El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha condenado a dos meses de multa a razón de siete euros diarios a un "conocido delincuente habitual" de la ciudad autónoma de 35 años como autor de un delito leve de daños por abalanzarse sobre uno de los vehículos que formaban parte de la comitiva oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a su llegada a la localidad durante la crisis migratoria de mayo del año pasado.

Aunque la Fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de prisión para el acusado, la sentencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, valora que el individuo no tuvo que emplear "una fuerza eminentemente física" para superar el cordón policial desplegado en el entorno del helipuerto, que llega a tildar de "endeble".

Además, el automóvil sobre el que escupió y al que dio una patada en un lateral no era en el que viajaban Sánchez o Marlaska, sino el de parte de sus escoltas, por lo que su acción "no se puede entender como un acto resuelto de fuerza tendente a menoscabar el principio de autoridad".

El veredicto, adelantado por el diario 'El Faro de Ceuta', recoge como hechos probados que el condenado se concentró junto a otro medio centenar de personas el 18 de mayo en las proximidades del helipuerto para esperar al presidente y a su ministro del Interior, que fueron increpados e insultados.

El procesado sólo reconoció durante su declaración en la vista oral haber "insultado" y escupido "al suelo" y dijo sentirse "cabeza de turco" por su "conflictivo pasado", pero los agentes de la Policía Nacional dijeron haberlo identificado "sin duda alguna" como la persona que "escupió y pegó una patada al coche [camuflado que formaba parte de la caravana] junto a la puerta del conductor".

La condena prevé un día de cárcel por cada dos cuotas diarias de la multa no satisfechas, así como la obligación de indemnizar a la empresa arrendataria del automóvil golpeado con 252,38 euros y el pago de la mitad de las costas procesales.

La participación en aquella protesta de un alto cargo del sector público periférico de la Ciudad Autónoma, el entones gerente de la empresa municipal Obimace, Gregorio García Castañeda, llevó al PSOE a exigir su destitución inmediata. El Gobierno de Juan Vivas (PP), que tachó de "bochornosa" la movilización, lo cesó para, acto seguido, reubicarlo en nómina de la administración como personal de libre designación.