La petición del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, –el mismo juez que ha puesto en aprietos al PP con el ‘caso Kitchen’–, solicitando que el Tribunal Supremo investigue a Pablo Iglesias por delitos de falsedad en la denuncia, delitos de daños informáticos y revelación de secretos en el ‘caso Dina’ ha sacudido directamente a los cimientos del partido así como ha llevado también la inquietud al Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, quien no obstante ha respaldado a su vicepresidente. "Respetamos a la Justicia y Pablo Iglesias sabe que tiene todo nuestro apoyo”, ha dicho en nombre del Ejecutivo la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El ‘caso Dina’ investiga el supuesto robo del teléfono de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham. La tarjeta del móvil es la clave del caso. El líder de Podemos la recibió, la guardó y no se la entregó a su dueña hasta 6 meses después. Según él mismo ha manifestado, no quería poner a Dina en tensión, asegurando que además de imágenes había “información muy desagradable”.

Cuando la recibió, Bousselham no pudo acceder a su contenido. Según el juez, fue Pablo Iglesias quien destruyó la tarjeta y, de ese modo, utilizó después esta causa de manera fraudulenta para conseguir una ventaja electoral cuando implicó a Villarejo y a las cloacas del Estado en la filtración de su contenido. Con “conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”, escribe y concreta el juez Manuel García Castellón, que cree que hay indicios suficientes para investigarle.

No obstante, ahora será el Supremo quien decida si le imputa o no.

Entre tanto, la tormenta de críticas y voces que piden la dimisión del vicepresidente ya se ha desatado con fuerza desde el frente formado por la oposición. Hoy, a gritos, los senadores del PP pedían el cese de Iglesias, mientras a través de Twitter, el líder de los populares reforzaba un mensaje secundado unánimemente entre sus filas: “Sánchez debe cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias. La Audiencia Nacional acaba de pedir al Supremo investigarle por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura”, ha escrito, haciéndose eco del suceso.

“Tic, tac… señor Iglesias”, le advertía la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra. El PP pide la dimisión en tromba, e insta a Podemos a “aplicar el código ético” de su formación.

Sin embargo, lo cierto es que la normativa del partido morado para un caso como este no obliga en este caso a Pablo Iglesias a dimitir, dado que un cambio efectuado hace ya dos años eliminó la palabra “imputado” para hablar de “procesado”, dado que siempre se reserva la presunción de inocencia.

Así, a lo que concretamente se refiere su código ético en el punto XI es al: “Compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías”.