La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha logrado este lunes sacar adelante, con los votos en contra del PP, el proyecto de Ley de medidas de agilización procesal que eleva de 150.000 a 600.000 euros la cuantía de los pleitos económicos que revise el Tribunal Supremo.
Este límite para acceder al recurso de casación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo supone un incremento cercano al 400 por ciento respecto a la cuantía actual aunque es inferior al millón de euros que solicitaban los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, según ha manifestado el diputado socialista Julio Villarubia, que ha precisado que los asuntos que revistan "interés casacional" podrán ser revisados por el alto tribunal.
El diputado del PP Vicente Ferrer ha motivado la oposición de su grupo en que esta norma ofrece soluciones "injustas" y "arbitrarias" para pretender acabar con el colapso en la Administración de Justicia. "No les conozco. Estas medidas constituyen el mayor recorte de derechos civiles en el ámbito de la Justicia que he conocido en tres décadas, desde que tenemos democracia", ha reprobado.
Los grupos también han lamentado que esta norma, que se remitirá al Senado, no incorpore reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referentes, especialmente, a la necesidad de modificar la regulación del secreto de sumario para acabar con las filtraciones judiciales y velar por la dignidad y el derecho a la presunción de inocencia de todos los procesados.
No obstante, la Comisión de Justicia ha aprobado por unanimidad una enmienda transaccional por la que los promotores pagarán una tasa de 50 euros, en lugar de 90, en la tramitación de los procesos monitorios que excedan los 3.000 euros, estando exentos del pago de esta tasa en las demandas de inferior cuantía.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)