La Comisión de Salud Pública estudiará este martes la posibilidad de reducir aún más el periodo de cuarentena y aislamiento de los casos positivos de coronavirus, que actualmente es de siete días, aunque varias comunidades quieren que se rebaje a entre 3 y 5.

A partir de las cuatro, los directores generales de salud pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades abordarán la situación epidemiológica y la estrategia de vacunación contra la covid, así como el calendario común de vacunación 2022.

Sobre la mesa de debate, la duración de las cuarentenas, que varias comunidades insisten en que hay que acortar. En España, el aislamiento de los positivos se prolonga durante siete días si son asintomáticos y aquellos que desarrollen un cuadro leve de la enfermedad; en ningún caso es obligatorio un test para la reincorporación laboral, salvo en profesiones como la de sanitarios o trabajadores de residencias.

Mientras, la duración de las cuarentenas de los contactos estrechos es también de siete días para las personas que no están vacunadas -las que tienen la pauta completa están exentas-, siempre y cuando no desarrollen síntomas durante este periodo.

El conselleiro de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ya avanzó ayer que esta comunidad volvería a insistir en acortar el plazo a cinco días para los casos siempre que den negativo en una prueba, para lo que habría que establecer "las herramientas que fuesen necesarias".

Desde Madrid piden que se revise la evidencia científica acumulada a nivel nacional e internacional al respecto y, a partir de ahí, decidir la posible reducción, recuerdan a Efe fuentes de la consejería; la Comunidad Valenciana considera razonable que a medio plazo se acorte, pero siempre de acuerdo con la posición de la Comisión de Salud Pública. Otras se han mostrado abiertamente a favor de disminuir los plazos, como el caso de Castilla-La Mancha, que reclama una horquilla de 3 a 5 días.

Cataluña puso incluso fecha, afirmando que en abril la pandemia se podría gestionar sin cuarentenas y sin pruebas para cada caso; la Generalitat ha llegado a comprometerse a levantarlas en las escuelas cuando haya algún caso de coronavirus antes de que finalice el mes de febrero, independientemente de si logra el consenso con el resto de comunidades y el Gobierno.

Por el contrario, Andalucía y Castilla y León se han venido oponiendo a modificar estos tiempos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, puntualizó la semana pasada que serían los técnicos de la ponencia de alertas los que hagan una propuesta, que será posteriormente elevada a la Comisión de Salud Pública porque éste, como todos los asuntos, están "en permanente revisión". Otro de los temas pendientes de análisis es un cambio en la contabilización de los datos epidemiológicos, de forma que ya solo se registren como hospitalizados aquellos que lo estén "por" la covid y no "con" la covid.

En este sentido, Darias indicó hace unas semanas que su departamento está trabajando para "ir avanzando" en distinguir en los datos epidemiológicos las personas hospitalizadas y los enfermos que fallecen "por covid" de los que lo hacen "con covid", ya que actualmente "computan todos", aunque en algunas comunidades y hospitales sí se diferencian.

La forma en que se gestionará en el medio plazo la pandemia sigue en estudio. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, señaló ayer que se tendrá que "empezar a pensar en que esa vigilancia epidemiológica habrá que realizarla de manera distinta", tomando como referencia otras patologías como la gripe, aunque indicó que en este momento, dado el número de contagios que hay ahora, no puede hacerse.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), alertó de que aún no puede hablarse de endemia: "Adelantarnos y hablar de que estamos ante una enfermedad ya endémica y estacional, como la gripe, puede contribuir a que la población minimice o banalice las medidas preventivas".