mes y 13.300 euros al año. Con la jornada legal, en el caso de trabajadores temporales y eventuales cuyos servicios a una misma empresa no excedan los 120 días el SMI es de 44,99 euros al año. También es de 7,43 euros brutos por hora trabajada en el caso de los empleados del hogar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expondrá este martes, en la tradicional comparecencia de fin de año, un informe de rendición de cuentas del primer año de su Ejecutivo de coalición, que analizará entre otras cosas el grado de cumplimiento del acuerdo de investidura suscrito con sus socios de Unidas Podemos, y cuya metodología está avalada por un grupo de expertos en ciencias sociales.
Se trata, en concreto, del documento que ha elaborado el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que dirige Iván Redondo.
El informe que detallará Sánchez en la rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros del año ha contado con la estrecha colaboración de todos los Ministerios y será el primer informe de rendición de cuentas de un Gobierno de España, según destaca Moncloa. Además, un grupo de expertos, procedentes de diferentes universidades públicas de nuestro país, que se ha encargado de realizar una labor de análisis y contraste de la metodología en la que se asienta este ejercicio de rendición de cuentas. Estos expertos, y no los de coronavirus, sí se conocen.
Entre ellos figuran, por ejemplo, el director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ismael Blanco-Fillona; o la profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid María Bustelo. También participan la profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Educación a Distancia Cristina Elías; el catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y profesor en el Instituto Europeo de Florencia Daniel Innerarity; y el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid Javier Lorenzo. Por último, forman parte de este grupo la profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza Cristina Monge; el catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Carles Ramió; la profesora en el Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Paula Rodríguez; y el catedrático de Ciencia Política y Administración en la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria.
El Gobierno destaca de ellos que se trata de expertos y expertas de carácter independiente y de "máximo prestigio profesional en el ámbito de las ciencias sociales". Ninguno tiene relación con el Gobierno, aunque alguno ha reflejado en alguna de sus intervenciones públicas tesis por las que también apuesta el Ejecutivo, sobre la necesidad de abordar la nueva crisis de forma diferente a la de 2008, apostando por reforzar el Estado del Bienestar y los servicios públicos.
Por ejemplo, la economista Paula Rodríguez fue una de los 250 firmantes del manifiesto 'Nueva crisis: evitar los viejos errores', en el que se apostaba por un "cambio de rumbo" que permita "transitar de forma planificada hacia una economía en paz con el planeta y que permita reducir las insoportables desigualdades del modelo actual".
Por su parte, la socióloga Cristina Monge participó en octubre como ponente en un foro sobre el impacto social de la Covid-19, organizado por la llamada 'Cumbre Social Estatal', una plataforma que agrupa a 120 organizaciones sociales y sindicales --como UGT o CCOO-- y que surgió en 2012 para reivindicar "una sociedad inclusiva, justa e igualitaria", en contraposición a las "políticas austericidas y de recorte de los derechos y libertades que siguieron a la crisis económica de 2008".
El presidente Sánchez ya avanzó en su discurso de investidura de hace un año su intención de implementar un sistema de rendición de cuentas de forma periódica, y ha elegido la habitual rueda de prensa de fin de año para presentar las conclusiones de ese primer informe, en el que tienen especial importancia, según el Gobierno, el grado de cumplimiento de su acuerdo de investidura con Unidas Podemos.
Sánchez también prevé presentar de forma específica este informe a los agentes de la sociedad civil más especializados e interesados en el ámbito del buen gobierno y la transparencia.
Así, en 2021 el ejercicio será presentado ante el Foro de Gobierno Abierto, creado en 2018 y dependiente de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, cuya finalidad es institucionalizar la colaboración y fortalecer el diálogo permanente entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la colaboración, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. En él están representados de forma paritaria los tres niveles de administración pública y la sociedad civil, bajo la presidencia de la Secretaría General de Función Pública.